2 de abril de 2025 (EIRNS) — El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció provocativamente el 31 de marzo que sanciona a seis autoridades de Pekín y Hong Kong por “abusos en Hong Kong y Estados Unidos”. La declaración acusa a cinco de los seis de ser dirigentes o funcionarios del gobierno de Hong Kong cuyas acciones o políticas “han degradado la autonomía de Hong Kong”, por haber participado en “represión transnacional”. Esto se refiere específicamente a la respuesta de Pekín y Hong Kong a las protestas terroristas que se suscitaron en 2019 y 2020, promovidas por violentos alborotadores dizque “pro democracia” en Hong Kong, detrás de los cuales estaban la mano británica y los defensores de la “revolución de color” de la National Endowment for Democracy (NED, o Fundación Nacional para la Democracia), cuyo objetivo era la desestabilización de la propia China.

Véase el artículo de Mike Billington “Hong Kong: Color Revolution Targeting All of China” (Hong Kong: la revolución de color apunta a toda China) en la edición de EIR del 13 de septiembre de 2019. La promulgación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong en 2023 se produjo en respuesta a estas protestas para proteger y mantener la estabilidad de Hong Kong, pero Washington la atacó tildándola como una violación a los derechos humanos y la libertad de los manifestantes violentos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China no se anduvo con rodeos a la hora de responder a la provocación del Departamento de Estado (véase la nota siguiente).

Las seis personas sancionadas ayer, entre las que se encuentran actuales funcionarios de la policía y del gobierno de Hong Kong, están acusadas de utilizar la ley de seguridad nacional de Hong Kong para “intimidar, silenciar y acosar extraterritorialmente a 19 activistas prodemocráticos que se vieron obligados a huir al extranjero”. La Oficina de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico del Departamento de Estado alega que las sanciones demuestran “el compromiso del gobierno de Trump de hacer rendir cuentas a los responsables de privar a la población de Hong Kong de los derechos y libertades protegidos o que cometan actos de represión transnacional en suelo estadounidense o contra personas estadounidenses”.

El mismo día, el Departamento de Estado presentó al Congreso su informe anual “Hong Kong Policy Act Report” (Informe de Ley de Política sobre Hong Kong) en el que se alega que, “el Departamento de Estado evalúa que [en 2024], durante el período cubierto, Pekín tomó nuevas medidas que amenazan directamente los intereses de Estados Unidos y son incompatibles con la Ley Básica y con la obligación de China, en virtud de la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984, de permitir que Hong Kong disfrute de un alto grado de autonomía. Pekín permite que Hong Kong mantenga algunas diferencias con la China continental, incluida la política comercial y mercantil, pero sólo en la medida en que estas políticas ofrezcan contribuciones únicas a los intereses de Pekín”. Alega que “China y las autoridades de Hong Kong siguieron utilizando la ‘seguridad nacional’ como excusa amplia y vaga para socavar el Estado de Derecho y los derechos y libertades protegidos”.