El equipo de Biden trabaja por reiniciar las guerras de despoblación en Centroamérica
Este artículo se publicó en la edición del 4 de junio de 2021 de Executive Intelligence Review.
Por Gretchen Small
30 de mayo 2021 — La estrategia Biden-Harris para resolver la crisis migratoria en la frontera sur de EU, no es la política humanitaria que se dice que es. Es sencillamente el nuevo empaque de la misma política de despoblación, explícitamente maltusiana, elaborada hace cinco décadas por las fuerzas aliadas de los británicos en los círculos gobernantes de Estados Unidos, que hoy están decididas a acabar con Estados Unidos y con la mayor parte del resto del planeta, mediante el fraude del “Gran Reajuste Verde”.
Para que juzguen esto por ustedes mismos, comiencen con lo que es necesario:
Ha llegado el momento para Centroamérica de liberarse de la pobreza y las guerras. Con una línea de ferrocarril de alta velocidad que atraviese la región y que cruce (preferiblemente) con dos grandes canales que crucen el istmo, los siete países de Centroamérica están perfectamente situados para convertirse en un moderno centro agrícola, industrial y logístico de la Iniciativa de la Franja y la Ruta global durante la próxima década o dos (Ver mapa en Gráfico 1).
Para lograr esto, será necesaria una explosión de brigadas de alfabetización, programas de formación para profesores, profesionales de la salud, trabajo calificado y técnicas modernas de agricultura. Los ingenieros centroamericanos jóvenes y el empleo calificado tendrán años de trabajo por delante para desarrollar la región en un vínculo productivo entre los continentes de América del Norte y del Sur, y también entre el Pacífico y la Cuenca del Caribe. Se necesitan innumerables carreteras y líneas ferroviarias de enlace para conectar los pueblos y ciudades de la región con el corredor de desarrollo que se extendería en ambos lados del ferrocarril transcontinental. Se necesitan nuevos hospitales, cientos de clínicas y miles de escuelas. Se debe congregar la pericia en la gestión de agua y control de inundaciones para desarrollar estrategias que protejan a la región de los efectos de los huracanas que inevitablemente llegan a Centroamérica.
Este desarrollo requerirá mucha más gente, pero Centroamérica tiene mucho espacio para creer. Su territorio es un tercio más grande que el de Japón, que tiene una población 2,5 veces más grande que la de Centroamérica. La población de Centroamérica solo se acerca ahora a los 50 millones de personas, dado que millones de centroamericanos fueron obligados a emigrar durante las últimas cuatro décadas para sobrevivir.
Los centroamericanos están ansiosos por ese cambio. Hartos de la falta de infraestructura, de empleos, de futuro, hartos de pandillas bestiales y de guerras de narcotráfico, se han dado cuenta de que China, que en otro tiempo estuvo tan empobrecida y destruida como ellos lo están todavía, se ha transformado a sí misma en un gigante tecnológico de clase mundial, y en el proceso eliminaron la pobreza. Panamá, Costa Rica y El Salvador han aceptado la oferta de China para trabajar juntos en el desarrollo por medio del proyecto de infraestructura de la Franja y la Ruta; otras naciones de Centroamérica están considerando hacer lo mismo. No quiere otra cosa más que Estados Unidos se una a China para ayudarles a llevar a cabo este desarrollo.
Desde ese punto de vista, ahora observen lo que ofrecen Biden-Harris:
La transformación de la economía de Centroamérica se ha de entregar a los rabiosos maltusianos del Foro Económico Mundial (el grupo Davos), mientras que cualquier gobierno que se reúse a jugar con el “orden basado en reglas” angloamericano, o que proponga trabajar con China en materia de desarrollo, será objeto de sanciones y a las bien conocidas operaciones para efectuar un cambio de régimen.
Esta última no es una amenaza vana: el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya ha sido etiquetado por Washington de “autoritario”, y su gobierno está ahora bajo ataque. Bukele fue elegido en 2019 con la promesa de derrocar “la política tal y como ha sido”, poner a la gente en primer lugar, resolver los problemas económicos físicos y proporcionar seguridad. Los pequeños pasos que pudo dar en sus primeros dos años de mandato, le valieron a su partido “Nuevas Ideas” una abrumadora victoria en las elecciones de medio término, en febrero de 2021.
