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por Maximiliano Londoño Penilla

El Presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez le solicitó ayuda el 13 de enero al director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Horst Köhler, cuando en el marco de la Cumbre de las Américas realizada en Monterrey, México, dijo que "el Fondo Monetario y las instituciones multilaterales nos pueden ayudar, como nos deben ayudar, aceptando una sugerencia que es de todos los países suramericanos, y es no incluir en los techos fiscales todo lo que es inversión en infraestructura". Por ejemplo, dijo Uribe, "en la medida en que las inversiones de [la empresa petrolera] Ecopetrol no se contabilicen para medir el techo fiscal, nosotros tenemos más espacio para la inversión social". "Si vamos a hacer una carretera o habilitar una hidrovía que se requiere internacionalmente, ¿Por qué nos contabilizan eso dentro del techo fiscal?" preguntó, y añadió: "Que no nos contabilicen eso dentro del techo fiscal, eso nos daría la oportunidad de avanzar en inversiones que tienen un gran impacto social".

El Presidente Uribe también pidió la ayuda del FMI para que la deuda más onerosa y de corto plazo del país pueda refinanciarse en condiciones más favorables. Uribe se comprometió además a seguir con los draconianos programas de ajuste del Fondo, dizque para "cortar todos los gastos innecesarios y derrotar la corrupción".

Es claro que Uribe se percata de que Colombia y el mundo atraviesan una gran crisis económica, y de que las recetas que hasta el momento aplica por órdenes del Fondo no dejan margen para el crecimiento de la producción y el empleo. También admite el Presidente que lo que se requiere es impulsar una política a lo Franklin Delano Roosevelt, es decir, emprender grandes proyectos de infraestructura, como lo ha planteado el economista y precandidato presidencial demócrata, Lyndon H. LaRouche, para generar una genuina recuperación económica.

El problema de Uribe, al igual que el de otros jefes de Estado, es que piensa que sin pelear políticamente y por un simple acto de generosidad espontánea de los banqueros internacionales, éstos decidirán reorientar sus políticas hacia el bienestar general de la población, y abandonar el saqueo salvaje al que han sometido a las naciones del mundo para garantizar la "sosteniblidad de la deuda", o sea, el pago sacrosanto del servicio de una deuda cancerosa que crece más rápido que los ingresos de las naciones.

Como lo admite el propio presidente Uribe, la pobreza ha aumentado de forma impresionante en Colombia, y el servicio de la deuda consume ya el 40 por ciento del presupuesto nacional, una deuda que representa el 52 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Victoria pírrica

El ministro de Gobierno y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, acaba de anunciar que el gobierno quiere lograr una Gran Acuerdo Nacional, no para fomentar la producción y el empleo, sino para establecer reformas de fondo a "la estructura y la composición de los impuestos e ingresos del Estado". En otras palabras, todavía no acaba de aprobarse una nueva reforma tributaria, escasamente a un año de haberse aprobado una, cuando ya se está hablando de sacarle más impuestos a la población colombiana.

Si Uribe insiste en cumplir con los programas de austeridad que le impone el FMI, podría ocurrir, como ya ha pasado en otras naciones de la región, que termine cediéndole el poder a un Lucho Garzón, actual alcalde pro terrorista de Bogotá; a un Hugo Chávez, el desequilibrado Presidente de Venezuela; o a un cocalero como el Evo Morales de Bolivia.

El presidente Uribe debería tomar medidas concretas para garantizar la producción y el empleo, y no el pago del servicio de la deuda. Si Uribe actuara en defensa del bienestar general de un pueblo donde la mitad de la población en edad de trabajar no tiene ocupación, tendría el respaldo de la inmensa mayoría de los colombianos. Lo otro, creer que el FMI los ayudará por generosidad o altruismo, es simple ingenuidad o vocación suicida.

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