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por Adriano Benayon

El autor, un analista brasileño doctorado en economía por la Universidad de Hamburgo, Alemania, fue diplomático y asesor del Senado Federal del Brasil; actualmente dicta cátedra en la Universidad de Brasilia. Escribió el presente artículo exclusivamente para EIR.

Con las elecciones de fines de 2002, una gran mayoría de los brasileños depuso a un gobierno que por ocho largos años presidió el deterioro más impresionante de la vida económica, política y social del país. Había una gran esperanza en que el candidato de oposición, Lula da Silva, tomase un nuevo derrotero y emprendiese la recuperación. ¿Lo ha hecho? ¿Lo hará?

Año tras año, el pago de intereses ha saqueado al Brasil. No sólo a cuenta de la deuda externa, que afecta sobre todo a las empresas privadas, sino por la deuda pública interna, que en un 40% está vinculada al dólar, aunque técnicamente denominada en la moneda nacional, el real. La devaluación del real en 2002, superior al 52%, arrojó inesperados dividendos a los portadores de instrumentos financieros dolarizados. Además de la variación en el tipo de cambio, recibieron intereses anuales de entre 12 y 16%.

La tasa "básica" del Banco Central es apenas una referencia para fijar los intereses a 24 horas de valores públicos no indexados al dólar. Esa tasa estuvo a 20% anual en promedio, para 2002. A fines de ese año, el gobierno saliente de Cardoso la elevó a 25%. El nuevo gobierno de Lula da Silva, no sólo aprobó ese aumento, sino que le agregó otro 0,5%, quedando en 25,5% para enero de 2003.

A título comparativo, se estima que sólo Turquía y Polonia tienen tasas de interés reales más altas que Brasil, lo que se entiende, en vista de que esas dos economías también han estado sujetas a las sofocantes "condicionalidades" del Fondo Monetario Internacional (FMI). De por sí, quedar en tercer lugar es impresionante, pero los hechos son aún peores. Estadísticamente, la tasa de interés efectiva del Brasil fue muy superior a la tasa básica oficial, por dos razones: 1. las utilidades estratosféricas de los valores indexados al dólar, debido a la devaluación; y 2. se agregaron márgenes nada despreciables a la tasa básica de otros bonos y pagarés.

Con todo, el costo efectivo de la deuda interna brasileña en el 2002 ascendió a casi 45%; es decir, más del doble que la tasa básica. Ello significa que el Brasil se granjeó, no el tercero, sino el primer puesto en tan dudoso honor, aun descontando una inflación anual de entre 12 y 22,8%, según varios índices oficiales.

La carga económica de intereses tan increíblemente costosos, la exacerbada un sinfín de reducciones presupuestarias impuestas para poder pagar los intereses. Como bienvenida a una misión del FMI, los ministros de Hacienda y Planeación de Lula anunciaron que la meta del superávit presupuestario primario se elevaría de 3,75 al 4,25% del producto interno bruto (PIB). Este brebaje de contadores mide el superávit presupuestario, excluyendo el pago de intereses; es decir, lo que cuenta es cuánto dinero puede dedicarse de vuelta al pago de la deuda. Sin embargo, la deuda sigue creciendo a paso constante, al tiempo que aumentan los costos por intereses y el superávit primario.

Para fines de 2002, la deuda pública bruta saltó a 1,132 billones de reales (320 mil millones de dólares, a un tipo de cambio de 3,4 reales por dólar), de 886 mil millones (250 mil millones de dólares) un año antes. La deuda pública neta aumentó a 881 mil millones de reales (249 mil millones de dólares). La diferencia entre deuda bruta y neta, es que esta última no incluye los montos que le deben al gobierno federal los diferentes estados. Y como los estados están, a todas luces, en quiebra, la deuda pública bruta debe considerarse más determinante que la neta. Es más, el propio Banco Central mantiene casi 300 mil millones de reales (80 mil millones de dólares) en bonos de Hacienda, que los contadores públicos no incluyen en la deuda oficial. Sin embargo, el circulante se ha aumentado por la suma correspondiente.

El vencimiento de toda esta deuda empeora las cosas. Para fines de 2002, Hacienda reconoció que los valores de corto plazo ascendieron a 39% del total, y se calculaban en casi 200 mil millones de reales. Más de la mitad de ese monto vence este año.

Brasil se ganó también otro tercer puesto mundial por la magnitud de su carga tributaria, que en 2002 ascendió a 35,5% del PIB. La subgrabación tributaria de las compañías multinacionales y otras grandes empresas le ha granjeado a la clase media brasileña la distinción de sufrir la peor carga tributaria del mundo, de más de 55% de su ingreso (contando impuestos directos e indirectos). Quizá la mayor tragedia es que la mayoría de esos impuestos se dedican a pagar intereses por gastos de gobierno. Brasil, pues, se ha convertido en un protectorado desprotegido, donde quienes escapan al desempleo, trabajan para rendir tributo a los bancos y empresas multinacionales. Encima de no poder pagar impuestos cada vez más onerosos, esta clase económicamente atribulada enfrenta tasas de interés de entre 60 y 120% al año.

Podría decirse que el gobierno de Lula, en su conjunto, es menos monolítico que el anterior; pero hasta la fecha ha sido uniformemente sumiso a los deseos de la comunidad financiera internacional (FMI, bancos acreedores). Todo comenzó con el nombramiento de Antonio Palocci a la cartera de Hacienda y de Henrique Meirelles a la presidencia del Banco Central. El primero, ex médico izquierdista, no tiene otras credenciales que el hecho de haber sido alcalde de Ribeirão Prêto (a 300 km de São Paulo), donde mostró su afición por la privatización, y habría abierto ciertos servicios públicos a licitación con una serie de irregularidades. El segundo es un banquero retirado del Banco de Boston, cuya campaña por la representación del estado de Goiás fue tan costosa, que algunos la describieron como una "compra". Una vez nombrado a la presidencia del banco, Meirelles abandonó su curul.