También le ha valido una gran popularidad en toda la región. Un grupo de siete alcaldes hondureños que recurrieron al Presidente Bukele personalmente, para conseguir vacunas para su pueblo (que el gobierno de Biden se ha negado a entregar todavía), relataron a representantes del Instituto Schiller la semana pasada las condiciones de sus empobrecidos pueblos. Un alcalde describió cómo las mujeres embarazadas en su pueblo, no tienen instalaciones médicas de cualquier tipo donde puedan dar a luz con seguridad. El hospital más cercano está en Tegucigalpa, la capital de la nación, que está solo a 34 kilómetros de distancia, pero no hay carreteras mediante las cuales se puedan llegar a la capital, por lo que las mujeres tiene que caminar de tres a cuatro horas a pie, antes de poder tomar un autobús para llegar al hospital.
Aquí identificamos resumidamente las raíces de tales condiciones que aún existen en la región, que los gobiernos sucesivos de Estados Unidos insisten en que es “su patio trasero”. Las raíces se remontan a cinco décadas atrás, al periodo en el que se estableció la despoblación maltusiana como política de seguridad nacional de Estados Unidos, a raíz de que el Presidente Nixon pusiera fin al Sistema de Bretton Woods en nombre de los intereses británicos en 1971. La despoblación fue acompañada de una política de fomento del narcotráfico en todo el continente americano, en nombre del sistema bancario internacional, que por otro lado estaba en bancarrota.
El estadista estadounidense Lyndon LaRouche combatió esas políticas con uñas y dientes en cada paso del camino. Centroamérica sería ya esa parte boyante del Proyecto de la Franja y la Ruta, si Henry Kissinger no hubiera ganado la batalla política en el gobierno de Reagan contra la famosa estrategia Operación Juárez de Lyndon LaRouche, en 1982, para remplazar la usura de la deuda con una serie de esos grandes proyectos de desarrollo de infraestructura a lo largo de las Américas.
El autoproclamado agente británico Kissinger, y sus secuaces dentro de la burocracia permanente de los gobiernos estadounidenses, impulsaron la reducción de la población y el modelo colonial británico de “Hong Kong” como el futuro de la región, y ganaron la partida. Desde entonces, ningún Presidente estadounidense se ha opuesto a ese programa imperial.
Los miles de niños centroamericanos no acompañados que llegan a la frontera de Estados Unidos, son el resultado de esa política. También lo son las drogas y las bandas narcotraficantes que se ven por todo Estados Unidos. Ha llegado el momento de arrancar de raíz hasta el último reducto de esta perspectiva maltusiana del gobierno estadounidense.
El “Plan de Migración” de Biden-Harris para el cambio de régimen
Desde la campaña presidencial, el equipo Biden-Harris ha prometido que lanzará un estrategia de cuatro años y $4 mil millones de dólares, para abordar “La causas fundamentales de la migración irregular” desde México y los tres países de Centroamérica, que Washington, DC, ha tomado para llamarles el “Triángulo Norte”: Guatemala, El Salvador, y Honduras.
No se ha puesto en marcha ningún programa de ayuda económica. No ha habido una exportación de vacunas contra la Covid-19 (que llegará “algún día de estos”). En cambio, lo que se ha puesto en marcha es el impulso de las sanciones y el cambio de régimen como punta de lanza de la "estrategia de las causas fundamentales" del equipo Biden.
La Orden Ejecutiva del Presidente Biden del 2 de febrero “sobre la creación de un marco regional integral para abordar las causas de la migración” identifica “el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la gobernanza democrática, y el avance del Estado de Derecho” como las primeras de la cinco prioridades. “Abordar la inseguridad y la desigualdad económica” aparece en el último lugar de la lista, y no existe en absoluto cuando se llega a las acciones concretas.
El “Estado de Derecho” y la “lucha contra la corrupción” son el mantra del día. En un foro sobre la política de Estados Unidos para el “Triángulo Norte” organizado por el Consejo Atlántico el 27 de mayo, el embajador de EU para Guatemala, William Popp, se las arregló en sus declaraciones, bastante breves, para referirse al "Estado de derecho" como la clave para detener la migración, tal vez una docena de veces, con la "lucha contra la corrupción" en segundo lugar.
