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Derrotan a los amigos nazis de Alito en Chile

por Cynthia R. Rush

Cuando Michelle Bachelet, la candidata socialista de Concertación, la coalición de gobierno de Chile, no sólo derrotó al candidado de la coalición derechista Alianza por Chile —el magnate multimillonario Sebastián Piñera— en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 15 de enero, sino que ganó una victoria abrumadora. Bachelet, que ocupó las carteras de Salud y Defensa en el Gobierno saliente del presidente Ricardo Lagos, obtuvo el 54% de los votos, más que el 51% que sacó Lagos cuando ganó en el 2000, y le propinó un golpe contundente al aparato fascista que instaló al hitleriano dictador Augusto Pinochet en el poder con el salvaje golpe militar que derrocó y asesinó a Salvador Allende Gossens, elegido presidente democráticamente.

La derrota de Piñera no fue solamente un asunto chileno, sino también una gota amarga para los intereses financieros sinarquistas responsables del ascenso del juez nazi Samuel Alito a la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Pinochet fue una criatura suya. Las redes financieras angloholandesas representadas por el ex secretario de Estado de EU, George Shultz, por el agente de la Lazard Frères Félix Rohatyn y por el ex secretario de Estado Henry Kissinger, organizaron el golpe de 1973 en Chile, luego dirigieron el aparato de tortura y asesinato de la operación Cóndor para imponer la política económica librecambista que trajeron los economistas adiestrados en la Universidad de Chicago.

Su norte en Chile fue la filosofía del “jurista de la corona” de Adolfo Hitler, Carl Schmitt, cuya doctrina legal Alito y sus aliados en la Sociedad Federalista quieren hacer hegemónica en la Corte Suprema de EU. Schmitt fue el autor de los decretos que le permitieron a Hitler hacerse del poder en 1933 en las “condiciones de emergencia” creadas por el incendio del Reichstag.

Jaime Guzmán Errázuriz, un seguidor de Carl Schmitt que desempeñó una función clave en la junta de Pinochet como asesor legal del dictador, recurrió a la doctrina de Schmitt para justificar el golpe e imponer un reino de barbarie y terror sobre el pueblo chileno por 17 años. Este ideólogo dizque católicó rompió la Constitución chilena de 1925, igual a como el Francisco Franco al que tanto admiraba rompió la de España de 1931, y argüyó que la “amenaza comunista” representada por Allende lo justificaba todo, desde la violencia extrema, hasta la tortura y el asesinato.

La Constitución que escribió en 1980 era un ejemplo de primera de la sofistería a lo Schmitt. Todas las garantías constitucionales fueron eliminadas. La carta establecía una “democracia protegida” cuyos guardianes eran los militares, e incorporaba los preceptos contrarios al Estado nacional de economistas fascistas tales como Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises.

No más Pinochet

El candidato favorito de esta pandilla era Sebastián Piñera, y su derrota refleja cómo están cambiando las cosas en Chile, y en Washington. Sus intentos de hacerse pasar como un “humanista cristiano” preocupado por el sufrimiento de los pobres no le cayeron bien al pueblo de Chile. El multimillonario tenía el apoyo de la Unión Democrática Independiente (UDI), el partido fundado en 1983 por Jaime Guzmán como el aparato de apoyo civil para la dictadura de Pinochet.

Aunque muchos chilenos no están convecidos de que Michelle Bachelet romperá con el modelo de libre mercado que ha empobrecido al país desde 1973, ni aun con el Gobierno del presidente Lagos, tampoco estaban dispuestos a elegir a alguien con una conexión tan explícita con el horror y el saqueo económico de la dictadura, no importa cuánto Piñera trató de distanciarse de Pinochet.

Aunque educado en Harvard, Piñera es un seguidor filosófico de los “Chicago Boys” librecambistas. Al igual que su hermano José, quien privatizó el sistema de pensiones y “reformó” hasta la desaparición los derechos laborales y sindicales cuando era ministro del Trabajo de la dictadura de 1978 a 1981, Sebastián hizo su fortuna bajo el Gobierno de Pinochet. Hasta se decía que, de haber ganado, Sebastián hubiera nombrado a José como su ministro de Economía.

