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por Dennis Small

Consideremos la siguiente cronología:

1 de diciembre de 2000: Vicente Fox toma posesión como Presidente de México, y anuncia que vinculará la economía mexicana a la estadounidense. Destaca que las maquiladoras (plantas de ensamblaje con trabajo esclavo, generalmente junto a la frontera con los Estados Unidos) serán la fuerza motriz del crecimiento del producto interno bruto (PIB), el cual, promete, llegará a 7% anual. Esto funcionará, alardea, por la ayuda de su gran amigo George W. Bush.

19 de enero de 2001: Resumen ejecutivo publica un artículo titulado "La defunción de un importador de último recurso" (segunda quincena de enero de 2001), en el que el hoy precandidato presidencial estadounidense Lyndon LaRouche advierte que la implosión de la "enorme burbuja financiera denominada en dólares estadounidenses" presagia el fin de "el papel de `importador de último recurso' que desempeña para buena parte del mundo la inflada e intrínsecamente quebrada economía estadounidense". En un artículo acompañante se documenta que "ningún país depende tan absolutamente como México de su comercio con los Estados Unidos" (el 90% de todas las exportaciones mexicanas van a los EU), y que este último país es "un mercado que está a punto de desaparecer". La apuesta mexicana a las maquiladoras, que "desde todo punto de vista, deben considerarse un cáncer económico", es un callejón sin salida, advierte EIR, pronóstico que emite a pesar de que las cifras oficiales de octubre de 2000, las más recientes entonces disponibles, indicaban que el empleo en las maquiladoras acababa de alcanzar la cifra histórica de 1,348 millones de plazas.

Octubre de 2003: el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) de México publica sus cifras más recientes, según las cuales para julio de 2003 el empleo en las maquiladoras había caído a 1,071 millones de puestos, una disminución de 21% en relación con su apogeo de octubre del 2000. Asimismo, el número de plantas maquiladoras en existencia seguía en caída libre, a 3.182, reducción de 15% en relación con el máximo correspondiente, de 3.763 unidades (ver gráfica 1).

¿Quién tenía razón, pues, cuando Fox tomaba posesión? ¿Él y su amigo George W. Bush, o Lyndon LaRouche? Se pensaría que la respuesta está de más.

Los gallinazis quieren petróleo

Sin embargo, pese a tan catastrófico revés, los autores de la fracasada política del libre comercio en Washington y Wall Street pretenden ahora convencer a los mexicanos de que el único problema es que ¡no han dado suficiente impulso a las reformas de "libre mercado"! El mismo argumento del vicepresidente estadounidense Dick Cheney sobre la catastrófica liberalización de los mercados de la electricidad en California. "Más, queremos más", gruñen. Y en México, al igual que en California, se apoyan en tácticas de terror y chantaje. Para muestra, un matón: Arnold Schwarzenegger, verdugo al servicio de los gallinazis de Cheney.

Lo que Cheney y compañía le exigen a México es que liberalice completamente su sector energético, incluida la petrolera estatal Pemex. El presidente Fox ha intentado repetida e infructuosamente obtener del Congreso tal acción. En la ocasión más reciente, el Senado, encabezado por el senador Manuel Bartlett, del PRI —ahora en la oposición— adoptó en cambio una prohibición de cualquier privatización o liberalización del sector eléctrico. En cuanto a Pemex, su privatización está prohibida por la Constitución misma, por lo que no hizo falta ninguna ley nueva para impedir tal propósito.

Esta vez la City de Londres y Wall Street, con apoyo del Gobierno del "amigo" Bush, le han dicho a Fox que tiene que lograrlo, y que no se aceptarán excusas. El 1 de septiembre, por ejemplo, el editorial del Financial Times de Londres instruía a Fox que debe "decirle a los mexicanos. . . el costo de no avanzar" en dichas reformas y, para no dejar duda, añadía que Fox debe deshacerse de "secretarios de gabinete complacientes e inactivos". Al día siguiente Fox anunció muy cumplidamente la destitución de su secretario de Energía, Ernesto Martens, en cuyo lugar instaló a Felipe Calderón, paniaguado del Partido Acción Nacional (PAN) a quien encomendó la tarea de conseguir la aprobación del Congreso al plan de Fox.

El propio Fox, siempre tan sutil, le dijo a un grupo de empresarios estadounidenses con los que se reunió en Nueva York el pasado 25 de septiembre, que si no se le permite al capital extranjero invertir en Pemex, entonces "Pemex saldrá del país". Aclaró tan sorprendente declaración explicando que la Constitución mexicana sólo le prohíbe a Pemex asociarse con capital extranjero en México, pero en el exterior, todo se vale.

