Los dos acontecimientos dominantes de la semana del 27 de mayo al 2 de junio de 2002 fueron:
1) la aceleración del desplome de la economía mundial y el sistema financiero mundial; y 2) el pánico con que los utopistas adentro y en torno del gobierno de estadounidense de George W. Bush se aprestar a consolidar una estructura totalitaria, a fin de "cruzar el Rubicón" e imponer una dictadura imperial romana en los Estados Unidos, para soslayar la resistencia a inevitables medidas de austeridad severa, e impedir a cualquier costo que se adopten las soluciones de Lyndon LaRouche al presente desplome de la civilización.

Por muchos años y en muchas partes LaRouche ha llamado a la reorganización por bancarrota del sistema financiero y mundial, convocando a una nueva conferencia de Bretton Woods, a imagen de la iniciativa original de Franklin D. Roosevelt en 1944, para revivir el papel de los Estados nacionales soberanos y sus gobiernos en el impulso a una recuperación de la producción física por el mundo entero, mediante una serie de grandes obras de desarrollo centradas en el puente continental eurasiático.

El apoyo a dichas medidas crece por todo el mundo, conforme el sistema financiero sigue precipitándose al abismo, arrastrando consigo la economía productiva mundial. Estos temas fueron ampliamente tratados por LaRouche en su teleconferencia internacional difundida por internet el pasado 1 de mayo.

A todo lo largo de la semana han dominado las noticias estos signos del acelerado desplome financiero y de la economía real.

Tanto el Financial Times como el Daily Telegraph de Londres pusieron de relieve, el pasado 31 de mayo, el derrumbe de las grandes empresas estadounidenses bajo una montaña de deudas impagables, agravadas por la multibillonaria acumulación de derivados en el mercado crediticio. En la actualidad sólo ocho grandes empresas estadounidenses tienen todavía la clasificación AAA de las casas calificadoras Moody's y Standard & Poors. Ello tiene grandes repercusiones para millones de estadounidenses que dependen de fondos de jubilación actuales y futuros, cuyo destino va indisolublemente unido al de los bonos y acciones de las grandes empresas. Algunas de estas, tales como AT&T, Xerox, General Electric y Citigroup, están tomando préstamos en los mercados de capital de corto plazo, señal ineludible de su inminente desplome. El déficit de cuenta corriente de los Estados Unidos, que se estima alrededor de 465.000 millones de dólares, sólo puede sostenerse con la infusión incesante de más de mil millones de dólares diarios a los Estados Unidos, en la forma de compras extranjeras de certificados de Hacienda estadounidense, acciones, bonos y activos. Ese influjo de circulante se está empezando a secar, augurándole lo peor a los Estados Unidos.

De hecho, en la última semana de mayo el dólar estadounidense tocó su nadir de 16 semanas en relación con el euro, y de dos años en relación con el franco suizo. Siguió cayendo frente al yen, no obstante dos fuertes intervenciones del Banco del Japón. Otra señal importante del creciente temor de un crac financiero mundial fue el alza vertiginosa de precio del oro, que llegó a 327 dólares por onza hacia fines de la semana.

El sector de la tecnología de información sigue encabezando la procesión de muertos. Adelphia, gigantesca empresa estadounidense de televisión por cable, fe retirada del índice Nasdaq el lunes, lo que probablemente cause un incumplimiento inmediato en los bonos de esa empresa, por valor de 1.400 millones de dólares, que pasarán a cobros. Desde el 31 de mayo ya habían caído en incumplimiento varias subsidiarias de Adelphia. La telefónica Qwest también estaba en vías de bancarrota tras de que la calificadora crediticia Moody's le bajó dos puntos el 30 de mayo. Su filial europea ya quebró. Otra señal de la siguiente ola de quiebras en el sector de la informática fueron los anuncios de Hewlett Packard y Sun Microsystems, el 31 de mayo, de que forzarán a 40.000 empleados a tomarse una semana de vacaciones sin compensación en julio.