Muchos dirigentes de Iberoamérica se han percatado de que el aparato del vicepresidente Dick Cheney ha perdido mucho poder en Washington recientemente, gracias a la movilización agresiva encabezada por el estadista Lyndon LaRouche y su Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL) para poner al descubierto la campaña hitleriana contra la Constitución de EU. En los días previos a las elecciones del 15 de enero EIR bombardeó a Chile con un boletín de prensa y un artículo que daban cuenta de la publicación del folleto “Los hijos de Satanás IV”, que detalla el papel que tuvieron Schmitt y Rohatyn en el golpe de 1973 en Chile, y los vínculos de Piñera con ese aparato. El material, que llegó desde Washington y el capítulo del MJL en Argentina, circuló entre decenas de miles de sindicalistas, funcionarios del gobierno, estudiantes, la prensa y centros de estudios.

El hecho de que las autoridades chilenas estén apretando el paso en su ofensiva legal contra el nonagenario general Pinochet, su familia y su camarilla, refleja este nuevo ambiente. El 23 de enero el juez Carlos Cerda sometió a proceso por evasión tributaria y falsificación a todo el clan Pinochet, incluyendo a una de sus nueras, a su ex asesor financiero y a su ex secretaria personal, en relación con los casi 30 millones de dólares que habían depositado en el banco Riggs de Washington, y en mucha otras cuentas bancarias extranjeras y paraísos fiscales de ultramar durante la dictadura.

Tal vez hasta más significativo fue el dictamen previó de un tribunal de apelaciones de Santiago, que el 19 de enero le quitó a Pinochet la inmunidad, por lo que ya no es impune por la tortura y la desaparición de detenidos en Villa Grimaldi, un campo de concentración al mando del ex oficial de la SS nazi y pedófilo Paul Schaefer, y la DINA, la policía secreta de Pinochet. Tan sólo en los últimos años es que han salido a la luz las pruebas que documentan toda la gama de prácticas inhumanas que llevaron a cabo Schaefer y la DINA en Villa Grimaldi. Éstas incluían experimentos médicos de corte nazi, como inyectar a los detenidos con drogas tóxicas. Con frecuencia, las víctimas inyectadas eran arrojadas desde aviones al océano, con lo que pasaban a las filas oficiales de los “desaparecidos”.

El general Pinochet ya había sido desprendido de su inmunidad en cuatro casos que implicaban tanto delitos financieros como violaciones de derechos humanos, pero el dictamen del 19 de enero fue la primera vez que se le acusó directamente por las torturas y los desaparecidos. Este dictamen conlleva un significado especial para Bachelet. En 1975, un año después que su padre, el general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet Martínez, fuera arrestado y torturado a muerte por órdenes de Pinochet, la entonces estudiante de medicina de 24 años y su madre, Ángela Jeria, fueron detenidas y torturadas en Villa Grimaldi, antes de obligárseles a salir al exilio en Australia y Alemania Oriental.

Bachelet casi no habla, ni en público ni en privado, sobre la tortura psicológica y física que sufrió en carne propia en Villa Grimaldi, ni del encarcelamiento y la tortura a los que fue sometido su padre durante meses antes de morir de un paro cardíaco. Pero la noche de su victoria electoral el 15 de enero hizo una pausa en las celebraciones para decir con voz emocionada: “Hay alguien que en este momento estaría muy orgulloso. Un hombre al que quisiera abrazar esta noche. Este hombre es mi padre, Alberto Bachelet Martínez, general de la Fuerza Aérea de Chile”. El general Bachelet, quien se oponía a Pinochet, estuvo a cargo de la distribución y el racionamiento de alimentos en el Gobierno de Allende.

Un calco de Hitler

La operación de Villa Grimaldi compendia el carácter nazi del régimen de Pinochet, que fue instalado en el poder por una camarilla sinarquista cuyo reino de terror iba más allá de Chile, a Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, todos gobernados por dictaduras en los 1970 y 1980. La DINA y la operación Cóndor, fundadas oficialmente en 1975, contaban entre sus asesores a criminales de guerra nazis de primera generación, que habían sido sacados de contrabando de Europa después de la Segunda Guerra Mundial por la facción anglófila de la comunidad de inteligencia de EU jefaturada por James Jesus Angleton y Allen Dulles.

No por nada algunos militares chilenos le dijeron a un agregado militar de EU que pensaban que la DINA de Pinochet estaba convirtiéndose en “una Gestapo moderna”. Las “líneas de ratas” que Dulles y Angleton organizaron, llevaron a ex oficiales de la SS y criminales de guerra nazis a varias naciones sudamericanas para ayudar a supervisar el exterminio de decenas de miles de “subversivos” bajo la operación Cóndor.

