18 de marzo de 2025 (EIRNS) — La pregunta se plantea ahora en Alemania: ¿Está en marcha un golpe de Estado? Esto surge de la multitud de maniobras políticas en marcha con relación a la economía, al ejército y la práctica constitucional y parlamentaria fundamental. El catedrático de Derecho del Estado Dietrich Murswiek, de la Universidad de Tubinga, formula la pregunta esta semana. Está el plan de cambiar el freno constitucional de la deuda contra los empréstitos extrapresupuestarios del Estado; la exigencia de financiar la militarización con cientos de miles de millones de euros, que ya es una atrocidad de burbuja especulativa; el plan de los democristianos, socialdemócratas y verdes de realizar otro cambio constitucional para afirmar la “neutralidad climática” como nueva norma básica.

El profesor Murswiek fue entrevistado en la revista conservadora Tichy's Insight. El efecto neto de este cambio constitucional sería que cualquiera que se muestre escéptico sobre el objetivo de la neutralidad climática (por ejemplo, alegando que perjudicaría a la economía) se convertiría potencialmente en un enemigo de la Constitución, un enemigo del Estado.

Los partidos y políticos que hagan campaña en contra de la política climática rojiverde podrían y serían declarados enemigos de la Constitución y del Estado, convirtiéndose en objetivos de la Oficina para la Protección de la Constitución (BfV). Las personas perseguidas pueden perder su empleo, sobre todo si trabajan en el sector público, por ejemplo, como profesores.

Murswiek señala el ejemplo de Rumanía, donde el Tribunal Constitucional prohibió por primera vez hablar a la dirigente política Diana Sosoaca (líder del partido SOS), lo que se hizo en referencia a unos artículos que había publicado. El decreto de prohibición se dictó sin que ella hubiera sido condenada ni siquiera juzgada previamente, sin que se le diera la oportunidad de defenderse. El Tribunal Constitucional adoptó su decisión sin ningún tipo de garantías procesales. El candidato de derecha Calin Georgescu también fue excluido completamente de las elecciones, también en referencia a varias acusaciones escasamente demostrables. Y la primera vuelta de las elecciones, en la que Georgescu resultó vencedor, fue anulada.

Se sospecha que meter el requisito de “neutralidad climática” en la Constitución podría acabar concretándose con fines partidistas: Cualquiera que argumente en contra de las políticas verdes se convierte en enemigo de la Constitución, y debe esperar problemas. Esto podría ser muy útil en las próximas elecciones si, como se espera, los viejos partidos reciben aún menos apoyo que este año. El poder judicial podría entonces tender una mano salvadora para deshacerse de todos aquellos partidos y políticos que se opongan a la narrativa oficial, advierte Murswiek.