Un grupo de senadores demócratas y republicanos se avinieron a un acuerdo el 23 de mayo, que preservó el derecho al llamado “filibusterismo” y, con ello, salvó a la Constitución de los Estados Unidos del intento golpista que pretendían llevar a cabo el vicepresidente Dick Cheney y otros, tales como el líder de la bancada republicana en el Senado Bill Frist, para imponer una dictadura de derecha de la Casa Blanca. El acuerdo desarmó la llamada “opción nuclear” que Cheney y Frist planeaban detonar el 24 de mayo.

Los demócratas aceptaron que el Senado vote a favor de la ratificación de algunos (no todos) de los jueces que el presidente George W. Bush nombró al tribunal de apelaciones de los EU. A cambio, los republicanos que firmaron el acuerdo prometieron no apoyar los intentos de su dirigencia de coartar el derecho al debate (filibusterismo) de la minoría demócrata.

El estadista y economista estadounidense Lyndon H. LaRouche, quien encabezó una movilización que ayudó a crear el ambiente que hizo posible el acuerdo, recibió la noticia con beneplácito, refiriéndose a lo dicho por el decano del Senado Robert Byrd sobre el mismo. “Recuerdo las palabras de Benjamín Franklin, el más viejo de los signatarios de la Constitución de los EU. Una señora se le acercó y le preguntó: ‘Doctor Franklin, ¿qué nos han dado?’ A lo que Franklin respondió: ‘Una república, señora, ¡si pueden conservarla!’ La hemos conservado”, dijo Byrd. LaRouche, por su parte, añadió: “Éste fue un disparo que se oirá por todo el mundo”.

El senador Harry Reid, jefe de la bancada demócrata en el Senado, dijo complacido: “Le hemos enviado al presidente George Bush, al vicepresidente Dick Cheney y al ala radical de la base republicana un mensaje innegable: no se tolerará el abuso del poder”. Pero el republicano Frist dejó claro que no le gustó para nada el acuerdo, que fue negociado por siete senadores republicanos encabezados por John Warner de Virginia, e igual número de demócratas encabezados por Byrd.

En la víspera, los partidarios de LaRouche habían repartido miles de volantes en Washington y el resto del país con una declaración que éste emitió a través de su comité de acción política LaRouche PAC: “¡A rescatar nuestra Constitución ya!” LaRouche dijo que el plan de Frist, Cheney y Karl Rove, el estratega político (a quien LaRouche llamó el “ministro de propaganda”) de Bush, equivaldría a un golpe de Estado.

Según la propaganda de la Casa Blanca y sus partidarios, los demócratas no querían ratificar a los nombrados por Bush por sus creencias religiosas. Pero, en la declaración que emitió el 22 de mayo, LaRouche dijo que las creencias religiosas de los presuntos jueces no eran el motivo de la renuencia. “Los ciudadanos de los EU no deben dejarse engañar otra vez. Deben reconocer lo que realmente está detrás de este intento malvado de la Casa Blanca de hacerse del poder dictatorial unipartidista”, dijo LaRouche. “Lo fundamental no son las creencias religiosas de los jueces; la cuestión, como lo fue con la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789 y con la toma de poderes dictatoriales por Hitler el 28 de febrero de 1933, es económica simple y llanamente. A estos candidatos derechistas a la magistratura los están instalando para que ayuden a robarle la alcancía a tu niño, lo cual difícilmente es una empresa cristiana”.

Añadió: “Sin las presiones salvajes que vienen desde los círculos más encumbrados del Gobierno de Bush, muchos republicanos presto se unirían con los demócratas para impedir que la Casa Blanca de Bush lleve a cabo su pretendido complot anticonstitucional. Por tanto, hay que darle un respaldo abrumador de inmediato tanto a los dirigentes demócratas como a los senadores republicanos preocupados, pero con frecuencia intimidados”.