Inmediatamente después de que Palocci, durante una visita a Nueva York, le diera la presidencia del banco, y aun antes de que el Senado brasileño aprobara su nombramiento, Meirelles declaró su intención —atribuida al gobierno de Lula— de proponer una enmienda constitucional que independice al Banco Central del gobierno, medida que el FMI viene exigiendo desde tiempo atrás. Como resultado de tal enmienda, se establecerían plazos fijos para la junta directiva de modo que fuese imposible retirarlos, por mucho que el presidente decidiese cambiar la política monetaria y crediticia nacional. El alineamiento de Meirelles con el FMI y su arrogante despliegue de autoridad coinciden con su decisión de confirmar en sus cargos a todos los directores de la junta nombrados por el gobierno saliente de Cardoso.

Tal "independencia" del Banco Central, si la aprueba el Congreso, privaría al presidente Lula de la potestad de definir la política económica de país; lo que equivaldría a dimitir. Eufemismos como "independencia" y "autonomía" son engañosos, porque si las decisiones del Banco Central no las determinan los intereses de la nación, servirán en cambio a los bancos internacionales que operan en Brasil. El hecho es que esos intereses vienen definiendo la política del Banco Central desde hace tiempo. Hace mucho que debió remediarse esta situación. Pero hasta ahora el nuevo gobierno no sólo se acoge al statu quo, sino que intenta adrede complacer a los banqueros y al FMI, al grado de hacer de esta una condición permanente, consagrada por la Constitución nacional.

Desempleo y tasas de interés

¿Cuánto tardará Brasil en irse por el mismo camino que Argentina? No mucho, si uno se fija que más del 60% de la población económicamente activa no gana lo suficiente para alimentarse ella misma, más sus dependientes menores y ancianos. El desempleo ya alcanzó el 20% en la urbe industrial de São Paulo, la ciudad más grande y rica del país. El desempleo disfrazado seguramente suma otro 20%. Los ajustes adicionales del FMI y los cortes presupuestales de Lula, con tasas de interés que ya rayan en niveles genocidas, significan que no falta mucho para el desplome.

En las cuentas del exterior hubo un importante aumento del superávit comercial en bienes, a más de 12 mil millones de dólares en 2002, debido en su totalidad a la contracción de las importaciones, que a su vez se derivan de la contracción de la capacidad adquisitiva más la devaluación de la moneda. Ese superávit contribuyó a reducir a 8.500 millones de dólares el déficit de cuenta corriente, que por el momento puede cubrir la inversión extranjera directa

¿Cómo podría desencadenarse el derrumbe económico? 1. las tasas de interés absurdamente elevadas aceleran la pauperización, causando una contracción de la inversión productiva, de forma que ni las concesiones preferenciales logran atraer capital extranjero; 2. las importaciones de servicios a precios inflados, o aun ficticios, de las subsidiarias de corporaciones multinacionales alimentan constantemente el déficit de cuenta corriente (mediante las remesas de utilidades extraídas de mercados internos cautivos y operaciones de comercio exterior). En los últimos seis años, ese déficit ha llegado a 145 mil millones de dólares; 3. tan pronto empiezan a alcanzar masa crítica las "dudas" sobre la capacidad del país de cumplir sus obligaciones de deuda externa, los bancos le suben su calificación de "riesgo país", elevando las tasas internas a niveles inimaginables, y dejando por los suelos a la moneda nacional.

Ante la inminencia de esta realidad, el gobierno se ha apegado a las mismas recetas del FMI que llevaron a crisis pasadas. Su plan de "reforma" en realidad no es más que el de fungir como agente del FMI: aumentar impuestos, descapitalizar el seguro social y desmantelar las leyes laborales. Mientras se siga practicando la actual política económica, el llamado programa "Cero Hambre" de Lula no tiene la menor posibilidad de cubrir las necesidades de los pobres del Brasil, cuyo número, según se calcula, asciende al menos a 65% de la población, y crece a diario, impulsado por la aplicación de cada nueva "meta" del programa de Lula recetado por el FMI.

Para darle 1 dólar diario a cada uno de los 120 millones de hambrientos del Brasil, habría que gastar 150 mil millones de reales (43.800 millones de dólares) al año, que equivalen a más de 10% del PIB. Aparte de su obvia insuficiencia para aliviar la pobreza del país, esa suma estaría mejor invertida en obras públicas para construir o mejorar infraestructura urgentemente necesaria para elevar la productividad con mejoras tecnológicas. Ello redundaría en un efecto multiplicador de los ingresos y el empleo, brindándole a la población seguridad y dignidad a una misma vez.

¿Son mucho dinero esos 43.800 millones de dólares? Tomados aisladamente, sí; pero en realidad es una bicoca en comparación con los ingentes montos que el país desperdicia —cerca de 25% del PIB— en el gasto improductivo del pago de intereses. Compárese ese 10% del PIB con el 25% que el gobierno paga en intereses. Encima, están los descomunales montos desembolsados por empresas privadas y personas naturales en pago de intereses, que habría que sumar para determinar el verdadero costo de los intereses en Brasil.

¿Quién dice que Brasil es un país pobre? Si llegare a serlo, estará claro de quién fue la culpa.

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