Este artículo se publicó en la edición del 14 de enero de 2022 de Executive Intelligence Review. 

Por Paul Gallagher 

7 de enero de 2022 — La falta de preparación de todos los países del mundo para la próxima pandemia mundial ya ha sido confirmada por el estudio anual de 2021 del Grupo de Trabajo OMS-Johns Hopkins sobre la Preparación Mundial para las Pandemias. 

Ahora mismo, los países que en una ocasión fueron calificados como las naciones “mejor preparadas” para esta pandemia de COVID-19 están viendo cómo sus sistemas hospitalarios se ven desbordados por ella, por segunda vez en 12 meses. Países como Estados Unidos y Alemania no sólo no han movilizado la capacidad hospitalaria para combatir la COVID; increíblemente, a principios del 2022 tienen muchas menos camas de hospital con personal que a principios del 2020, cuando se empezó a propagar esta pandemia. Hoy Estados Unidos tiene 15.000 camas de hospital menos que en el 2017 (mientras que China tiene 500.000 más). 

Los países subdesarrollados, con infraestructura sanitaria y de salud pública completamente inadecuadas, no han recibido ninguna ayuda de las naciones económicamente más grandes desde enero del 2020 para construir los nuevos hospitales, clínicas, laboratorios y centros de vacunación que necesitan urgentemente. La única excepción han sido los esfuerzos de China para transferir su capacidad de construcción rápida de hospitales a varios países en desarrollo. 

La negligencia incluso en la colaboración para la vacunación en el mundo, que la OMS califica como "apartheid de las vacunas", ya ha generado más y más variantes infecciosas del COVID-19 que surgen en regiones con escasa o nula vacunación, volviendo a aplastar los sistemas hospitalarios y a agotar al personal médico en los países con mayor vacunación. 

Mientras tanto, las poblaciones no médicas de muchos países están en las calles y en los tribunales peleando entre sí por ponerse o no las vacunas, e incluso hacerse o no las pruebas del COVID-19. 

Si esta negligencia e indiferencia criminal continúa, nuestra especie humana, para regocijo de las filas cada vez más numerosas de los maltusianos, podría reducirse drásticamente sobre la faz de la Tierra, con el paso del tiempo, a causa de una serie de pandemias zoonóticas en ascenso que ya están en marcha desde hace cuatro décadas. 

Nuestros gobiernos, creyendo durante 50 años en la brujería de la “reforma financiera y la racionalización de la atención médica”, se niegan a preparar las defensas de la salud pública contra estas pandemias, o a reaccionar seriamente incluso cuando mueren tantos, que la esperanza de vida disminuye y se reduce la población. Nosotros, la raza humana sonámbula, nos negamos a admitir que estas pandemias son reales y seguirán llegando. 

Lo que sólo pueden hacer los gobiernos nacionales 

El 4 de enero, el gobierno del estado de Maryland dio un paso pequeño pero significativo. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, declaró una emergencia de salud pública de 30 días. La declaración movilizó a 1.000 elementos de la Guardia Nacional de Maryland para ayudar a poner en marcha y dirigir decenas de centros de pruebas para COVID-19, con el fin de aumentar las pruebas y mantener a los residentes que buscan pruebas lejos de las saturadas salas de urgencias de los hospitales. Quizás el propósito más importante de la emergencia es el de aumentar la plantilla de profesionales médicos y paramédicos: reincorporar al servicio a los profesionales médicos jubilados o reubicados mediante la exención de los requisitos de renovar su licencia y la oferta de otros incentivos; permitir a los graduados de las escuelas de enfermería prestar servicios completos de enfermería en cualquier centro de salubridad; y permitir a los profesionales médicos trabajar fuera de sus especialidades. Por último, la declaración autoriza al gobierno estatal a “establecer lugares de atención alternativa”, aunque el Estado no ha indicado la cantidad de fondos que se destinarán a ello ni la naturaleza de los nuevos lugares de atención sanitaria. 

La declaración pide al gobierno de Biden que aumente la distribución de los tratamientos con anticuerpos monoclonales, las nuevas píldoras antivirales COVID-19 y las pruebas rápidas de uso público. Esto apunta a lo obvio: no es posible que un solo estado, y de hecho ningún gobierno nacional por sí solo, combata eficazmente las pandemias mundiales. 

El gobierno federal debe declarar de inmediato una emergencia de salud pública nacional, y tanto movilizar los fondos ya autorizados, como pedir al Congreso que vuelva a autorizar el refuerzo de las capacidades de salubridad y de salud pública del país. <fn_1> 

Se desconoce si dicha acción, a estas alturas, puede controlar y poner fin de forma efectiva a esta pandemia de COVID-19, ya que el curso futuro de esta pandemia está globalmente fuera de control debido a nuestra grave negligencia. Más bien hay que hacerlo para adquirir lo más rápidamente posible la capacidad general de controlar las pandemias y tratar a sus víctimas con eficacia, cosa que se ha perdido debido a 50 años de abandono de las instalaciones y el personal de la salubridad pública y de la atención médica, y a la falta de desarrollo económico. 

