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por Maximiliano Londoño Penilla

El reciente rescate, sano y salvo, del obispo de Zipaquira y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), monseñor Jorge Enrique Jiménez, demuestra que, si se quiere, sí puede enfrentarse y derrotarse a los terroristas en Colombia. Monseñor Jiménez fue secuestrado por las FARC, junto al padre Desiderio Orjuela, párroco de Pacho.

El Ejército colombiano rescató al prelado y al sacerdote en un operativo relámpago a mediados de noviembre. La reacción popular a esta exitosa operación militar probó que los colombianos están dispuestos a respaldar y a cooperar con los militares y la policía, si el gobierno da muestras claras de estar dispuesto a rescatar el concepto de la victoria.

De hecho, en Colombia empieza a rondar algo así como el fantasma del ex presidente peruano Alberto Fujimori, que en los 1990 derrotó a los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA, y al narcotráfico, en base a una alianza entre un ejecutivo civil decidido, las fuerzas militares nacionalistas y una población comprometida. Fujimori fue derrocado por los intereses de Wall Street, adictos al narcolavado, y sus agentes en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y las ONGs internacionales.

Apoyo a Uribe

A pesar de los brutales programas de austeridad decretados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Colombia, con la anuencia y cooperación del equipo económico del gobierno del presidente Álvaro Uribe, la población colombiana sigue manteniendo la esperanza de que su mandatario pueda representar un cambio de fase para la historia del país. Al menos en lo que respecta a iniciar el proceso de destruir el imperio del narcoterrorismo que reina en Colombia desde hace aproximadamente 25 años.

Pero, en un país donde el desempleo real supera el 50%, si no se inicia una reconstrucción económica, las acciones para restablecer el orden y la justicia quedarán en el aire.

Sin embargo, hay que reconocer que el voluntarismo del presidente Uribe en lo que se refiere a que el Estado no le ceda ventajas a los narcoterroristas, a los cuales hay que derrotar, ha remoralizado no sólo a los militares y a la policía, que por primera vez en décadas cuentan con un aliado en la rama ejecutiva, sino también a buena parte de la población, que espera que se elimine la transnacional del secuestro, que realiza más de 3000 plagios al año. La población también espera que pueda volverse a circular libremente por las carreteras del país, ya que los colombianos están atrapados en las ciudades donde viven, por el temor a caer víctimas de un secuestro, o de un ataque de los narcoterristas de las FARC, el ELN o de las llamadas autodefensas si osan viajar de una ciudad a otra.

La disposición del Presidente de acabar con el narcoterrorismo fue lo que le dio la victoria electoral. Tan pronto se posesionó, Uribe decretó un estado de emergencia y promulgó una legislación devolviéndole a la fuerza pública la inicitiva contra el crimen organizado, iniciativa que se se había perdido, entre otras razones, por un marco jurídico que favorece a los delincuentes.

Por ejemplo, cuando el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, se desempeñó como Presidente de Colombia, fraguó e hizo un arreglo con los carteles de la droga, dizque para que se sometieran a la justicia. No sólo se creó una Constitución acorde a las exigencias de Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, y otros narcotraficantes y terroristas, sino que todos los códigos se ajustaron a esa nueva política.

Por eso, no es de extrañar que recientemente, después de sólo purgar siete años de cárcel "voluntaria", los hermanos Rodríguez del cartel de Cali, buscaran su libertad con "fundamentos jurídicos". El presidente Uribe y su ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, hicieron cuanto pudieron para impedir que estos capos salieran de la cárcel. No obstante, Gilberto Rodríguez salió libre, aunque su hermano Miguel no, porque el gobierno de Uribe logró, a última hora, desenterrar un olvidado proceso jurídico que sirvió para neutralizar al jefe del cartel de Cali.

Cabe señalar que se puso en marcha una campaña nacional e internacional contra Uribe, a quien se acusó de "autoritario", de "violador de la independencia de las ramas del poder público", etc., campaña que claramente tuvo el apoyo de algunos en Washington, aunque no necesariamente del gobierno de los EU. En fin, las ONGs acusaron a Uribe de ser "un nuevo Fujimori", al pretender desafiar a los narcoterroristas. Recientemente, una ONG, "La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz", fue allanada por la fuerza pública con base en el decreto de conmoción interna. Esto desató una oleada de ataques contra Uribe, porque empieza a percibirse que el gobierno no seguirá tolerando a esas ONGs, que en la práctica son simples frentes de apoyo de los narcoterroristas.

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