Ésta formaba parte de un aparato neofascista mundial, uno de cuyos engendros europeos fue la operación Gladio y la “estrategia de tensión” relacionada. De allí que el fascista italiano Stefano Delle Chiaie, una ficha clave en el aparato de Gladio, también trabajó para el general Manuel Contreras, jefe de la DINA de Pinochet. Delle Chiaie posteriormente se conectó con el criminal de guerra nazi Klaus Barbie, el “carnicero de Lyon”, quien llegó a Bolivia a través de las “líneas de ratas” para montar el golpe de 1980 que llevó a los notorios “coroneles de la cocaína” al poder en ese país.

Las mismas fuerzas bancarias angloholandesas que financiaron el ascenso de Hitler al poder, funcionaban en Chile a través de entidades tales como la International Telephone and Telegraph Co. (ITT), un cartel mundial de telecomunicaciones con un extenso historial de colaboración con los nazis. ITT, a cuya junta pertencía Félix Rohatyn de Lazard Fréres, tiró millones de dólares a fines de los 1960 en un intento por impedir la elección de Salvador Allende. Cuando eso no funcionó, financiaron el golpe militar en su contra, siempre en estrecha coordinación con la CIA y con el asesor de seguridad nacional de Richard Nixon, Henry Kissinger. El grupo paramilitar fascista Patria y Libertad, al que pertenecía Jaime Guzmán a principios de los 1970, recibió ingentes sumas de la CIA para ayudar a la desestabilización del Gobierno de Allende.

En una entrevista que le hiciera el Sistema de Difusión Pública de EU en octubre de 2000, George Shultz mintió que los militares derrocaron a Allende porque estaba “estatizando el sistema chileno”, en vez de darle rienda suelta al “mercado”. Cuando resultó que los pobres militares no sabían de economía, insistió Shultz, “algunas personas que llegaron a ser conocidas como Chicago Boys” porque habían estudiado en la Universidad de Chicago, “levantaron las manos y dijeron: ‘nosotros sabemos qué hacer’ ”. Estos jóvenes magníficos no tuvieron nada que ver con las “brutalidades innecesarias” que los militares “sin duda” tuvieron que cometer, aseveró Shultz.

Bueno, no precisamente. El subdirector de inteligencia interior de la DINA estaba a cargo de supervisar las actividades públicas y privadas de los intereses de negocios y económicos para asegurar que cumplieran con la política económica del gobierno. Es decir, que los militares fascistas velaban por el cumplimiento de la misma austeridad en Chile que Hjalmar Schacht, el ministro de Economía de Hitler, había impuesto en Alemania. Y era lo mismo con las otras dictaduras vecinas en Sudamérica.

En su autobiografía, Shultz hace alarde de que las políticas de libre mercado de sus “Chicago Boys” restablecieron la “prosperidad económica” en Chile, y desde medidados de los 1980 él y sus aliados bancarios y en los medios han presentado a Chile como un tremendo “milagro” económico digno de emularse en cualquier parte, hasta en EU.

¿Un milagro para quién? La “democracia protegida” de Jaime Guzmán pisoteó el bienestar general de la población, pero le permitió a los grupos económicos más poderosos de Chile, y a la familia y los amigos de Pinochet robarle al Estado por lo menos mil millones de dólares, según cálculos conservadores, durante la orgía privatizadora de los 1970 y 1980, cuando cientos de empresas rentables se le vendieron por una bicoca a los amigos de los Chicago Boys que manejaban la economía. Al mismo tiempo, una desregulación desenfrenada destruía salvajemente las protecciones que antes tenía la fuerza laboral, mientras que el desempleo subía hasta las nubes en medio de una austeridad cada vez más perversa.

Para 1989 el trabajador promedio estaba en peores condiciones que en 1970, y el 41,2% de la población vivía en la pobreza. En 1970 el 40% más pobre de la población consumía una dieta diaria de 2.019 calorías per cápita. Para 1980 había bajado a 1.751 calorías, y para 1990 a 1.629 calorías. De 1972 a 1988 el porcentaje de chilenos sin vivienda adecuada aumentó de 27 a 40%. Hubo un crecimiento excesivo de las villas miseria alrededor de Santiago y otras ciudades, donde los pobres dependían de comedores de caridad. En 1975 el nivel de desempleo era de 18,7% y marcó un promedio de 15,7% durante los siguientes 10 años.

El presidente saliente Ricardo Lagos dice que ha avanzado mucho en reducir la pobreza en Chile, lo que muchos patriotas chilenos dudan, dado los millones de ciudadanos que todavía viven en la miseria.

