Los británicos están detrás de intentona golpista en Argentina, dice LaRouche
por Cynthia R. Rush
En una declaración que dio a conocer el 21 de junio, Lyndon LaRouche culpó directamente a intereses imperiales británicos del intento de desestabilizar el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.
 La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. (Foto: presidencia.gov.ar). |
“Ésta es una interferencia británica en las Américas que, según la llamada Doctrina Monroe, es algo que Estados Unidos, en sus momentos de honorabilidad, no toleraría”, dijo LaRouche. “Los británicos pretenden tumbar al Gobierno de Argentina. Si tuviéramos un presidente moral y con agallas, haría algo al respecto: ¡patearía a los británicos en el trasero y les diría que se vayan mucho al infierno!”, exigió.
LaRouche se refería al hecho de que la prensa británica y los apostadores financieros, tales como el narcolegalizador y megaespeculador George Soros, están usando el decreto que anunció el Gobierno de Fernández el 11 de marzo de 2008, de aumentar el impuesto a la exportación de soya y de semilla de girasol, como pretexto para armar una insurgencia interna en su contra. Esa insurgencia ha cobrado la forma de una huelga intermitente que mantienen, desde el 12 de marzo, las cuatro principales organizaciones agrícolas del país —la Sociedad Rural (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA)—, con el fin de parar todas las exportaciones de granos y de ganado, para obligar al gobierno a rescindir esta política fiscal.
Pero forzar un cambio político es sólo la razón nominal de la huelga. Su objetivo fundamental es desatar la violencia y obligar a la Presidenta a dimitir, de modo muy parecido a como los británicos hacen en muchos otros países, como parte de su estrategia de mantener el dominio político en las condiciones actuales de desintegración financiera global.
Quienes dirigen la insurgencia, alegando patriotismo, se han envuelto en la bandera de que combaten a un gobierno central “autoritario” y “tiránico”. Pero es un fraude que desmiente la fuerza que anima la huelga, la Sociedad Rural, pues la integran miembros de la oligarquía terrateniente que consideran a Gran Bretaña, y no a Argentina, como su “madre patria”.
Esta agrupación oligárquica, cuyo funcionamiento semeja el de una sociedad secreta británica, tiene un largo historial de obediencia servil a la Corona británica y a la ideología de la “mano invisible” de Adam Smith. La SRA apoyó presuroso la dictadura militar de 1976–1983, a la que alabó por su “correcta conducción económica”. En julio de 1979, el entonces presidente de la SRA, Juan Pirán, dijo que las políticas librecambistas de la junta permitieron “el fortalecimiento de los principios de libre empresa y de iniciativa privada”, pero no mencionó que la Sociedad Rural desplegaba sus propias tropas de choque para reprimir brutalmente, matar o “desaparecer” a cualquier dirigente rural que se les opusiera.
¡Hagamos valer la Doctrina Monroe!
“El asunto es que es una operación británica”, dijo LaRouche, “y debe verse en el marco de la guerra de las Malvinas de 1982 que montaron los británicos para provocar la reacción de Argentina, la cual entonces estalló con ayuda de algunas redes corruptas de EU al seno del Gobierno de [Ronald] Reagan, quien en otras condiciones probablemente se hubiera negado a participar en ese desastre, de no ser por esa manipulación.
“El entonces secretario de Defensa Caspar Weinberger metió al Presidente en esto, algo con lo que —creo yo— no hubiera contemporizado, de no haberlo tramado su secretario de Defensa. Luego, en 1988, Weinberger fue armado Caballero Honorario de la Gran Cruz del Imperio Británico por la reina Isabel, en reconocimiento por el servicio que prestó durante la guerra de las Malvinas a favor de los británicos, en contra de Argentina, y también de EU”, recordó LaRouche.
Es bien sabido que LaRouche fue el único político estadounidense de peso que atacó a los británicos durante la guerra de las Malvinas, y que defendió la soberanía argentina sobre esas islas citando la Doctrina Monroe.
Hoy, LaRouche y su Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) son los únicos que denuncian las operaciones británicas contra Argentina en el ámbito internacional, en tanto que Wall Street y la mayoría de los políticos estadounidenses, lo mismo que los “expertos”, cantan al son de la City de Londres pidiendo “cambio de régimen” en Argentina.
Luego de que la Presidenta anunció el 17 de junio que sometía el proyecto de ley tributaria a consideración del Congreso, la Sociedad Rural y sus aliados se apuraron a presionar a los legisladores para derrotarlo, invadiendo literalmente el Congreso y convirtiendo el debate en un circo a gritos y puñetazos. Pero afuera, donde grupos de jóvenes favorables al gobierno y otros simpatizantes de la Presidenta habían levantado seis carpas por la duración del debate, el LYM intervino con la declaración de LaRouche y su propio volante para educar a la gente sobre la realidad de la ofensiva británica y la crisis económica global. Los larouchistas daban informes por los altoparlantes y congregaban a grupos de 40 a 50 personas para mostrarles el video “Cortafuego: En defensa del Estado nacional”, del Comité de Acción Política Lyndon LaRouche (LPAC), sobre la hiperinflación mundial.