La primera discusión, aunque nominal, sobre la “inseguridad económica” se produjo finalmente el 27 de mayo, cuando la vicepresidente Kamala Harris, encargada de la estrategia del gobierno de Biden para reducir la migración desde la región, convocó una reunión en la Casa Blanca con doce empresas y organizaciones privadas que están activas en la región. Se anunció como un “Llamado a la acción al sector privado para profundizar la inversión en el Triángulo Norte”.
La discusión fue un insulto a la inteligencia de Centroamérica. Cuando los representantes chinos se reúnen con los gobierno de todo Iberoamérica y el Caribe, hablan sobre cómo China puede ayudar a construir y financiar importantes proyectos físico-económicos, establecer institutos avanzados de ingeniería ferroviaria, y ofrecer asistencia médica. En esta reunión de la Casa Blanca, ni siquiera estuvo en el orden del día la ayuda de Estados Unidos para algo tan mundano como la mejora de las carreteras existentes. Entre los asistentes se encontraban dos bancos colombianos, Mastercard, Microsoft, un par de organizaciones sin ánimo de lucro especializadas en "microfinanzas", "microempresas" para mujeres y "tiendas de campaña para refugiados", un productor de café y otro de yogur, "aplicaciones" para la educación, y el Foro Económico Mundial de los financieros para promover el “Gran Reajuste”.
La agenda de la Casa Blanca ce centró en discutir cómo crear un “entorno propicio para los negocios” en la región, de manera que las empresas privadas puedan proporcionar una “inclusión digital y financiera”, “agricultura inteligente desde el punto de vista climático”, y “energía limpia”. Al menos la agenda mencionó la mejora del acceso a la salubridad como un “área de interés”, y reconoció que para ello sería necesario “apoyar el acceso al agua potable y al saneamiento”. La Escuela de Salud Pública Chan de Harvard participó en la reunión, aunque hasta ahora, su mandato parece estar más interesado en la mejora de los sistemas de gestión de datos sanitarios que con la asistencia médica real.
Lo que está claro es que, a pesar de las sandeces y verborrea de la “Llamada a la acción” de Harris, es que al maltusiano Foro Económico Mundial (FEM) se le ha asignado el papel central de la coordinación de todo el programa para la región. Mientras que el FEM esté a cargo de convocar a los “actores comprometidos”, de dirigir las discusiones entre los gobiernos, la sociedad civil, las empresas, etc., y de alinear la “inversión sostenible a largo plazo” para rehacer la región tal y como la concibe, a Centroamérica no le espera ningún salto hacia una economía industrial y agrícola moderna.
Objetivo El Salvador, toma dos
La línea de que el presidente Bukele es un “autoritario” que no respeta el “Estado de Derecho” se ha venido creando desde hace un tiempo. Cuando fue elegido, muchos en Washington confiaban en que se mantendría en el lado “derechista” del juego ideológico, y especialmente, que rompería las relaciones con la República Popular de China, las cuales el gobierno anterior había establecido en los últimos meses de su administración, poniendo fin a décadas de lazos diplomáticos con Taiwán, en vez de con Pekín.
Bukele no solo no restableció las relaciones con Taiwán, como se deseaba desde Washington, sino que viajó a China en diciembre de 2019, y firmó un acuerdo con China para construir cuatro proyectos en El Salvador. Además, Bukele estableció una relación cálida con el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrados, también etiquetado como “populista autoritario” por los intereses financieros.
Pero las cosas se volvieron desagradables cuando el partido “Nuevas Ideas” de Bukele, utilizó su abrumadora mayoría en la Asamblea Legislativa de El Salvador, el 1 de mayo, para remplazar al Fiscal General y a los miembros de la Corte Suprema, que pertenecían a la oposición. Lo hicieron siguiendo el procedimiento especificado en la Constitución de El Salvador, y tenían el poder para hacerlo porque en las elecciones de medio término de febrero, “Nuevas Ideas” obtuvo una aplastante mayoría, ganando 56 escaños, dos tercios de los 84 escaños del órgano legislativo.
