30 de noviembre de 2024 (EIRNS) — ¿Alguien recuerda al desventurado venezolano Juan Guaidó, la nulidad a la que el entonces secretario de Estado Mike Pompeo y el primer gobierno de Donald Trump reconocieron en enero del 2021 como "presidente interino" de Venezuela en un intento de derrocar al Presidente Nicolás Maduro? Un año y medio después había desaparecido de la escena, al ser destituido por la propia Asamblea Nacional de Venezuela, deshonrado y rechazado como instrumento inútil de la anglosfera. Sin embargo, parece que el gobierno de Biden, a menos de dos meses de la toma de posesión de Donald Trump, está intentando hacer de nuevo el experimento 'Guaidó', como informa el portal de noticias internacional People's Dispatch del 23 de noviembre.

El 19 de noviembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, publicó en su cuenta de X que Edmundo González, el candidato opositor que perdió en las elecciones presidenciales del 28 de julio, es el Presidente electo “legítimo”. Según Blinken, "el pueblo venezolano habló de manera contundente el 28 de julio y eligió como Presidente a Edmundo González. La democracia exige que se respete la voluntad de los votantes". Por años, Venezuela viene sufriendo los efectos de las sanciones draconianas impuestas con la intención de desestabilizar al gobierno del Presidente Nicolás Maduro; con la esperanza de que éstas provocaran a lo interno del país una sublevación en su contra. El reconocimiento de González, que promete viajar a Venezuela en enero para ser investido 'presidente', es otro paso en esa dirección, acompañado de más sanciones que prepara el Congreso de Estados Unidos en contra del país caribeño.

La representante demócrata de Florida Debbie Wasserman-Schultz encabeza la ofensiva para exigir que los venezolanos sufran. Wasserman-Schultz introdujo la mentada “BOLIVAR Act” (siglas en inglés de la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela) con el evidente juego de palabras tan pedestre que pretende destacar el odio de la casta política dominante contra la Revolución Bolivariana de Venezuela.

La ley fue aprobada en la Cámara de Representantes el 18 de noviembre. De ser aprobada en el Senado, y promulgada por el Presidente; profundizará las sanciones contra el gobierno de Maduro al "prohibir al gobierno de Estados Unidos contratar con cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, así como con cualquier gobierno sucesor de Venezuela no reconocido como legítimo por Estados Unidos". Wasserman-Schultz se jacta de que la “Ley BOLIVAR” "cortará la red de apoyo a Maduro y transmitirá el claro mensaje de que los estadounidenses no tolerarán la represión antidemocrática-y ciertamente no la vamos a subsidiar".