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por David Ramonet

En estos momentos, Venezuela cumple con todas las condiciones necesarias para que se dé una insurrección militar; y los "gallinazos" de Washington y Wall Street lo saben bien. Al fin y al cabo, ellos mismos son los arquitectos de la actual disintegración nacional de Venezuela, y ya tienen preparada su "solución Pinochet", en su propia creación, el desquiciado presidente venezolano Hugo Chávez.

La inmensa mayoría de la población que, por millones, realizó marchas de protesta contra el régimen de Hugo Chávez en el último año, prácticamente pide ahora a gritos un golpe militar, ante la desilusión que han provocado los líderes políticos tradicionales, que no alcanzan a formular una propuesta coherente que garantice un cambio para mejorar. Mientras tanto, el aparato productivo de la nación se desintegra, sin que ninguna de las figuras políticas o militares pertinentes sepa qué hacer.

En realidad, al presidente Chávez no le importa lo que ocurra con el aparato productivo, porque juega a llevar a la quiebra a los grupos económicos que integran la columna vertebral de la economía privada. De hecho, la producción nacional ya venía cayendo desde el año pasado, pero el paro cívico de dos meses que paralizó la producción petrolera del país entre diciembre del 2002 y fines de enero del 2003, terminó con darle la puntilla.

Ahora, más del 50% de la fuerza laboral busca cómo ganarse la vida en la economía informal, y el desempleo se ha elevado al 20%. El sector privado sólo emplea al 20% de la fuerza de trabajo y el gobierno ocupa al 10%. Y, a pesar del control de precios —que tambien lo impuso el régimen desde principios de febrero, cuando impuso un control de cambios— la inflación en el primer trimestre llegó a 9,4%, con una proyección para el año que rebasa el 43%, forzando una brutal caída en la capacidad de compra de los venezolanos.

En este gobierno "de los pobres", lo único que ha aumentado es precisamente eso, la pobreza. Un 43% de la población corresponde a familias que tienen un ingreso mensual menor a 280 mil bolívares (unos 175 dólares), mientras que el valor de la canasta básica promedio es superior a los 350 mil bolívares (unos 219 dólares). Hoy día, a la clase media, es decir, las familias con ingresos mensuales mayores a 1.200.000 bolívares (750 dólares), la compone el 16% de la población; en 1986 representaba el 24%.

El régimen chavista ha venido aumentando el gasto público sin lograr un aumento en el ingreso y, para financiar el déficit, ha llevado la práctica fondomonetarista de los gobiernos anteriores al absurdo. El gobierno prácticamente obliga a la banca privada a adquirir los bonos de la deuda pública, la cual se elevó de 2,3 billones de bolívares a principios de 1999, a 14,5 billones de bolívares a fines del 2002, que equivalen al 13% del producto interno bruto (PIB). Esa deuda le ha resultado tan onerosa al gobierno, que hace un año que prácticamente dejó de pagarla, dándole a los bancos más papeles, con intereses cada vez más onerosos. En consecuencia, la banca privada tiene paralizados los préstamos debido a las altas tasas de interés vigentes, y a que mantienen buena parte de sus activos en papeles del gobierno, que sólo les rinden más papel.

Con el pretexto real de la fuga de capitales que se venía dando, y que aceleró en los dos meses del paro cívico, el gobierno suspendió la venta de divisas desde el 22 de enero, y el 5 de febrero decretó un control de cambios formal, que aún no empieza a funcionar. El control de cambios tiene el propósito principal de cortarle el acceso a los dólares a los cuatro o cinco grupos económicos principales del país, que dominan la industria alimenticia y los órganos nacionales de difusión, y que son los oponentes políticos nominales del régimen.

Los analistas de los principales bancos presentan pronósticos de lo más pesimistas para este año. El Banco BBVA Provincial (español) estima que este primer trimestre hubo una caída del 40% en el PIB, y el Banco de Venezuela (Grupo Santander de España) calcula que es de 42%.

La parálisis de la economía comenzó el año pasado, cuando Chávez dedicó el 38% del presupuesto a pagar la deuda externa e impuso un plan impositivo draconiano, que elevó el impuesto al valor agregado (IVA) al 16% y eliminó las exenciones a los gastos médicos y escolares. Como resultado, el Banco Central de Venezuela reconoció una caída del 17% en el PIB, una reducción en el consumo eléctrico del 8,5% y una caída del 48% en la recaudación del IVA.

El presidente de FEDEINDUSTRIA (pequeña y mediana industria), Miguel Pérez Abad, que es aliado del gobierno, admite que más de 25.000 pequeñas empresas permanecen cerradas en este primer semestre del 2003. La cúpula empresarial, FEDECAMARAS, sostiene que en los últimos dos meses se han perdido 300.000 puestos de trabajo. "La situación es crítica", dice Carlos Fernández, presidente de FEDECAMARAS. "Estamos en una economía de guerra. Hay 12.000 locales comerciales cerrados y unas 5.000 empresas quebradas. El Gobierno utiliza una herramienta tan poderosa como el control de cambios, para atacar al sector productivo nacional", indicó.

En efecto, a más de 60 días de que se impuso el control de cambios, sólo se han cambiado 50 millones de dólares para importar alimentos, cuando lo normal en el primer trimestre era un promedio de 3.200 millones de dólares. Este año, Venezuela tiene que pagar 5.000 millones de dólares como servicio de su deuda externa, que asciende a 22.300 millones. Las reservas han caído a 15.200 millones de dólares, y el gobierno no ha podido reactivar plenamente la industria petrolera, de la que despidió a unos 17.000 empleados.