El empleo hoy, en el mejor de los casos, es precario. Un número creciente de trabajadores depende de empleos “tercerizados”, contratos a corto plazo, o autoempleos que no ofrecen ninguna prestación ni protección social. Treinta y dos años después de que los Chicago Boys empezaran a imponer su austeridad schachtiana, sólo el 1,5% de la población chilena consume una dieta nutritiva, por ejemplo. Según un estudio divulgado por la Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile en 2005, la mayoría de la población no tiene acceso a frutas, vegetales ni productos lácteos.

¿Ahora qué?

Pese a que en la historia de Chile hubo tendencias políticas que admiraban y trataron de emular el Sistema Americano de economía política en varios momentos, durante gran parte de su vida independiente el país ha servido como un puesto de avanzada de los intereses financieros británicos y europeos. En la guerra del Pacífico de 1879–1881, los británicos lo usaron para aplastar a los partidarios del Sistema Americano en Perú, y para que provocara conflictos fronterizos y guerras en aras de sus intereses financieros y geopolíticos en las décadas subsiguientes. La toma de territorio boliviano durante la guerra del Pacífico dejó un legado de enemistad entre Chile y su nación vecina, que ha sido explotado por sinarquistas en ambos países y a nivel internacional.

La pregunta ahora es si la presidenta Bachelet romperá con el modelo sinarquista que ha dominado a Chile por décadas. Ha jurado que su Gobierno ayudará a los que se han quedado atrás, y garantizará justicia social y participación. Ha puesto especial hincapié en reformar el sistema privatizado de pensiones que impuso el amigo de Jaime Guzmán, José Piñera, que le robó a millones la oportunidad de obtener una pensión decente. El senador electo Guido Girardi del Partido por la Democracia (PPD), parte de la coalición Concertación de Bechelt, ya ha lanzado la primera andanada en su lucha contra los “criminales de cuello y corbata” que controlan las administradoras de fondos de pensiones.

Las condiciones para que Bachelet rompa con el modelo económico actual están dadas. Argentina ha creado el marco para que Chile actúe de forma positiva con su oposición a los dictados neoliberales del Fondo Monetario Internacional y su alianza con Brasil, para impulsar la integración y cooperación regional en la industrialización e independencia económica.

La primera seña de un cambio se vio cuando el presidente Lagos dio el paso sin precedentes de asistir a la toma de posesión del presidente boliviano Evo Morales el 22 de enero, y se reunió con su homólogo en su casa. Ésta es la primera vez que un presidente chileno asiste a la toma de posesión de un mandatario boliviano desde 1955. Lagos insistió que el diálogo, no el conflicto, debe caracterizar las relaciones entre ambos gobiernos, y planteó la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas, suspendidas desde 1978.

Bachelet se hizo eco de esos sentimientos y los llevó a un plano superior en una entrevista con El País de España, que apareció el 23 de enero: “Soy una mujer que entiende que lo mejor es una política de integración y cooperación, porque tenemos desafíos comunes y podemos trabajar estrechamente en los desafíos de cada país e internacionales”. Subrayó que ella no es partidaria de las “caricaturizaciones” que se hacen de algunos de los líderes de Iberoamérica, una referencia a Morales y a Hugo Chávez de Venezuela, y dijo que la región es testigo de “un proceso de cambio donde los nuevos gobernantes tienen un alto apoyo, algo muy importante en el caso de Bolivia. . . Todos hemos aprendido que no queremos volver a mirar el mundo con los ojos de la guerra fría”. No me interesan los estereotipos, dijo.

Esa clase de lenguaje asusta a los banqueros sinarquistas, tales como los de Lazard Frères, quienes le dan la línea al Washington Post. En un editorial muy nervioso que publicó el 17 de enero, el Post dijo que Bachelet no tendrá nada que ver con el “estatismo populista” asociado con Evo Morales y, por implicación, con el presidente Néstor Kirchner de Argentina. Ojalá que la nueva Presidenta de Chile, dijo el Post, “no vaya a cuestionar los fundamentos de la creciente prosperidad de su país, que son los mismos libre comercio, inversiones extranjeras y libre mercado que en otras partes de la región se satanizan como neoliberalismo”. Y se quejó: ¿por qué las élites de la región han demorado tanto “en absorber las lecciones del éxito de Chile”?

Tal vez estén hastiadas de semejante “éxito”.