Otros artículos importantes'¿Quién está a cargo allá en Washington?' por David Ramonet y Gretchen Small
Hugo Chávez fue reinstalado en la Presidencia de Venezuela la mañana del 14 de abril, dos días después de haber sido depuesto por un golpe de Estado cívico-militar la madrugada del 12 de abril; 48 horas de sozobra que no alcanzaron a resolver ninguno de los problemas que llevaron al enfrentamiento, sino que destruyeron las pocas posiblidades para restaurar la unidad nacional sin una guerra civil. Las Fuerzas Armadas de Venezuela están profundamente divididas. Las tropas de choque narcoterroristas de Chávez, los "Círculos Bolivarianos" organizados con la ayuda de las FARC, el notorio narcocartel colombiano, están jubilosas por el regreso de su líder al poder, y claman venganza. Hay una fuga de capitales del país, y algunos gobiernos de la región le han advertido a sus ciudadanos que podrían verse precisados a abandonar Venezuela de improviso. Lo peor es que el deslizamiento hacia una guerra civil en Venezuela, coincide con el desmoronamiento de las instituciones a lo largo de Iberoamérica. Con la autodestrucción de los gobiernos por su apego servil a la globalización, la región está dividiéndose rápidamente en dos fuerzas igualmente destructivas: los "izquierdistas" aliados de las FARC, de los que es representativo el propio Chávez, y los "derechistas" que aspiran ser los próximos Augusto Pinochet e imponer por la fuerza el modelo de destrucción del Estado de la Sociedad Mont Pelerin. Los órganos de difusión internacionales y venezolanos han desperdiciado mucho tiempo y espacio analizando "qué pasó realmente". Pese a lo confuso de los sucesos, algo que quedó claro para todo el mundo es que el gobierno de los Estados Unidos es completamente inoperante, un hecho que tiene implicaciones que van más allá de Iberoamérica. Lyndon LaRouche, fundador de EIR, le dijo por vía telefónica a un auditorio mexicano el 16 de abril: "Yo no voy a tomar partido ni de un lado ni del otro en el caso de Venezuela. Pero la manera en que los Estados Unidos manejaron este golpe y el contragolpe, y cualquier político que conoce la situación sabe que es así, se da cuenta de que en Washington, ¡la Presidencia de los Estados Unidos no está conduciendo de manera competente su propia política!" LaRouche abundó: "Alquien hizo un golpe, con la bendición de los Estados Unidos, luego de negociaciones en Florida, como siempre ocurre. Y se organizó un golpe en Venezuela en contra del gobierno de Chávez. Les salió el tiro por la culata. Alguien en Washington se dio cuenta de que no estaba funcionando, ¡así que respaldó y aceptó un contragolpe! ¿Qué clase de gobierno es ése?" LaRouche dijo que la política de los EU respecto a Colombia es igual de caótica, y esto es típico de la confusión que existe en los Estados Unidos, en el Poder Ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos. Añadió que es obvio que el actual gobierno de los EU no es capaz de conducir una política eficaz en muchas áreas medulares. "El sistema monetario y financiero internacional está desplomándose. Las actuales políticas de los EU asegurarán que ese desplome acelere", dijo, "y no hay indicio alguna de una política racional de parte del gobierno estadounidense, de ninguna facción relevante sobre este tema". La evaluación de LaRouche acerca de lo ocurrido en Venezuela, la comparten otros a nivel internacional. Una fuente bien relacionada de Europa le comentó a EIR que lo acontecido en Venezuela fue "un fiasco absoluto para los Estados Unidos". Dijo que "puso de manifiesto, no sólo para América Latina, sino para todo el mundo, cuán inepto, incapaz y desorientado es este gobierno. Lo que puedo decirles, es que personas de todas partes del mundo me están preguntando: '¿quién está a cargo allá en Washington?' Hay tantos centros de poder". La fuente se preguntó ¿cuáles serán las implicaciones de esto para una futura operación militar en contra de Iraq?