El ministro de Finanzas, Tobías Nobrega, un monetarista "anticapitalista", pretende realizar un canje de los bonos venezolanos. Según UBS Warburg, si Venezuela logra hacer ese canje en los mercados financieros internacionales, todavía necesitará otros 5.000 millones de dólares para cubrir su déficit fiscal.

La 'revolución bolivariana'

A un año del frustrado golpe, Chávez pretende "transformar las estructuras económicas" de Venezuela, amparado en los 49 decretos que originaron la ruptura social de Venezuela desde diciembre de 2001, tal como lo proclamó en el acto de juramentación de la directiva de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora (CANEZ). La CANEZ, según su gestor, el profesor Adán Chávez, hermano del presidente y jefe del Instituto Nacional de Tierras, se constituye como el "comando político de la revolución agraria" que el régimen planea emprender.

De hecho, la CANEZ es una de las estructuras organizativas que el régimen creó en el último año para desplazar a las instituciones sociales tradicionales. Ya se creó el Frente Empresarial Bolivariano, para sustituir a FEDECAMARAS; a la Unión de Trabajadores Bolivarianos de Venezuela, para sustituir a la Confederación de Trabajadores de Venezuela; y así por el estilo.

Chávez se ha negado tajantemente a negociar con la oposición, organizada en torno a la Coordinadora Democrática, que aglutina a los partidos políticos y a las organizaciones civiles subsidiadas por el Proyecto Democracia del Departamento de Estado estadounidense.

Desde noviembre del año pasado, el secretario general de la OEA, César Gaviria, prácticamente se mudó a Caracas para presidir una Comisión de Negociación y Acuerdos, integrada por seis representantes de la Coordinadora Democrática y seis del gobierno, que pretendía instrumentar una salida electoral adelantada a la crisis.

Desde un principio, la posición del gobierno fue que no aceptaría ninguna otra salida que la del referéndum revocatorio, que contempla la Constitución para todos los funcionarios electos después que hayan cumplido la mitad de su período, que en el caso de Chávez es el 19 de agosto. Chávez le dijo al ex presidente estadounidense Jimmy Carter, que también aceptaría la opción de una enmienda constitucional para recortar este período y adelantar las elecciones generales. Más tarde, a instancias del gobierno estadounidense, se integró un Grupo de Amigos de Venezuela, formado por los Estados Unidos, Brasil, España, México y Portugal, cuyas gestiones en apoyo del Secretario General de la OEA han resultado infructuosas, ante el rechazo de Chávez.

Dada la renuencia del gobierno a aceptar un alternativa electoral, en la que todo mundo considera que Chávez perdería, la Coordinadora terminó aceptando la propuesta de Chávez de un referéndum revocatorio para después de agosto.

No obstante, el gobierno ya está buscando la manera de sabotear esto. Para ello, el régimen quiere nombrar una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, que garantice que no se le dará cauce a ninguna solicitud de la oposición.

Incluso, en caso de que se lleve a cabo el referéndum y que Chávez lo pierda, el vicepresidente José Vicente Rangel ha dicho que ¡el Presidente volvería a contarse entre los candidatos para las elecciones! Es decir, Chávez no tiene la más mínima intención de irse, pase lo que pase.

En medio de esta situación tan tensa, el terrorismo urbano ha comenzado a dejar huella en Caracas. Luego de que el presidente Chávez acusara a los gobiernos de Colombia y España por "interferencia", estallaron dos bombas en sendas representaciones diplomáticas de esos países en la capital venezolana. Poco después, fueron asesinados tres soldados rebeldes que formaban parte de los militares en "desobediencia legítima" acampados en una plaza pública de Caracas. Por su parte, los grupos narcoterroristas colombianos reanudaron sus acciones en territorio venezolano, y se hizo más patente la activad del Frente Bolivariano de Liberación, un grupo que defiende a las narcoterroristas Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que se adjudicó los bombazos de las sedes diplomáticas.

Y, mientras la Coordinadora Democrática sigue negociando con el gobierno un referéndum que en realidad nadie cree que tendrá efecto, la frustración de las bases de la oposición presiona más intensamente para buscar una salida militar.

La guerra en Iraq ha exacerbado más los ánimos. Carlos Dorado, presidente de la principal casa de cambio del país, Italcambio, escribió el sábado 5 en el diario El Universal, que "sueño. . . de vez en cuando con la llegada de los portaviones americanos a La Guaira (el puerto de Caracas—ndr.), y [con] esos soldados americanos bien uniformados subiendo por la autopista con sus tanques, mientras sus modernos aviones sobrevuelan Caracas", y que vienen y decretan "después de unas pocas escaramuzas el fin de nuestra guerra, y con un plan de reconstrucción nacional debajo del brazo". El domingo 6, en el mismo diario, Carlos Zubillaga Oropeza escribió: "¡Bush, carrizo, manda los marines para acá y cáele a bombazos a Chávez y sus secuaces!"

A estas alturas, todavía es poco probable que los gallinazos de Washington que lanzaron la guerra contra Iraq, se animen a emprender una acción de ese tipo, aunque no es por falta de ganas. Sin embargo, Lyndon LaRouche ha venido adviertiendo que si la comunidad internacional no atiende el peligro de la demencia clínica de Chávez, se deja la puerta abierta a una "solución tipo Allende" del problema venezolano. Y la situación ya está llegando a ese punto.

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