Una eventualmente fracasada política de seguridad de Uribe, sería una "justificación adecuada" para una intervención militar estadounidense en la región
El FMI busca secuestrar al Presidente de Colombia
por Maximiliano Londoño Penilla
El pasado 7 de agosto, mientras tomaba posesión Álvaro Uribe Vélez como Presidente de Colombia, las FARC, el principal grupo narcoterrorista que opera en el país, atacó el Palacio presidencial, dejando un saldo de 20 muertos y más de 70 heridos entre las personas humildes que habitan las zonas adyacentes. Por fallas técnicas de los cohetes criollos fabricados por los narcoterroristas, sólo alcanzaron a disparar poco más de una docena y más de 100 no se activaron, lo que redujo la magnitud de la tragedia. Pero dejó en claro cuál es la disposición de los narcoterroristas, que dicen dizque estar listos para iniciar un "proceso de negociación con el gobierno", si éste ordena el despeje militar de dos departamentos del país, en un área mayor que la que el presidente Andrés Pastrana les confirió durante casi tres años, también so pretexto de llevar a cabo un "proceso de paz".
Las concesiones políticas y territoriales ofrecidas a las FARC provocaron la fragmentación o balcanización, de facto, de Colombia. Esta fue la "política de negociación" que impulsó el Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la dirección de Madeleine Albright, y que Wall Street, a través de Richard Grasso, presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, diseñó y promovió, alcanzándose un hito, cuando en junio de 1999, Grasso y Raúl Reyes de las FARC, se estrecharon en un emocionado abrazo, en las selvas del Caguán; por entonces territorio despejado de la presencia de las Fuerzas Militares y de la policía de Colombia. Los 35.000 asesinatos y más de 3.500 secuestros anuales, colocan a Colombia en el ojo del huracán.
Elegido con casi 6 millones de votos, Uribe, disidente del Partido liberal, durante su campaña prometió "mano dura" contra los narcoterroristas. Uribe también se comprometió a iniciar el proceso de reconstrucción económica, en un país donde hay más de 3 millones de desempleados y más de 7 millones de subempleados; es decir, donde más de la mitad de la fuerza de trabajo no tiene ocupación. Incluso, el día en que se conoció su triunfo electoral, Uribe señaló que los organismos financieros internacionales —en alusión directa al Fondo Monetario Internacional (FMI)— y el propio Banco de la República (el banco central de Colombia), tendrían que "revisar la cartilla", expresando claramente su rechazo a las recetas de austeridad impulsadas por el FMI.
Por ello, la toma de posesión de Uribe despertó un sentido de optimismo dentro de la golpeada población colombiana. Después de largos años de desastre pastranista, empieza a sentirse una saludable actitud de "sí se puede" en la población.
Sin embargo, y cuando apenas lleva un mes de gobierno, los terribles anuncios que ha hecho su equipo económico, encabezado por Roberto Junguito, ministro de Hacienda, y por Rudolf Hommes, ex ministro de Hacienda, y quien se desempeña como el "Rasputín" de Uribe, a pesar de no tener ningún cargo oficial, auguran un mayor hundimiento de Colombia en la depresión económica. Para desconcierto de quienes lo respaldaron en las elecciones, en su discurso de protesta, Uribe pidió "los buenos oficios de la ONU", dizque para buscar llevar a cabo ¡un proceso de negociación con las FARC!
Un presidente secuestrado por el FMI
El ministro de Hacienda, Roberto Junguito Bonnet, de ingrata memoria, quien hace casi 20 años ocupó ese mismo cargo durante el gobierno de Belisario Betancur, y que durante el saliente gobierno de Andrés Pastrana representó a Colombia ante el FMI, ha dejado muy claro que su prioridad es simplemente garantizar la "sostenibilidad de la deuda"; o sea, pagarles cumplidamente a los acreedores de Colombia. La idea de la reconstrucción económica basada en la generación de empleos productivos, estables y bien remunerados, queda relegada a un futuro incierto, dizque para cuando se hayan sentado las bases del crecimiento, después de un salvaje programa de austeridad de "sangre, sudor y lágrimas". Es el mismo cuento de todos los ministros de Hacienda: "las reformas macroeconómicas diseñadas por los expertos del FMI son indispensables para sentar las bases del crecimiento sostenido a largo plazo", etc. etc. Aplicando estas recetas ortodoxas del FMI, Argentina llegó a la insolvencia; y en esa misma dirección avanzan Brazil, México, Rusia —otra vez—, Turquía y el resto de las naciones del planeta. Más o menos el 50% del actual presupuesto nacional se destina al servicio de la deuda, y esta proporción va en aumento. En los próximos tres años, en particular, hay vencimientos de deudas que exigirán una amortización para la cual no hay ingresos disponibles. Por ejemplo, para el 2003 Colombia busca con afán más de 4.000 millones de dólares para cumplir con los acreedores externos. La solución de Junguito y Hommes es recortar aún más los precarios niveles de vida del pueblo colombiano, en lugar de reactivar el aparato productivo.