Quizás la "onda de choque" más explosiva en la economía estadounidense es la burbuja de los bienes raíces, que ha sido el principal motor del gasto de consumo que aún hay en los Estados Unidos. Tan sólo la burbuja de las hipotecas residenciales asciende a diez billones de dólares, en que las superinfladas y apalancadas aseguradoras hipotecarias FNMA y FMAC están a punto de reventar. En la primera semana de junio hubo urgentes llamados a imponerle reglamentación más estricta a estas gigantescas aseguradoras cuasipúblicas, a fin de evitar otro colapso estilo Enron, pero de peores consecuencias.

El 30 de mayo el diario argentino Clarín anunció que el Brasil se halla ante un inminente desplome económico y financiero, debido en parte al "contagio" de la Argentina. Como informa el artículo del Clarín, una crisis brasileña tendría repercusiones de alcance global, dado que países como España, Portugal y Ucrania han invertido en grande en los sectores financiero e industrial brasileños, así como en bonos de gobierno de ese país.

Y en Japón hubo una reacción inmediata y violenta tras de que Moodys rebajó por dos puntos la calificación de crédito de los bonos del gobierno japonés el pasado 30 de junio, con lo que esos bonos quedaron reducidos casi a bonos chatarra, con menos valor que los de casi cualquier país del Grupo de los Siete (incluida Italia), y por debajo incluso de países del Tercer Mundo como Botswana. La bolsa Nikkei sacó un cable en el que indica que, si alguna otra calificadora obra en forma parecida, todos los bancos comerciales que detentan bonos del gobierno japonés sufrirán gran presión para vender, lo que podría causar la caída repentina de toda la banca japonesa y del propio yen; justamente lo que vienen impulsando desde hace meses los lunáticos del American Enterprise Institute.

El día antes de la decisión de Moody's, la prensa japonesa había estado vaticinando la caída del dólar.

Presciente advertencia

Hacia fines de mayo el procurador general estadounidense John Ashcroft y Robert Mueller, director del FBI, anunciaron una amplia reestructuración del FBI y el Departamento de Justicia, eliminando todas las salvaguardas y restricciones que se le impusieron a esos organismos en los años setenta para proteger a la ciudadanía de excesos represivos y violaciones de sus derechos constitucionales. Las recientes medidas anunciadas por Ashcroft y Mueller, presuntamente en aras de la "guerra al terrorismo" en el ámbito interno nacional, vienen en el contexto de otras medidas draconianas.

La burocracia de la Secretaría de Defensa en el Pentágono -es decir, un grupo encabezado por Paul Wolfowitz- procede avante con el establecimiento de un nuevo Comando Norte, que cubrirá la región de orbe que incluye a México, Canadá, los Estados Unidos y partes del Caribe. La oficina de prensa del Pentágono confirmó, el pasado 31 de mayo, que el nuevo Comando Norte será "un comando plenamente de combate", directamente responsable ante el secretario de Defensa. Ello es una violación flagrante de la Constitución, que sin embargo se está impulsando a todo vapor; se espera que el Comando Norte estará plenamente operativo para el 1 de octubre.

Para reforzar el ambiente de temor y sumisión, las fábricas de propaganda periodística están sacando innumerables "reportajes" alarmistas. El 31 de mayo el Washington Times sacó en primera plana un artículo de Bill Gertz, quien afirma que el FBI tiene conocimiento de "terroristas" que han podido introducir al país proyectiles tierra-aire para derribar aviones comerciales de pasajeros. La versión se basa casi exclusivamente en el hecho de que se encontró un recipiente vacío de un proyectil SA-7 ruso cerca de una base aérea estadounidense en Arabia Saudita. Al día siguiente el Washington Times publicó dos notas editoriales sobre un número desconocido de "maletines-bomba nucleares" que presuntamente han caído en manos de terroristas.

El 30 de mayo el procurador general John Ashcroft estuvo en Alexandria, Virginia, impulsando su propia campaña de crear una Gestapo civil, el llamado Cuerpo de Ciudadanos de Servicio Policial Voluntario, que insta a millones de estadounidenses a convertirse en soplones de sus vecinos e informantes del FBI, dando aviso de cualquier "actividad sospechosa" a ese organismo policial, dotado ahora de nuevas facultades para la vigilancia de la población civil.