El golpe fallido El ascenso de Chávez al poder en Venezuela en 1999, tal y como lo ha documentado EIR de manera singular desde el principio, fue auspiciado por Londres y Wall Street como una pieza clave de su proyecto para desatar el narcoterrorismo jacobino como ariete en contra de las instituciones que sostienen los Estados nacionales de América. Por aquel entonces, 1999, Chávez gozaba de una popularidad enorme, pero conforme arrasaba con una institución tras otra a nombre de la "Revolución Bolivariana", la que, retórica aparte, se adeherió a los programas de austeridad del Fondo Monetario Internacional tan celosamente como cualquier gobierno "neoliberal", la oposición a éste empezó a crecer. Una Asamblea Constituyente parcializada rescribió la Constitución y remplazó al Congreso con una Asamblea Nacional igualmente parcializada, en la que no se permitía ningún debate real. Los peritos "legales" de Chávez citaban explícitamente las teorías del "jurista supremo" de la Alemania nazi, Carl Schmidt, como fundamento jurídico de las maniobras de Chávez en contra de toda oposición. Al mismo tiempo, el país se convirtió en un refugio de narcoterroristas colombianos. Los "Círculos Bolivarianos", la tropas de choque del régimen, estaban mejor financiados que los efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales. El común de los venezolanos se asustó. El pasado 11 de abril, más de medio millón de ciudadanos venezolanos de todos los estratos sociales, y de todas las edades, marchó por las calles de Caracas hasta llegar al palacio presidencial de Miraflores, donde pidió la renuncia de Chávez. Era el tercer día de lo que empezó como un paro de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), principal central obrera del país, y por el gremio empresarial, Fedecámaras, con el respaldo de más de 40 organizaciones cívicas y partidos de oposición. Aparte de respaldar un paro decretado por los trabajadores y gerentes de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), la huelga general también se convocó para reclamar derechos tan elementales como la democracia, la tolerancia política y la libertad de expresión, todos destruidos por el populismo fascista de Chávez. Cuando los manifestantes llegaron a la inmediaciones de Miraflores, donde ya se habían congregado decenas de miles de partidarios de Chávez, fueron recibidos a balazos por francotiradores apostados en los edificios aledaños, quienes mataron a más de una docena de manifestantes e hirieron a cientos. Tras conocerse estos hechos, una representacion de militares antichavistas, encabezada por el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, jefe del Estado Mayor de la Armada, junto con otros altos oficiales dirigió un mensaje a la nación pidiendo la renuncia de Chávez. Poco después, el comandante general del Ejército, el general de división Efraín Vásquez Velasco, junto con otros miembros del alto mando, responsabilizó a Chávez por las muertes y exigió su renuncia, invocando los artículos 328 y 350 de la Constitución de 1999, que obligan a las Fuerzas Armadas a garantizar el orden constitucional, y proclaman el derecho a la rebelión contra el gobierno constituido cuando éste haya violentado el orden constitucional. Los militares en todo momento insistieron que no se trataba de un golpe de Estado, sino que actuaban en defensa del orden constitucional. Horas más tarde, se anunció la renuncia de Chávez, y que el presidente provisional sería Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras. En cuestión de horas, el gobierno estadounidense de George Bush declaró su respaldo al nuevo gobierno venezolano.
El contragolpe En ese momento empezaron dos procesos separados que habrían de inclinar la balanza a favor de Chávez. La maquinaria del Proyecto Democracia, que ha insistido por dos décadas que el narcoterrorismo debe recibir derechos "democráticos", empezó a movilizar sus fuerzas. El Washington Post de Lazard Frères insistió en su editorial del 13 de abril que el gobierno de los EU y la Organización de Estados Americanos (OEA) tenían que "presionar fuertemente para reimponer el gobierno democrático lo más pronto posible". Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, la poderosa organización de cabildeo que promueve la narcolegalización y el desmantelamiento de las fuerzas armadas iberoamericanas, dijo que si no se daba marcha atrás al golpe venezolano, habría "contagio político" en el continente, y los demás países de la región tornaríanse ingobernables. Londres también protestó, por boca de Denis MacShane, jefe de la sección latinoamericana de la cancillería británica. "Gran Bretaña quiere ver el regreso rápido a un gobierno democrático y legítimo en Venezuela", dijo MacShane. "Cualquier demora en este proceso —dijo—, es inaceptable para la comunidad internacional". La mayoría de los gobierno de la región se sumaron estupidamente a la campaña del Proyecto Democracia para restaurar a Chávez, motivados no por simpatía hacia Chávez, sino más bien por el terror de que ellos podrían corer la misma suerte. De inmediato, los jefes de Estado iberoamericanos, o sus representantes, quienes participanban en una reunión del Grupo de los 19 en Costa Rica, condenaron "la interrupción del orden constitucional en Venezuela", y convocaron una reunión urgente de la OEA para invocar la carta interamericana de la democracia, misma que establece sanciones contra los países "antidemocráticos" del hemisferio. Mientras tanto, al interior del país, una cábala de radicales compuesta por miembros del Opus Dei, sus aliados de la satánica Sociedad Mon Pelerin, y los sicarios del multimillonario venezolano Gustavo Cisneros (representante de los intereses Rockefeller en Venezuela), se movilizaron para tomar control del gobierno de Carmona, aún antes de que tomara posesión. El objetivo de este grupo, con evidente apoyo internacional, especialmente de Washington, era secuestrar el golpe antichavista y eliminar a todas aquellas fuerzas que pudieran luchar por una política nacionalista venezolana. Por ejemplo, cuando se emitió el decreto estableciendo el gobierno de Carmona el 12 de abril, apareció firmado por 10 personas además de Carmona, como representantes de la sociedad civil. Entre los primeros estaba Luis Enrique Ball Zuloaga, un prominente activista de las redes de la Mont Pelerin. Ball Zuloaga había irritado a muchos en la oposición al publicar un artículo en El Universal del 23 de noviembre de 2001, argumentando que lo que Venezuela necesitaba era un Augusto Pinochet para imponer un programa económico a la Pinochet. Otros tres representantes de los empresarios y los bancos firmaron el decreto, pero el dirigente sindical Alfredo Ramos, quien fue invitado a firmar en representación de la CTV, no se presentó. El nuevo gabinete de transición anunciado inmediatamente después no contaba, de manera notable, con ninguna representación de la CTV. El ministro de Relaciones Exteriores nombrado por Carmona era José Rodríguez Iturbe, otro personaje de relieve del Opus Dei en Venezuela, bien conocido por su "derechismo ultramontano". Lo que había surgido como un golpe dentro del golpe, devino rapidamente en un autogolpe. Las medidas adoptadas por Carmona dividieron a las fuerzas de oposición y a los militares que lo habían llevado al poder. Esta división dio pie para que actuaran las fuerzas chavistas. Envalentonadas por el apoyo del Proyecto Democracia y Wall Street, desplegaron sus hordas "bolivarianas" de forma cuasimilitar por diversos puntos de Caracas, saqueando todo a su paso, rodearon las estaciónes de televisión, los periódicos y el mismo Miraflores. La ciudad quedo desprotegida porque ningún sector de las Fuerzas Armadas era capaz, o estaba dispuesto, a defender lo que el gobierno de Carmona había devenido.
Intereses irreconciliables Es necedad pretender que la democracia fue restaurada en Venezuela y que la reconciliación está a la vuelta de la esquina. Los terroristas chavistas de hueso colorado, de los que es representativo el alcalde del municipio Libertador, de Caracas, Freddy Bernal (cuyos pistoleros fueron fotografiados disparando a mansalva contra los manifestantes del 11 de abril), exigen que la "justicia revolucionaria" caiga encima de aquellos que osaron oponerse al régimen. Éstos están tan confiados de su control de Venezuela como refugio regional del narcoterrorismo, que los representantes de las FARC que fueron expulsados de México, volaron a Caracas el 13 de abril, y no a Cuba como se había supuesto. La oposición no se ha dado por vencida. La CTV está organizando una manifestación para el Día del Trabajo el primero de mayo, y está proponiendo un plebiscito para decidir si Chávez debe permanecer al frente del gobierno o no. Tanto el partido Social Cristiano (Copei) como Acción Democrática (AD), rehusan reconocerlo como jefe de Estado. Otros están pidiendo nuevas elecciones. Pero el derrumbe financiero va a hacer añicos todos los planes. La fuga de capitales deprimió el valor del bolivar en 10% del 12 al 16 de abril. Se calcula que las hordas chavistas causaron unos 600 millones de dólares en daños con sus saqueos, luego de retomarse a Miraflores entre el 13 y el 14 de abril. Varios empresarios han anunciado que cerrarán sus negocios de forma permanente. En los próximos dos meses se vencen 700 millones de dólares de la deuda externa que tiene que pagar el gobierno. De continuar la fuga de capitales y la devaluación de la moneda venezolana, como se espera, el peso de la deuda rapidamente se hará inmanejable.
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