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Las súbitas renuncias del ministro del Interior Gino Costa y del jefe del Consejo Nacional de Inteligencia Fernando Rospigliosi del Perú, seguidas de las de una serie de funcionarios de la facción más recalcitrante del "unimundismo", bien puede significar el comienzo de una ruptura del gobierno de Alejandro Toledo con las fuerzas transnacionales que LaRouche ha calificado de "globalismo utópico".

Pareciera que el presidente Toledo —que llegó al poder en 2000 con ayuda de una contribución de un millón de dólares del rey de la lagalización de las drogas, George Soros— se huele para donde corre el aire en Washington. Toledo, cuya propia estadía en el poder es cada vez más incierta (su partido apenas si alcanzó el 10% de la votación en las últimas elecciones regionales y municipales), y viendo cómo crece la revuelta contra el presidente venezolano Hugo Chávez, optó por purgar de su equipo a los elementos más chavistas en interés de su propia sobrevivencia.

El presidente Toledo literalmente echó al ministro del Interior Gino Costa, cuando se vio obligado a escoger entre éste y conservar la lealtad de la Policía Nacional, que se había insubordinado al Ministro. Rospigliosi presentó su renuncia irrevocable en protesta por la salida de Costa, quien era su socio político en el control de la seguridad interna del país.

Un nutrido grupo de funcionarios de segundo nivel acompañó a Costa y Rospigliosi; entre ellos figuraba la ex ministra de la Mujer Susana Villarán, a cargo de la polémica Defensoría de la Policía. Los demás renunciantes en su mayoría eran miembros del Instituto de Defensa Legal, una organización no gubernamental que se hizo célebre defendiendo terroristas en los 1990 y que financia la Agencia Internacional Estadounidense para el Desarrollo, la National Endowment for Democracy y la Fundación Ford.

Y si a estas renuncias les sumamos el exilio dorado de Diego García Sayán y la salida prematura del ministro de Educación Nicolás Lynch, no es exagerado decir que estamos frente a una estampida de la facción más radical de los globalistas en el escenario político peruano. Una facción que fue la correa de trasmisión de las fuerzas transnacionales ligadas al megaespeculador George Soros.

La turba globalista tiene miedo. El periodista vinculado a Soros, Gustavo Gorriti, declaró que el cambio pone en peligro "toda la transición democrática", y que de seguir el Ejército el ejemplo de la policía, se abortaría todo el proceso de "reforma" de las Fuerzas Armadas. El ex ministro Lynch convocó a una movilización popular para detener lo que él llama la "derechización" del régimen de Toledo.

Peligra el programa globalista en el Perú

Indudablemente, lo que está en juego es si se seguirá aplicando o no el programa del globalismo para el Perú. Al margen de la propaganda del ministro de Economía Javier Silva Ruete, quien asegura que la peruana es la economía "más sólida del continente", la verdad es que la protesta popular contra el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) rebasa todas las tapaderas que le han puesto. Este programa, que tiene como meta el desmantelamiento del Estado nacional peruano y que el gobierno títere de Valentín Paniagua puso en marcha, puede resumirse en 5 puntos:

1. La destrucción de las fuerzas armadas peruanas a más tardar para el 2005. Este es uno de los puntos que el globalismo exige con mayor vehemencia. Fernando Rospigliosi, ardiente seguidor de Samuel Huntington, ha sido uno de los más feroces enemigos de las Fuerzas Armadas en el Perú.

2. La liberalización de todos los terroristas. Por el momento, ya han salido cientos de terroristas condenados y las puertas de la cárcel prácticamente se han abierto de par en par, pues el Tribunal Constitucional de Perú, acogiendo una demanda del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, determinó la nulidad de todos los procesos que realizaron los tribunales militares sin rostro. Sin embargo, Toledo, luego de la decisión del Tribunal, prometió a la nación que "durante su administración no saldrá ningún terrorista más".

3. La legalización de las drogas antes que acabe el gobierno de Toledo. En este empeño, en el cual han sobresalido Diego García Sayán y la ex ministra Villarán, se llegó al punto en que el parlamentario Michel "Evo" Martínez, ligado al movimiento del congresista Javier Diez Canseco, quien ahora integra el grupo de parlamentarios "democráticos", presentó un proyecto de ley para eliminar toda prohibición al cultivo de hoja de coca en el país, vieja exigencia de los carteles del narcotráfico. Hace poco, el presidente del parlamento y líder del partido de Toledo, Carlos Ferrero, abortó una reunión de cocaleros en las instalaciones del parlamento nacional a la que había convocado el parlamentario Martínez.

4. La destrucción de la idea de nación peruana, con el auspicio del etnicismo y las llamadas "nacionalidades" indígenas. Al frente de estas propuestas se ubica la primera dama Eliane Karp, quien, con apoyo de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, viene impulsando leyes y acciones tendentes a darle "autonomía" política y económica a las "naciones indígenas oprimidas desde hace 500 años". Hay que señalar que la Karp fue la principal aliada política de Rospigliosi.

5. El mantenimiento del sistema económico del FMI. Para el 2003, el servicio de la deuda externa peruana llegará a la cifra histórica de superar los 2.800 millones de dólares y el capital privado que huirá del país superará los 5 mil millones anuales; es decir, más del doble de lo que ingresa por concepto de inversión extranjera directa.

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