México en la mira de la mafia de los 'derechos humanos'
por Rubén Cota Meza
El ex presidente de México, Luis Echeverría Álvarez (1970–1976), compareció ante el fiscal especial para Movimientos Políticos y del Pasado, el 2 de julio y 9 de julio, en calidad de indiciado, bajo acusaciones de "genocidio", "desaparición forzada y abuso de autoridad", por su presunta responsabilidad de los acontecimientos sangrientos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971.
Simultáneamente a la comparecencia de Echeverría en México ante el fiscal especial, en Buenos Aires, Argentina, el periódico mexicano Reforma entrevistaba al guerrillero argentino Enrique Gorriarán Merlo en la cárcel de Villa Devoto, en donde purga cadena perpetua por el asesinato de 39 personas en el asalto al cuartel militar La Tablada el 23 de enero de 1989, llevado a cabo por el Movimiento Todos por la Patria (MTP), bajo sus órdenes.
Tres días después, el 5 de julio, Adriana Gorriarán, hija del prisionero, se entrevistó con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, a quien "le entregó un escrito que éste llevó de inmediato" al Presidente de México, Vicente Fox, en el que expone supuestas ilegalidades en la detención de su padre ejercida en México en octubre de 1995. El abogado de Gorriarán, Rodolfo Yanzón, declaró que tanto Jorge Castañeda como el propio Vicente Fox ya se han pronunciado sobre la supuesta ilegalidad de la detención, pero lo que "queremos [es] un pronunciamiento expreso y formal del gobierno mexicano". Evidentemente, tanto la entrevista de Gorriarán Merlo con Reforma, en la víspera de la visita de Estado del presidente Fox a Argentina, así como la entrevista de los enviados de Gorriarán con el canciller mexicano, fueron arregladas por el propio Jorge Castañeda.
Enjuiciar para encarcelar a mandatarios y funcionarios de gobiernos anteriores y oficiales de las fuerzas armadas retirados o en activo, por una parte, y liberar a terroristas que tomaron las armas en contra de esos gobiernos, por otra, es el vehículo de la oligarquía financiera internacional para enjuiciar al Estado nacional soberano mismo, como lo hemos conocido hasta ahora, y desmantelar sus instituciones, para imponer un orden jurídico imperial.
Operación continental
Diez días después de las maniobras de la gente de Gorriarán Merlo y compañía en México, se informa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reabrirá el caso de la neoyorquina Lori Berenson, condenada en Perú a 20 años de cárcel por sus actividades con el sanguinario Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La Berenson fue aprehendida "con las manos en la masa" cuando preparaba la voladura del edificio del Congreso del Perú, donde pensaba tomar rehenes para canjearlos por la libertad de los líderes del narcoterrorista MRTA, presos en ese entonces. La revisión que pretende la CIDH viene tres meses después de que el propio Presidente de los Estados Unidos, de visita en Perú, pidiera clemencia para la terrorista estadounidense.
También en Perú, el pasado 13 de mayo, un juzgado de Lima dictó orden de aprehensión contra 11 miembros de las Fuerzas Armadas que en enero de 1996 participaron en la operación "Chavín de Huántar", donde retomaron la residencia del embajador de Japón en Perú y liberaron a las 72 personas que el grupo narcoterrorista MRTA mantenía rehenes. La acción que busca encarcelar a miembros de las Fuerzas Armadas y crear las condiciones para liberar a los narcoterroristas del MRTA, fue impulsada por los "defensores de los derechos humanos", consentidos de George Soros en el Perú, mismos que, hasta hace unos días, formaban parte del núcleo central del gobierno de Alejandro Toledo.
Castañeda, el canciller mexicano, se complace en ser parte del cortejo imperial y ostenta sin pudor su colaboracionismo con la estrategia de los globalizadores, de acabar con el Estado nacional soberano. En un artículo publicado en la ciudad de México el 12 de julio pasado, afirma:
"El compromiso internacional de México con los derechos humanos y con la democracia también ha ayudado a abrir espacios para que el gobierno del Presidente Fox busque esclarecer. . . los abusos de poder perpetrados en décadas pasadas al amparo de una supuesta `razón de Estado'. . . En particular, se han logrado avances en los trabajos de la Fiscalía Especial encargada de la revisión de los sucesos de 1968 y de 1971, así como de los procesos represivos de los setenta y ochenta, encaminados a esclarecer crímenes de lesa humanidad que lastimaron históricamente la conciencia nacional".
El aparato político promotor de los juicios, que son los activistas de la futura campaña presidencial de Castañeda, no está conforme con el establecimiento de una Fiscalía Especial. Quieren una inquisitorial "comisión de la verdad" absolutamente autónoma del Estado, controlada por ellos y su red de organizaciones no gubernamentales (ONGs). El 9 de julio, Joel Ortega, miembro prominente del aparato de las ONGs, se lamentó de que el gobierno de Fox haya optado por abordar los enjuiciamientos a través de la vía penal y no por los cauces políticos. "Fox debió construir un mecanismo que sancionara los crímenes de los regímenes anteriores, como una Comisión de la Verdad, porque recurrir a la vía penal puede convertir un gran logro de la sociedad en apenas una victoria pírrica", dijo.
Ortega es un ex militante del Partido Comunista Mexicano, dirigente estudiantil en los 1960, promotor del "voto útil" a favor de Fox en la pasada elección presidencial y actual promotor de la candidatura de Castañeda a la Presidencia de la República.
Una, dos, muchas 'comisiones de la verdad'
Igualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) auspició, el 18 de julio, un Seminario Internacional sobre Comisiones de la Verdad, en el que Mariclaire Acosta, subsecretaria para Derechos Humanos de la SRE, manifestó que la decisión de establecer la Fiscalía Especial "se basa en la convicción de que el mecanismo adoptado es irrelevante", pero los trabajos que desarrolla el Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía Especial "lo convierte en una suerte de comisión de la verdad", porque a través de éste se mantiene "un contacto con la sociedad civil". Mariclaire Acosta, desde hace tres décadas es una de las agentes más dedicadas de la trasnacional de los "derechos humanos", encabezadas por Amnistía Internacional y Americas Watch del narcolegalizador George Soros; mientras que el llamado Comité de Apoyo a la Fiscalía Especial lo dirige el supercorrupto ex líder estudiantil Salvador Martínez de la Rocca, alias El Pino.
Paz Rojas, presidenta de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo de Chile, quien aportó el trabajo "teórico" sobre comisiones de la verdad para el seminario auspiciado por Castañeda y Acosta, pone la daga en el cuello de la soberanía nacional y dice que "la principal limitante de la Fiscalía Especial es su dependencia del Estado", ya que la comisión de la verdad "tiene que ser absolutamente autónoma ante los Gobiernos". Si se van a analizar crímenes de lesa humanidad, dice, "el único responsable, según las leyes internacionales, es el Estado".
Por su parte, la Acosta estableció que "lo importante" es que el mecanismo "cumpla las funciones para las que fue creado y, para ello, tiene que observar los principios establecidos por el derecho internacional". En otras palabras, "lo importante no es Luis Echeverría", sino enjuiciar al propio Estado.