Los dos partidos que había dominado el país entre 1992 y 2019 fueron aplastados: la extrema derecha, el partido ARENA, ganó solo el 12% de los votos en las elecciones de medio término; el antiguo partido guerrillero e izquierdista FMLN, solo obtuvo el 6%.
La vicepresidenta de estadounidense, Kamala Harris, tuiteó el 2 de mayo sus “profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador”, y advirtió que “un sistema judicial independiente es crítico… para una economía fuerte”. El Secretario de Estado, Tony Blinken pidió a Bukele recordarle que el Fiscal General destituido, Raúl Malera, era un hombre de Estados Unidos (“un socio efectivo” en “la lucha contra la corrupción y la impunidad”). El Asesor para Asunto Latinoamericanos de Biden, Juan González, tuiteó que “así no es cómo se hacen las cosas en un estado democrático”.
El semanario The Economist de Londres sostiene que “una presión económica” es la mejor opción para doblegar a Bukele, porque eso le negaría a Bukele los fondos para llevar a cabo los programas sociales y de infraestructura, que son la base de su apoyo. Se habla de que Estados Unidos bloqueará un préstamo del FMI que se está negociando ahora, y la ex embajadora del presidente Obama en El Salvador, Mari Carme Aponte, informa que se está analizando la restricción de las remesas enviadas a El Salvador, lo que estrangularía financieramente al país: las remesas de los salvadoreños que viven en el extranjero (sobre todo en Estados Unidos), representan el 20% del PIB de El Salvador, un tercio de los ingresos de los hogares salvadoreños en general, y hasta el 50% de los ingresos de los hogares rurales.
Bukele convocó una reunión el 3 de mayo, para explicar al cuerpo diplomático destinados en San Salvador, por qué se tomaron las acciones de la Asamblea Legislativa y que fueron acciones constitucionales. Asistieron todos los representantes de las embajadas, excepto el Encargado de Negocios de Estados Unidos. Bukele explicó a los diplomáticos la corrupción de la anterior Asamblea Legislativa, así como la de los jueces y el Fiscal General destituidos. Durante 30 años, el gobierno se ha basado en “un obsceno reparto partidista del botín”.
“Nosotros queremos ser como ustedes, (Canadá) pero para ser como ustedes debemos desatarnos de lo que nos tenía anclados al subdesarrollo, si ustedes nos piden que nos anclemos a ellos, por definición siempre seremos un país pobre”
Informó de que él mismo se sorprendió de que tan jóvenes son muchos de los miembros de la nueva asamblea. Son "jóvenes que quieren cambiar su país... Así que les pido que les dejen hacerlo. Dejad que cambien el país.... Si nos atan [al pasado], siempre vamos a ser un país pobre, subdesarrollado, en el que nuestra gente va a tener que ir a Estados Unidos, o a Canadá a trabajar, porque no pueden conseguir un trabajo productivo aquí.... Dejen que nos desarrollemos nosotros mismos.... Los buenos amigos dejan que sus amigos se desarrollen también".
El Equipo Biden dio su primer paso contra el gobierno de Bukele el 18 de mayo, cuando el Departamento de Estado incluyó a dos altos funcionarios de la administración de Bukele en la lista de "Funcionarios Corruptos en Honduras, Guatemala y El Salvador" enviada al Congreso de Estados Unidos bajo la infame "Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos", que arroga al gobierno de Estados Unidos el derecho de sancionar a cualquier persona en cualquier país que elija.
El propio informe del Departamento de Estado admite que para elaborar la lista, utiliza "informes de los medios de comunicación... o alegaciones", así como "información creíble". La jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, está acusada de participar en "importantes actos de corrupción durante su mandato" (no hay más detalles), mientras que los supuestos "importantes actos de corrupción" de su ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas, aunque sean ciertos, no afectan en absoluto a ningún interés vital de Estados Unidos. (Se alega que "adjudicó a su propia empresa privada de construcción varios contratos sin competir y sin publicidad para construir comisarías de policía y otros edificios que dependen de su cargo oficial e infló el coste de los materiales").