Respecto a “la confirmación de jueces con inclinaciones fascistas, la cuestión no es religión sino economía. La pregunta es, ¿qué partido tomarán esos jueces cuando los tiburones financieros vengan a comerte con un embargo de tus bienes?

“Hay un paralelo ominoso entre las actividades incendiarias del radical derechista ministro de propaganda de la Casa Blanca Karl Rove y el complot del vicepresidente Dick ‘Hermann’ Cheney, y las actividades incendiarias que usó Hermann Göring para que el ‘reichschancellor’ Adolfo Hitler asumiera poderes dictatoriales el 28 de febrero de 1933. Hitler jamás cedió esos poderes hasta el día en que se suicidó en Berlín el 30 de abril de 1945. Decenas de millones de personas murieron a consecuencia de lo que sucedió en Berlín el 27 y 28 de febrero de 1933. Ahora que el Gobierno de Bush presiona para ‘usar preventivamente’ las armas nucleares existentes, mucho más que decenas de millones morirán por todo el mundo si dejamos que los EU sigan ese mismo camino ahora.

“En este momento la economía de los EU está al borde de un derrumbe financiero y físico–económico generalizado más grande que el de 1929–1933, y las fuerzas que controlan a la patética figura que ocupa el despacho presidencial —tales como el supuesto ‘Hjalmar Schacht’ de la situación, el ex compinche de Pinochet, George Pratt Shultz, quien es el arquitecto de la presidencia de Bush II y un promotor clave del intento del Presidente por robarte la protección del Seguro Social a lo Pinochet—, están empeñados en que el pueblo no tenga pensiones, ni atención médica, ni protección contra el enorme desplome del presente sistema financiero mundial que se nos viene encima.

“No hay ninguna excusa para que nadie apoye este intento del Gobierno de Bush de hacerse de poderes dictatoriales”.

Para cambiar el reglamento del Senado es necesario que lo aprueben dos tercios de los senadores, lo que equivale a 67 de ellos. Pero Cheney y Frist planeaban un truco parlamentario para hacerlo por mayoría simple.

Frist encendió la mecha de la ‘opción nuclear’ el 18 de mayo, cuando llevó ante el pleno para su ratificación los nombramientos de dos de las jueces más polémicas que Bush nombró al tribunal federal de apelaciones: Priscilla Owen de Texas y Janice Rogers Brown de California. Al día siguiente anunció que el 24 de mayo presentaría una moción para limitar el debate sobre los jueces. De acuerdo con las reglas del Senado, son necesarios 60 votos para suspender el debate. Pero el plan era que el vicepresidente Dick Cheney, en su condición de presidente del Senado, declararía “anticonstitucional” el requisito de los 60 votos para suspender el debate de nombramientos judiciales. Cheney entonces tendría que violar el reglamento, ya que una moción para cambiar las reglas requiere 67 votos para aprobarla. Si Cheney echaba a un lado la regla de los 67, habría dado el golpe.

Varios senadores señalaron durante el debate, que lo que distingue al Senado de la Cámara de Representantes, el otro brazo del Congreso de los EU, es que el Senado protege los derechos de la minoría, mientras que la Cámara es un órgano mayoritario. El hecho de que los padres de la Constitución le dieran al Senado, y solamente al Senado, el poder de dar su “consejo y consentimiento” a los nombramientos presidenciales, indica que querían que se escuchara la voz de la minoría. A lo largo de los más de dos siglos de existencia del Senado, una de las formas de proteger los derechos de la minoría ha sido a través del debate prolongado, lo que popularmente se conoce en los EU como el “filibusterismo”.

El senador Frank Lautenberg, demócrata por Nueva Jersey, dijo explícitamente que lo que planeaba Cheney era “un golpe de Estado”. Durante el debate, Lautenberg denunció los intentos del líder de la mayoría republicana Bill Frist, de “aniquilar más de 200 años de tradición de este Senado, al deshacerse del derecho al debate prolongado”.

Pero Lautenberg fue mucho más allá, y nombró a los verderos culpables y llamó las cosas por su nombre.