La intervención del LYM fue muy bien recibida por un pueblo que conoce de sobra la brutalidad de la doctrina colonial del Imperio Británico, y eso llevó a intensos intercambios políticos con los partidarios de Fernández, así como con los simples transéuntes.
Ricardo Buryaile, vicepresidente de Confederaciones Rurales, amenazó que si el Congreso no derrotaba el proyecto de ley que gravaría las exportaciones, “debería ser disuelto”. Éste es el mismo Buryaile que se hizo de muchas propiedades en la provincia de Formosa gracias a la junta militar, y se le conoce —como a todas las organizaciones de productores— por oponerse a cualquier medida del gobierno que mejore las condiciones laborales y de vida de los campesinos, 58% de los cuales no están registrados en ningún lado ni reciben prestaciones.
¿Bienestar general o especulación?
Lo que enfurece a los financieros británicos y sus lacayos es el hecho de que la Presidenta argentina ha afirmado el derecho del Estado a decretar medidas de protección a la población y a la economía. Cuando Fernández anunció el impuesto a las exportaciones, recalcó que pretendía no cargarle al mercado nacional el alto precio internacional de los productos, así como asegurar una distribución más justa del ingreso.
También subrayó que la producción de soya había crecido tanto, que amenazaba la producción de los cultivos más tradicionales que integran la dieta nutricional argentina. Hace 10 años, el cultivo de la soya ocupaba 5 millones de héctareas. Hoy abarca 26,6 millones o 54% de toda la tierra de cultivo, lo que convierte a Argentina en el tercer exportador de soya más grande del mundo, después de EU y Brasil. En ese mismo período de 10 años, se dedicó 24% menos tierra a la producción de trigo, en tanto que el maíz sufrió una reducción de 14%.
“¿Y qué?”, dicen los globalistas. Ellos y sus aliados oligarcas en el país han hecho una fortuna con una fiebre de la soya que sedujo hasta a Néstor Kirchner durante su presidencia de 2003 a 2007. Ahora, advierten, ¡no permitiremos que ninguna Presidentilla, aunque haya ganado la elección de octubre pasado con 46% del voto popular, interfiera con el agosto espectacular que estamos haciendo en la especulación con la soya!
Como admitió un franco productor de soya al diario Página 12, con el actual precio internacional de la soya, “las retenciones son una medida normal y equilibrada del gobierno. Sin retenciones, en este contexto, equivale a pretender ser jeques árabes”. Aun después de pagar el impuesto de exportación, muchos productores se llevarán mínimo 300 dólares por tonelada.
De ahí la propaganda creciente de la City de Londres y sus aliados en los medios de difusión para exigir la destitución de la Presidenta argentina. Un ejemplo típico es el Guardian del 17 de junio, que alegaba que la causa de la violencia al seno del país era la negativa de Fernández a rescindir la política fiscal, y que estaba llevando a Argentina “a la anarquía”. A menos que actúe, advertía siniestro el diario, el país podría enfrentar “aun más violencia en las calles, y la posibilidad real de una desintegración social y un derrumbe político”.
El factor Soros
Entonces tenemos a George Soros, a quien desenmascaró hace poco el informe de LPAC, “Your Enemy, George Soros” (George Soros, tu enemigo, disponible en www.larouchepac.com), y que LaRouche describe como “parte de la operación británica en contra de Argentina. Soros es un agente británico, así que no es ningún misterio por qué pasa esto. Se sabe que es un agente británico; no creemos que el dinero que usa sea en realidad el suyo. Sólo es parte de la operación, uno de los matones”.
Soros tiene viejos antecedentes de matonería en Argentina, que se remontan a los 1990, cuando hizo fuertes inversiones en tierras, proyectos agrícolas y bienes raíces, y, en cierto momento, se convirtió en el terrateniente más grande del país. Justo antes de la crisis financiera de 2000–2001 se deshizo de parte de sus activos, y hoy, por medio de su empresa Adecoagro, controla uno de los tres “pooles de siembra” —fondos especulativos— más grandes que han monopolizado el muy lucrativo negocio de la exportación de soya en Argentina, usándolo para destruir la agricultura tradicional, al mismo tiempo que desestabilizan al gobierno.
Guillermo Neiman, director de la maestría en Estudios Sociales Agrarios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), explicó que “las nuevas formas de producción no se basan en la propiedad de la tierra. Son firmas que arriendan, productores que se asocian, que buscan inversores y contratan servicios de siembra, cosecha, acopio o venta de semillas”. Las cifras sobre la posesión de la tierra no dicen mucho sobre la realidad del campo hoy, agrega el economista Daniel Lema, porque “60 por ciento de la producción agrícola argentina se realiza bajo alguna forma de contratación”. Cerca de 18 millones de hectáreas, de las 32 bajo cultivo, no las trabajan sus propietarios.