La lista fue dada a conocer por la diputada Norma Torres (demócrata de California), jefa del Caucus Centroamericano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y estrecha aliada de Kamala Harris, quien advirtió que espera que la administración de Biden "utilice todas las palancas a nuestra disposición, incluidas las sanciones, las restricciones de visado, la retención de apoyo para disuadir de futuros actos de corrupción y el desmantelamiento de los sistemas que permiten que se produzca la corrupción", para castigar a los delincuentes señalados.
A esto le siguió el 21 de mayo, la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del Departamento de Estado, que anunció que la AID "reorientará la asistencia" de la Asamblea Legislativa de El Salvador, la Corte Suprema y la Policía Nacional Civil, para financiar en su lugar los esfuerzos de "la sociedad civil local y las organizaciones de derechos humanos", para asegurar la llamada "gobernabilidad democrática". El anuncio lo hizo personalmente la administradora de la AID estadounidense, Samantha Power, conocida por ser una de las más importantes artífices de la política de cambio de régimen de Obama que destruyó el suroeste de Asia.
El presidente Bukele denunció el fraude de esta medida, en un tuit del 21 de mayo:
Si se le pregunta a CUALQUIER salvadoreño en la frontera de Estados Unidos cuál es la razón por la que huyó de su país, el 99,9% de ellos responderá 1. La falta de trabajo. 2. La inseguridad. Es muy revelador que USAID haya decidido dejar de financiar.... ¡SEGURIDAD! ¿Es el verdadero plan para crear más inmigración?
El maltusianismo es la verdadera “causa fundamental de la migración”
En una conferencia del EIR el 16 de mayo de 1982, Lyndon LaRouche advirtió que estaba en marcha una nueva doctrina militar de "guerra de población en el Tercer Mundo" (LaRouche Publications Store). "La nueva política propuesta, fabricada en Gran Bretaña y a veces llamada política de 'guerra de población', consiste en preparar a las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN para una 'guerra convencional' contra las poblaciones de las naciones del sector en desarrollo", señaló LaRouche.
LaRouche se refirió a dos documentos del gobierno de Carter, Global 2000 y Global Futures:
[que] definen que la principal amenaza estratégica de la década de 1980 no son las fuerzas militares soviéticas, sino el tamaño de la población de América Latina, África y Asia. Afirman que el número excesivo de personas de color negro, marrón y amarillo está consumiendo demasiado los recursos naturales de los territorios que habitan, recursos naturales que la raza anglosajona debe conservar para sus propias necesidades futuras....
El propósito no es reducir las poblaciones de América Latina, África y Asia simplemente por medio de los disparos de los soldados estadounidenses, británicos y franceses sobre la población civil, sino que el azote de la guerra en estas regiones del mundo tiene como objetivo destruir grandes porciones de la infraestructura económica básica de las naciones objetivo. El propósito es crear las condiciones de hambruna, enfermedades epidémicas y pestes que serán suficientes para causar los aumentos deseados en la tasa de mortalidad.
La política de "guerra de población" era una ampliación de la política de genocidio contra el sector en desarrollo que LaRouche había denunciado en su primera emisión de media hora en la televisión nacional estadounidense como candidato presidencial. Publicamos el texto de esa explosiva transmisión, realizada en los últimos días de la campaña electoral de 1976, en otra parte de este número de EIR.
LaRouche no sabía entonces, ni cuando hizo su advertencia de "guerra de población" en 1982, que en diciembre de 1974, el Consejo de Seguridad Nacional, entonces a cargo de Henry Kissinger a la cabeza (¡fungiendo simultáneamente como Secretario de Estado!), había emitido el Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200 (NSSM 200, por sus siglas en inglés, un informe de 250 páginas (PCAAB500.pdf (usaid.gov)) titulado "Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad y los intereses de Estados Unidos en el extranjero". El NSSM 200 establecía que el crecimiento de la población, en especial en el sector en desarrollo, era una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos que requería una acción por parte de Estados Unidos para reducirlo. Ese memorando y la serie de memorandos que implementaron la política que le siguió, incluidos los del Asesor de Seguridad Nacional de Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, permanecieron clasificados como confidenciales hasta 1989, y sólo se hicieron públicos a través de los Archivos Nacionales hasta 1990.