“Quiero que el pueblo estadounidense entienda lo que va a pasar en el seno del Senado si las cosas salen como lo tienen planeado. El vicepresidente Dick Cheney, a quien rara vez vemos en este recinto, vendrá acá con el propósito específico de romper las reglas que rigen las operaciones del Senado. Él ocupará la silla de la presidencia del Senado, y hará algo que no recuerdo haber visto en mis más de 20 años en el Senado. . . Piensen en la ironía. El vicepresidente Cheney ayuda a nombrar los jueces federales, y cuando el Senado se opone a los jueces escogidos por el Gobierno, él viene aquí a romper nuestras reglas para ratificar a sus jueces. ¡Qué abuso de poder! Esto haría temblar a los padres fundadores. . . Mañana veremos lo que equivale a un golpe de Estado, una toma [del poder] aquí mismo en el Senado”.

En su intervención inicial Reid, el dirigente demócrata, dijo que, “el derecho al debate prolongado nunca es más importante que cuando un solo partido controla el Congreso y la Casa Blanca”. Añadió que, “en estos casos, el filibusterismo sirve como un freno al poder y para conservar nuestro gobierno limitado”.

“Ahora mismo el único freno que tiene el presidente Bush es la capacidad que tienen los demócratas de plantear sus preocupaciones en este cuerpo, el Senado”, continuó Reid. “Si los republicanos derogan nuestros derechos en esta cámara, no habrá freno a su poder. La derecha radical estará en libertad de seguir el plan que quiera, y no sólo en lo que toca a jueces. No habrá freno a su poder respecto a nombramientos a la Corte Suprema, los nombramientos del Presidente en general, ni en cuanto a legislación tal como la privatización del Seguro Social”.

El senador Patrick Leahy de Vermont, el dirigente de la minoría demócrata en la Comisión Judicial del Senado, lo planteó de esta forma: “El propósito del Senado era impedir que el Ejecutivo actuara como un rey”. Dijo que éste no era un incidente aislado, sino “parte de un esfuerzo sostenido de este Gobierno y de agentes partidistas en este Congreso para consolidar el poder en un sólo brazo, el Ejecutivo, y hacerle caso omiso a nuestra historia constitucional de tres poderes que actúan como frenos y contrapesos uno del otro”.

El senador Ken Salazar, demócrata por Colorado, dijo en una conferencia de prensa que los intentos de ejercer control absoluto sobre todos los poderes del gobierno federal, constituyen “un esfuerzo por transformar nuestra democracia. . . en esencialmente una dictadura”.

Desde principios del Gobierno de Bush, LaRouche viene advirtiendo que en condiciones de crisis financiera, los que detentan el poder tratarían de imponer medidas dictatoriales. Vimos las medidas de Estado policíaco (redadas y detenciones) que impusieron luego de lo del 11–S, y cómo precipitaron a un Congreso asustado a darle su aprobación a la ley Patriota.

Hemos visto las reiteradas aseveraciones de que el Presidente no tiene que hacerle caso al Congreso, ni cumplir con las obligaciones contraídas por los EU a través de las Convenciones de Ginebra y la ley federal Contra las Torturas, cuando actúa en su función de comandante en jefe en tiempos de guerra. Es bien sabido que Dick Cheney y su asesor legal son los principales promotores de esta doctrina en el Gobierno.

Lo que estaba en juego en la pelea del Senado no eran los candidatos específicos a jueces del tribunal de apelaciones, por indeseables que fueran. Ni siquiera era la cuestión más importante de las vacantes que se espera que pronto se den en la Corte Suprema de los EU. Lo medular es un ataque fascista generalizado contra la Constitución de los EU. El hecho de que los individuos nombrados por Bush al tribunal de apelaciones sean todos fascistas abiertos, cuyo cometido es desmantelar todo el legado del Nuevo Trato de Franklin Roosevelt, indica lo que traen entre manos.