Apelando al "estado de conmoción interna", recurso limitado que la Constitución de 1991 dejó al Ejecutivo para bregar con situaciones de emergencia, el presidente Uribe decretó un impuesto adicional, se supone que por una sola vez, del 1,2% del capital líquido de todas las personas naturales y jurídicas, como aporte para lo que el gobierno denomina "seguridad democrática". Se espera recoger más de dos billones de pesos para financiar a las Fuerzas Militares y a la Policía, para que de alguna manera respondan a la sangrienta ofensiva de los grupos narcoterroristas de todos los pelambres (FARC, ELN y AUC). El Presidente ha dicho que, entre otras actividades, financiará una red de informantes para que colaboren con la fuerza pública; sin embargo, sería preferible convocar a todo el pueblo colombiano a que colabore con la autoridades, sin tener que hacer desembolsos por "informaciones", en un país en donde, como ya se dijo, más de la mitad de la población no tiene ocupación. Efectivamente, debe reforzarse la actividad de inteligencia, pero este es un proceso que requiere calificación técnica y adquisición de equipos modernos. Habría que empezar por restablecer la inteligencia militar, que se desmanteló hace 4 años, cuando, por falsas imputaciones de las ONGs, se disolvió a la Brigada de Inteligencia, encarcelando desde entonces a su comandante. Después de este síndrome, ¿cree Uribe que algún militar quiere ser parte de la rama de inteligencia? Primero habría que establecer un nuevo marco legal que les de garantías a las Fuerzas Militares y a la Policía para cumplir con sus funciones constitucionales. Se requiere legislación para ganar la guerra, y un estatuto antiterrorista. ¿Y qué pasará cuando los fondos que se recojan con el impuesto de guerra se terminen, de aquí a 6 meses o 1 año? ¿Acaso la quebrada economía colombiana está en condiciones de soportar cada año otro impuesto de guerra? En las actuales condiciones, es una ilusión fatal concebir que con una movilización militar de 6 meses a 1 año se "obligará a las FARC a sentarse a negociar en serio". Más bien, de no abandonarse de inmediato los programas de austeridad del FMI, los narcoterroristas de las FARC, y sus aliados y patrocinadores de Wall Street y la City de Londres, obligarán al Presidente a someterse a la "negociación" que impongan las FARC.
O tal vez, dado que un grupo de halcones "utopistas" de Washington busca con afán la forma de meter al mundo en una nueva guerra mundial, en un intento por desviar la discusión de la urgencia de establecer un nuevo sistema monetario y financiero que reemplace al caduco FMI, Colombia pueda servir de pretexto para una intervención militar de EU en Sudamérica. Por ejemplo, el Washington Times publicó el 7 de agosto un artículo de Constantine Menges, un lunático del Instituto Hudson muy vinculado a la faccion "utopista" dentro del gobierno de Bush, donde éste exige que Bush tome acciones drásticas para conjurar lo que él denomina "el nuevo eje de la maldad", en referencia a la Cuba de Castro, la Venezuela de Chávez y el posible Brasil de Lula. La amenaza de Menges va dirigida, no tanto a un eventual gobierno de Luiz Ignacio (Lula) da Silva, sino al propio Brasil, pues a pesar de que suspendió su exitoso programa nuclear por presiones de Washington, ha continuado con su programa aeroespacial. A Menges le preocupa, entre otras cosas, la cooperación de Brasil y China en la industria aeroespacial. A menos que se elimine la política económica del FMI y se inicie un programa de recuperación económica, acompañado de una movilización militar cuya meta sea vencer al narcoterrorismo —y no hostigarlo para negociar un cogobierno con él, como ha sido la política de Washington hasta el momento—, entonces una eventualmente fracasada política de seguridad de Uribe, en un lapso de seis meses a un año, sería una "justificación adecuada" para una intervención militar estadounidense en la región. Para ciertos círculos bien informados de Brasil, la presencia de tropas estadounidenses en Sudamérica representa la principal amenaza estratégica, equivalente a lo que ya ha ocurrido en Asia Central, donde, so pretexto de la lucha contra Osama Bin Laden, se han establecido bases militares estadounidenses para preparar acciones contra lo que Bush a denominado el "eje del mal"; o sea, naciones como China, Corea del Norte, Rusia, etc.
Algunas de las medidas draconianas anunciadas por el equipo económico del gobierno, que pondrán a la población contra el presidente Uribe, son las siguientes: 1) reforma al sistema de pensiones, presentada por el ministro de Trabajo, Juan Luis Londoño, con la que aumenta la edad para la jubilación y el número de semanas que deben cotizarse, y se eliminan los regímenes especiales de jubilación; 2) reforma laboral, que eliminará el pago de horas extras y de dominicales, y que acabará de "flexibilizar el mercado laboral", o sea, que facilitará las condiciones para despedir trabajadores; 3) nueva reforma tributaria, adicional al impuesto de guerra, con la cual esperan recogerse entre 2 y 3 billones de pesos; 4) facultades especiales para reformar la rama ejecutiva, con las cuales se fusionarán y eliminarán dependencias y se podrá despedir personal; 5) congelación del presupuesto y los gastos, al menos por los dos próximos años; y, 6) recorte adicional a la ya frenada inversión pública.
Es una macabra ironía que, supuestamente para salvar a una economía en la que la planta industrial está paralizada entre un 50 y un 75%, dependiendo del sector, se recurra a más impuestos, reducción de la inversión pública, despido de trabajadores, etc. a sabiendas de que las últimas dos reformas tributarias de Pastrana provocaron una caída de los ingresos fiscales, porque hundieron más al ya quebrado aparato productivo. Si Uribe quiere iniciar el proceso de convertir a Colombia en una gran potencia industrial y agrícola, tendrá que abandonar las fracasadas recetas del FMI e iniciar un programa de reconstrucción económica nacional, semejante al que llevó a cabo el presidente Franklin Delano Roosevelt en los 1930 y 1940, con acento en la inversión en grandes obras de infraestructura y en la incorporación de los más modernos avances de la ciencia y la tecnología a los procesos productivos.