Los memorandos llevaron a la creación de un aparato de planificación política dedicado a producir medidas maltusianas, que se estableció en la "burocracia permanente" del gobierno de Estados Unidos (también conocida como el complejo militar-industrial). El Grupo Ad Hoc sobre Política Poblacional del Consejo de Seguridad Nacional, y la Oficina de Asuntos de Población (OPA) del Departamento de Estado, elaboraron conjuntamente el informe de 1980 Global 2000 al que se refería LaRouche, el cual declaraba abiertamente la meta de reducir la población mundial en dos mil millones de personas.
Objetivo: El Salvador, el primer asalto
En 1981, EIR publicó una serie de informes explosivos que documentaban cómo estos intereses maltusianos estaban preparados para lograr su objetivo por cualquier medio necesario.
Uno de los más espeluznantes, era lo que estos engendros estaban planeando para El Salvador, una nación pequeña en población (unos 4,5 millones de personas en 1980), señalada como campo de pruebas de estrategias para generar el máximo de muertes.
Para entonces, varios países de América Central se habían visto envueltos en guerras de guerrillas, fomentadas por fuerzas externas que jugaban con las desigualdades e injusticias locales, y proporcionaban armas a todos los bandos para desarrollar "fichas de negociación" para sus juegos geopolíticos de mayor alcance. (Como dijo un obispo salvadoreño en su momento: "Las grandes potencias proporcionan las armas, El Salvador proporciona los cadáveres").
La guerra civil comenzó en El Salvador en 1979. En 1992, cuando la guerra terminó formalmente, se habían perdido más de 75.000 vidas, sin contar las que murieron por las consecuencias de las infraestructuras destruidas y las tierras de cultivo arruinadas.
En el artículo adjunto, "Los maltusianos han seleccionado a El Salvador para la guerra de despoblación durante décadas", el lector leerá cómo dos maltusianos destacados asignados al caso salvadoreño discutieron descaradamente sus objetivos: un oficial de casos latinoamericanos en la OPA del Departamento de Estado, Thomas Ferguson; y William Paddock, un agrónomo que trabajó durante muchos años en Centroamérica para el emblemático "centro de investigación" de la United Fruit, un destacado fanático de la despoblación desde la publicación en 1967 del libro del que fue coautor con su hermano Paul, con el escalofriante título de Famine 1975! America’s Decision: Who Will Survive? (¡Hambre 1975! La decisión de Estados Unidos: ¿Quién sobrevivirá?).
Preste atención a cómo ambos insisten en la necesidad de fomentar la guerra perpetua "para hacer el trabajo" de reducir la población, como dijo Ferguson. Ferguson argumentó que "si la guerra se prolongara durante 30 o 40 años, entonces sí que se conseguiría algo"; el problema fundamental que se planteaba para conseguirlo era asegurar una "violencia política continua" durante todo ese tiempo.
En un foro público de la misma época, Paddock propuso que los responsables de definir la política en Estados Unidos podrían asegurar una "violencia continua" apoyando simultáneamente a ambos "bandos" de la guerra civil. Entonces exhortó al gobierno de Reagan a seguir apoyando al gobierno militar entonces en el poder en El Salvador, pero a empezar inmediatamente a trabajar también con la oposición guerrillera, para luego dar la vuelta y empezar a trabajar con "la oposición a la oposición", una cadena sin fin, independientemente de cuál fuerza de combate se apoye, mientras la lucha siga matando gente.
Una política que cualquiera que esté familiarizado con la historia de la política de Estados Unidos hacia El Salvador durante las últimas décadas que siguieron, reconocerá que se aplicó diligentemente.
Desde el modelo de Hong Kong...
LaRouche le propuso repetidamente al Presidente Reagan en los años 80 de que Estados Unidos debía trabajar con el Grupo Contadora, formado por las cuatro naciones más grandes de la región con el propósito de poner fin a los conflictos en Centroamérica, mediante su cooperación para reducir del aluvión de armas a la región y comenzar a trabajar en los “grandes proyectos” necesarios para desarrollar el transporte, la energía y la infraestructura agroindustrial de Centroamérica.