Ello requerirá también la cooperación con otras economías tecnológicamente avanzadas, de las otras grandes potencias, para proporcionar el crédito y otros insumos que permitan construir sistemas modernos de salubridad en los países en desarrollo que no los tienen. 

Esa declaración nacional de emergencia de salud pública tiene que contemplar: 

1. El financiamiento y la regulación inmediatas para que las escuelas de enfermería y las facultades de medicina puedan ampliar sus admisiones y clases; 

2. Incentivos para la reincorporación al servicio de los profesionales médicos jubilados, y para la retención de los que están en activo; 

3. Movilización de elementos de la Guardia Nacional como en la declaración de Maryland; 

4. Creación de un cuerpo juvenil nacional de salud pública, como se ha iniciado en algunas ciudades, que promueve el Comité por la Coincidencia de los Opuestos de Helga Zepp-LaRouche y la ex Cirujana General, Dra. Joycelyn Elders. La misión de este cuerpo juvenil de salud pública es llevar una supervisión de las enfermedades; la realización de pruebas y su notificación; informar de las condiciones que favorecen la propagación de las epidemias; vacunación; y el entrenamiento para las carreras de profesionales médicos y de paramédicos; 

5. Rehabilitación y reapertura de los hospitales y clínicas cerradas siempre que sea posible y se pueda disponer de personal; y la prohibición por parte de la normativa federal de cualquier otro cierre de hospitales mientras dure la emergencia, incluidos aquellos que las cadenas hospitalarias hayan decidido que “no son económicos”; 

6. La movilización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para levantar nuevas instalaciones hospitalarias temporales o permanentes en zonas desatendidas para la atención sanitaria, como se hizo brevemente en el 2020, pero que luego fue revocada por funcionarios que querían volver a “lo de siempre” y celebrar grandes eventos públicos en los que habría gran cantidad de propagación en los centros de convenciones en lugar de tratar a los pacientes. Las directrices universales vienen dadas por la ley “Hill-Burton” de 1946, cuyo principio era que las instalaciones y el personal debían construirse y organizarse “con el fin de que la atención médica científica esté fácilmente disponible para todo nuestro pueblo”, como lo declaró el senador Lister Hill. Esta “Ley de Estudio y Construcción de Hospitales” preveía camas hospitalarias “autorizadas” (según los estándares modernos) en los 3.089 condados, en una proporción de 4,5 camas por cada 1.000 personas en las concentraciones urbanas y 5,5 camas por cada 1.000 en las zonas rurales, donde era necesaria la redundancia. Se suponía que estas proporciones cambiarían a lo largo de las décadas, a medida que la medicina avanzara y se mejorara la infraestructura. Hoy se necesitan los centros especializados para la cuarentena y el tratamiento de enfermedades infecciosas; 

7. Movilización de personal médico militar para ayudar a la salubridad civil; 

8. Utilizar la Ley de Producción de Defensa en gran medida para acelerar la producción de tratamientos de anticuerpos monoclonales, nuevos medicamentos antivirales y pruebas rápidas de COVID-19. 

Sistema de Salubridad moderno en todos los países 

Las “zonas insuficientemente atendidas en materia de atención médica”, como se indica en la disposición número seis, para indicar dónde son necesarias nuevas instalaciones de salubridad, incluyen la gran mayoría de las regiones y países del mundo. 

Esa es la misión en la que pueden y deben colaborar Estados Unidos, China, Rusia e India, para distraerlos de la lucha por una tercera y última guerra mundial: Proporcionar créditos y asistencia de ingeniería para las nuevas instalaciones de hospitales, clínicas y laboratorios, junto con la energía eléctrica y el agua potable que requieren, en cada nación en desarrollo. 

Afganistán no está simplemente “desatendida”; tras dos décadas de invasión, guerra y ocupación por parte de Estados Unidos y la OTAN, seguidas de un corte de toda la ayuda e incluso de la congelación de las propias reservas de Afganistán por parte del Tesoro estadounidense, ¡un par de docenas de hospitales luchan por permanecer abiertos para 35 millones de personas! Está claro que Estados Unidos tiene una responsabilidad especial en la moderna asistencia sanitaria que se necesita allí. Sus misiones federales de emergencia deben incluir la asistencia sanitaria moderna en Afganistán propuesta en la Operación Avicena de Helga Zepp-LaRouche. 

La humanidad no vive sólo de las vacunas. No obstante, las vacunas son necesarias, y la vacunación a nivel mundial a principios de 2022 debe formar parte de la intención de esta declaración.  

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<fn_1> La ley existente: la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos puede declarar una emergencia de salubridad pública según la sección 319 de la Ley del Servicio de Salud Pública (PHSA, por sus siglas en inglés; P.L. 115-96, según enmiendas), o el Presidente puede declarar un desastre o emergencia según la Ley Robert T. Stafford de Asistencia de Emergencia y Alivio de Desastres (P.L. 93-288, según enmiendas) o la Ley de Emergencias Nacionales (P.L. 94-412).