Es palpable el deterioro cultural acaecido de los años setenta a la fecha. A mediados de esa década, cuando el FBI y la CIA fueron denunciados por violar los derechos constitucionales de ciudadanos estadounidenses, hubo audiencias en el Congreso y se les impusieron fuertes cortapisas e hicieron grandes purgas en ambas instituciones. Ahora, en cambio, cuando el FBI es culpable de una negligencia monumental en sus tareas de inteligencia, recibe aun mayores atributos en sus facultades represivas.

Mientras que Ashcroft, Mueller y sus aduladores en el Congreso, encabezados por el senador republicano John McCain, de Arizona, y el demócrata Joe Lieberman, de Connecticut, promovían su consolidación totalitaria con el cuento chino de que la amenaza terrorista justifica tal concentración de poder en el aparato represivo del Estado, Lyndon LaRouche venía advirtiendo precisamente contra tales medidas desde cuando menos el 16 de enero de 2001, aclarando que todo esto no tiene nada qué ver con el combate al terrorismo. En esa fecha Debra H. Freeman, portavoz de la campaña presidencial de laRouche, presentó testimonio ante la Comisión Judicial del Senado estadounidense, en contra del nombramiento de Ashcroft a la Procuraduría General.

"Mi oposición a la confirmación del señor Ashcroft", dijo Freeman, "obedece a dos consideraciones que van más allá de los factores que normalmente se sopesarían en la evaluación de un candidato al máximo puesto de orden público en el brazo ejecutivo del gobierno federal... El primero de dichos factores es la extraordinaria crisis financiera y monetaria que será el asunto más urgente e inmediato del orden del día para el próximo gobierno de Bush..."

"El segundo factor, en este contexto, es el papel que jugará el próximo procurador general, en tanto integrante clave del equipo de crisis del gabinete, ante la crisis financiera y monetaria mundial, y todas las demás crisis internas y regionales que arrojarán estas circunstancias extraordinarias. Como primer funcionario de orden público de la rama ejecutiva, el procurador general tendrá responsabilidades en el contexto mayor del equipo de crisis, que excederán a menudo su papel inmediato al frente del Departamento de Justicia y el aparato policial que depende de él. Por tanto no puede hacerse ninguna evaluación competente de la idoneidad del señor Ashcroft sin considerar primero sus funciones dentro del equipo presidencial que hará frente a esta serie de crisis ahora ya inevitable".

"Hacen falta palabras tan francas en estos momentos", continuó Freeman, "para subrayar el peligro que representa John Ashcroft, en circunstancias enormemente agravadas por la actual mayoría de vocales en la Corte Suprema estadounidense, encabezada por [los magistrados] Scalia y Rehnquist, que aumenta el peligro de una dictadura 'de emergencia', al estilo de la Hitler".

A continuación la portavoz de LaRouche pasó a citar palabras de éste en su teleconferencia del 3 de enero de 2001, difundida por internet: "Lo que va a resultar de la frustración del gobierno de Bush, si está resuelto a evitar cualquier oposición, es un régimen de administración de crisis, en que los integrantes de un gobierno secreto, de los adeptos de esa clase de 'guerra especial', con equipos policiales especiales, montarán provocaciones que serán aprovechadas para dar pie a facultades dictatoriales y emocionales, en aras del manejo de crisis".

"En diferentes partes del mundo se atizarán guerras en pequeña escala, a las que el gobierno de Bush responderá con los métodos provocadores del manejo de crisis. Eso es lo que va a pasar. Y ese es el problema. Y ustedes tienen que hacerle frente. Ustedes tienen que refrenar este proceso ahora, cuando todavía tienen la opción de hacerlo".

La movilización de los partidarios de LaRouche en contra de la confirmación de Ashcroft llevó al voto negativo de 42 senadores demócratas, los necesarios para derrotarlo si se hubiera prolongado el debate en esa comisión. Pero el senador Tom Daschle, entonces presidente de la minoría demócrata en el Senado, decidió dejar pasar a plenaria la confirmación de Ashcroft, decisión que ahora está pagando la ciudadanía estadounidense... tal como lo advirtió LaRouche.