12 de noviembre de 2024 (EIRNS) — El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, el supuesto "gobierno" establecido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, en mayo de este año, se sumió en el caos el pasado fin de semana, después de que siete de sus nueve miembros votaran a favor de la destitución del Primer ministro interino, Gary Conille. Blinken había creado esta estructura insostenible, utilizando a la Comunidad del Caribe como su grupo negro de fachada, alegando que prepararía a Haití para unas "elecciones libres y justas" a finales del próximo año. Pero desde el principio, el CPT ha estado enredado en constantes peleas internas y escándalos de corrupción.  Conille, ex director regional de UNICEF, lleva 6 meses en el cargo y alega que su despido es ilegal e inconstitucional. Sólo el parlamento tiene autoridad para despedir a un Primer ministro, pero Haití no tiene ni parlamento, y ni un solo líder elegido democráticamente en todo el país.

El telón de fondo de este desastre político, impuesto a Haití por la "comunidad internacional", es la escalada de la ofensiva terrorista de la coalición de pandillas armadas que pretende hacerse con el control del 15% al 20% de la capital del país, Puerto Príncipe, que aún no controla. La crisis humanitaria es catastrófica: hay 750.000 desplazados internos que se refugian en míseros "refugios" en edificios gubernamentales vacíos, escuelas, iglesias, etc. Entre enero y septiembre, 4.900 personas han muerto a causa del conflicto entre las pandillas. La mitad de los 11 millones de habitantes sufre inseguridad alimentaria aguda.

La tan cacareada misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MAS) dirigida por Kenia, que Blinken promovió agresivamente para el gobierno de Biden, tenía la misión de trabajar con la policía haitiana para frenar la violencia de las pandillas. Pero ha sido un fracaso estrepitoso, privado de financiamiento, equipo y personal. Se desconoce qué enfoque adoptaría un gobierno de Trump respecto a Haití, pero muchos congresistas republicanos se negaron a aprobar el financiamiento de la misión, exigiendo primero más información sobre su alcance y propósito. El Departamento de Estado y el Pentágono se apresuraron a buscar otras fuentes. El dinero de otras naciones no se materializó.