Pero en un giro sorpresa en julio de 1983, el Presidente Reagan nombró a Henry Kissinger (al que Reagan tenía identificado desde hacía tiempo como el abanderado de los fracasos de la política exterior estadounidense) para dirigir una “Comisión Nacional Bipartidista sobre Centroamérica”, que debía elaborar la política de su gobierno para la región.
Esa decisión cerró oficialmente la puerta a cualquier discusión seria sobe lo que LaRouche insistía, que el interés estratégico de Estados Unidos estaba realmente en dar marcha atrás a la política hacia las Américas de apoyar la austeridad y el cobro de deudas, en favor de una política congruente con el Sistema Americano de economía hamiltoniano, de promover la exportación de bienes de capital y tecnología de Estados Unidos a gran escala a la región.
El informe final de la Comisión Kissinger, como se llegó a conocer, emitido en enero de 1984, se basó específicamente en la mentira maltusiana de que “la sobrepoblación representa una seria amenaza para el desarrollo y la salud de esa región”, lo cual requería “una reducción sostenida en las tasas de crecimiento de la población” como meta.
La economía de libre comercio y la primacía del dinero, era el meollo del asunto. Al igual que el plan Biden-Harris, la Comisión insistió en que el crecimiento económico solo se produce en “las economías abiertas y libres”, que ofrecen “mejores condiciones de inversión” para la iniciativa privada. La empresa privada, y no los gobiernos, deben ser los “motores de crecimiento” y eso con un énfasis en las plantas de “ensamblaje” (maquiladoras) de trabajo barato y otros empleos de escasa tecnología, trabajo intensivo y sin futuro.
No hay duda casi de que el narcotráfico que se extendía entonces por la región, también debía incluirse como parte central de las “economías libres y abiertas” de Centroamérica.
Una “iniciativa privada” que se menciona en el forme era la United Brands. Infame por sus plantaciones coloniales, según funcionarios de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que conversaron con (EIR), los barcos de United Brands procedentes de Centroamérica traían alrededor del 20% de toda la cocaína que entraba en Estados Unidos a finales de la década de 1970. Esa fue la empresa que el Informe de la Comisión Kissinger se esforzó por blanquear y proponerla como “ciudadano y empleador modelo” reformado.
Hong Kong, que en ese momento era todavía colonia de la corona británica, también fue presentada en el informe como un modelo a seguir en Centroamérica, bajo el subtitulo de “Condiciones mejoradas de inversión”. El papel de Hong Kong como centro de coordinación y punto de transbordo para el floreciente tráfico de opio y heroína del sudeste asiático, también era un hecho bien conocido.
... Al de Mara Salvatrucha
Ya antes de que Kissinger le vendiera su modelo de economía de droga al gobierno de Reagan, las redes del vicepresidente George H. W. Bush dentro del gobierno de Reagan (con el embajador de Estados Unidos en Honduras, John Negroponte; el aspirante a “mariscal” Elliott Abrams y el teniente coronel Oliver North a la cabeza) estaban supervisando personalmente a la fuerza mercenaria nicaragüense conocida como los “Contras” y su tráfico de cocaína con la que se financiaba su operación. Incluso el aeródromo estadounidense en Ilopopango, El Salvador, se utilizaba para el tráfico.
Del 18 al 20 de agosto de 1996, el diario San Jose Mercury News publicó la noticia de que los traficantes que habían introducido una cocaína crack barata y adictiva al instante en los barrios pobres de Los Angeles a principios de 1983, formaban parte de esa operación “Contra” dirigida por el gobierno estadounidense. En 1985, en las escasas semanas entre el Día de Acción de Gracias y la Navidad, se introdujo la cocaína crack simultáneamente en las calles de otra docena de ciudades de Estados Unidos, en lo que la DEA calificó como una de las operaciones de droga más organizadas nunca antes vista. Según el informe del San José Mercury News, las mismas redes de la “Contra” abrieron pronto un conducto de armas a las redes de distribución de la cocaína crack, cuya adicción se había diseminado a todo el país. [fn_1]
La cocaína crack es asesina, y eso presta para crear asesinos a partir de niños abandonados por su sociedad. Los consumidores de crack son propensos a la violencia, la paranoia y salvajes cambios de humor. Fácil de fabricar, la franquicia para producir y comercializar crack se entregó a bandas callejeras de jóvenes pobres, negros e hispanos. Las pandillas atrapadas en la operación se transformaron de jóvenes picapleitos callejeros en operativos terroristas bestiales, cuyas filas se llenaron en gran medida de niños deshumanizados por las drogas y el asesinato inducido.