A lo largo del mes de septiembre el equipo de Fox ha venido preparando la legislación necesaria para las reformas energéticas, y sus principales agentes han empezado a moverse tras bambalinas para lograr el apoyo de una facción del PRI a las reformas del PAN. Pero las tácticas de mayor fuerza para ello vienen del exterior, como lo habían advertido en una declaración el 29 de septiembre el Movimiento de Juventudes Larouchistas y la Junta Internacional de Comités Laborales: "La desesperante demanda de liquidez del agonizante y quebrado sistema financiero internacional, motiva una nueva y brutal ofensiva de los banqueros de Wall Street y de la sinarquía internacional, representada en el repudiado vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, para apoderarse por completo del sector energético nacional. . . Con esta reofensiva intensificarán la presión y el chantaje sobre el Congreso, para que sea sometido a las exigencias desequilibradas del presidente Fox", reza la declaración.

En octubre acaecieron tres hechos que confirman dicha advertencia, e inician una nueva fase de guerra económica contra México.

Primero, el 1 de octubre el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, egresado de la Universidad de Chicago e ideólogo doctrinario del libre comercio, enunció una advertencia durante su testimonio ante el Congreso. El Gobierno de Fox redujo a la mitad su pronóstico de crecimiento del PIB, de 3 a 1,5%. Sin embargo, ofreció Gil Díaz, si el Congreso aprueba el paquete de reforma económica, eso "alentaría" la inversión extranjera y el crecimiento aumentaría por lo menos otros dos puntos el año entrante.

Luego, el 2 de octubre, el Servicio de Inversiones Moody's, que califica los mercados financieros internacionales, anunció que estaba "considerando" rebajarle la calificación de crédito a Pemex, dizque por la elevada carga crediticia y tributaria de la entidad. El servicio de informaciones financieras Bloomberg comentó lacónicamente que "dicho informe coincide con los comentarios de secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz", en el sentido de que las proyecciones de crecimiento se reducirían a la mitad, y que el efecto combinado de los dos anuncios condujo a una precipitación del valor de los bonos del Gobierno mexicano, y a un embate especulativo contra el peso que lo dejó en un punto bajo de 11,30 por dólar.

Para que nadie pase por alto la importancia del anuncio de Moody's, Bloomberg pasa a citar a un economista del banco de inversiones suizo UBS Warburg: "Yo lo veo como una crítica implícita a la política energética de México, que apunta a forcejear con el capital privado. . . Que sirva como llamado de atención". Y un economista del banco ABN Ambro amplió el ataque: "La declaración [de Moody's] sobre Pemex puede verse como un comentario sobre la fiabilidad crediticia del Gobierno mexicano".

Presiones contra la Iglesia

Y en tercer lugar, también el 2 de octubre, el secretario de Gobernación mexicano Santiago Creel tomó la insólita medida de acudir a la Basílica de Guadalupe —el santuario más importante de los católicos mexicanos, raras veces visitado por funcionarios del Gobierno— en la Ciudad de México. Creel fue con el claro propósito de ejercer una presión y chantaje sobre la Iglesia católica, para que respalde las reformas económicas de Fox.

Según el diario El Universal, de la Ciudad de México, el secretario Creel habló insistentemente en la basílica sobre el "anhelo de una reforma eléctrica. Consideró su visita como evidencia de buenas relaciones entre el Estado y la Iglesia católica, acompañado por su anfitrión, el rector de la Basílica Diego Monroy. . . Va a pedir por las reformas dirían en broma integrantes del equipo de trabajo de un Santiago Creel gustoso de acudir al santuario católico".

La referencia a las presuntas "buenas relaciones" entre Gobierno e Iglesia lleva mar de fondo, a la luz de la investigación que adelanta la Procuraduría General contra el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, dizque por lavado de dinero en beneficio del Vaticano. Un observador bien informado calificó el mensaje de Creel a la Iglesia como una amenaza velada: "Si nos hacen el juego con la reforma, les aflojamos las tuercas. Si no. . ."

Destacadas personalidades de la Iglesia mexicana, incluido el cardenal Sandoval, han hecho pública su oposición a la privatización y liberalización del sector energético. Es más, el asunto de Sandoval pudiere desatar la violencia religiosa en México, a la manera de la guerra cristera de 1926 a 1929 (ver el editorial "Los sinarquistas pretenden reactivar la guerra religiosa en México", en Resumen ejecutivo de la segunda quincena de noviembre de 2003). También esa guerra tuvo de trasfondo los esfuerzos de intereses financieros internacionales, tales como los Buckley, para tomar el petróleo mexicano.

LaRouche respondió enérgicamente a la noticia de las tácticas de fuerza de Creel: "Esta clase de corrupción, en que los cambiadores de dinero pretenden comprar el púlpito mexicano, es inaceptable. . . Confiamos que la Iglesia tomará el lado del pueblo, y no de los usureros.

"No podemos tolerar la idea de que le exijan a la Iglesia venderle su alma a los cambiadores de dinero. Cualquiera que lo exija, no debiera permitírsele estar en el Gobierno. Eso viola de modo intolerable la separación entre Iglesia y Estado. Cuando se separa a la Iglesia del Estado, hay que proteger a la Iglesia. La Iglesia tiene derechos, y uno de ellos es el de no ser sujeta al chantaje de los adinerados intereses especiales", concluyó LaRouche.

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