Esta fue la génesis de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de otras pandillas de narcotraficantes similares, que se formaron originalmente en Estados Unidos a partir de la operación de la coaína crack del “gobierno secreto” de George Bush. Cuando los gobiernos de Estados Unidos decidieron que podían reducir su problema de las bandas narcotraficantes estadounidenses a principios de la década de 19 90 deportando a los miembros de las bandas centroamericanas a sus países, las bandas de los Mara explotaron en El Salvador, Honduras y Guatemala, aterrorizando a la población de estas naciones y destruyendo sus economías hasta el día de hoy. Con sus vidas amenazadas en sus hogares, millones de centroamericanos se vieron obligados a arriesgar sus vidas intentando emigrara a Estados Unidos. Algunos lo consiguieron.
La deportación tampoco puso fin al problema en Estados Unidos. Las mismas bandas se extendieron por todo Estados Unidos, y siguen aterrorizando a las comunidades estadounidenses.
Es hora de acabar con el ciclo de violencia continúa
¿Recuerdan la insistencia de Ferguson y Paddock en que la reducción de la población requería como mínimo de 30 a 40 años de guerras, sin importar quién mataba a quién?
En el mismo período de tiempo de la creación de los Maras y demás, se alcanzó en 1992 un “acuerdo de paz” que ponía fin a los más de 12 años de guerra civil en El Salvador entre las fuerzas en torno al gobierno del partido derechista ARENA y la guerrilla del Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN). Es una cuestión de dominio público que el acuerdo fue arreglado por el gobierno del entonces Presidente George H.W. Bush. (No hay que olvidar que este “modelo Salvadoreño se utilizó para formular el posterior “acuerdo de paz” de Colombia con los narcoterroristas de las FARC).
El acuerdo detuvo el tiroteo de aquella guerra, pero no pretendía ser un compromiso de Westfalia para poner fin a la contienda en nombre de la construcción de un mejor futuro para el país. No proporcionó el desarrollo necesario para consolidar la paz verdadera. Fue un arreglo para repartir el botín, basado en la continuación de una “economía libre y abierta” que solo garantizaba los derechos de los “inversionistas privados”.
Pero para cuando el “acuerdo de paz” de 1992 puso fin a una forma de guerra, las bandas de narcotraficantes de los Mara se estaban acumulando en Centroamérica, desplegados (sin saberlo ellos) como una nueva forma de guerra poblacional, aún mas bestial que la guerra vista antes en la región.
Este es el aparato que está enfrentando el Presidente Bukele, con el respaldo de una fuerte mayoría del pueblo salvadoreño, que vive tanto en El Salvador como en Estados Unidos.
El 24 de octubre de 2004, LaRouche puso la responsabilidad donde correspondía:
Este es un fenómeno de las Nuevas Eras de Tinieblas. Y lo hizo el gobierno de Estados Unidos. Esto no es solo una operación. Es una política. La política consiste en destruir el Estado nacional, destruir la idea del Estado nacional. La intención es hundir a todo el planeta en una Nueva Era de Tinieblas. No van a conseguir soluciones, a menos que cambien la situación en Estados Unidos.
[fn_1] Cuando se publicó la historia en el San José Mercury News, Lyndon LaRouche encargó a EIR la elaboración de un Informe Especial [Would a President Bob Dole prosecute drug super-kingpin George Bush? (larouchepub.com)] que añadiera esa documentación a los extensos archivos que tenían sobre el aparato del gobierno secreto de Bush, que se publicó en septiembre de 1996, con el título de Would a President Bob Dole prosecute Drug Super-Kingpin George Bush? (Enjuiciaría un presidente Bob Dole al súper capo de la droga George Bush?). [back to text for fn_1]
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