El Pentágono y el Departamento de Justicia toman pasos para imponer un estado policíaco, tal como advirtió LaRouche

por Edward Spannaus y Michele Steinberg

La suspensión de los derechos constitucionales de dos ciudadanos estadounidenses (uno de ellos so pretexto del escándalo de la "bomba sucia radioactiva"), que llevó a cabo el procurador general de los Estados Unidos, John Ashcroft, son el ataque más reciente contra los derechos y las libertades civiles en la ofensiva que empezó inmediatamente después de los sucesos del 11 de septiembre.

El 10 de junio, exactamente como había advertido antes Lyndon LaRouche, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Demócrata de los EU, el Pentágono "cruzó el Rubicón" —o al menos el Potomac—, para sostener una conferencia de prensa conjunta con funcionarios del Departamento de Justicia, en la que anunciaron que, el mes previo, las autoridades habían detenido en Chicago a un tal José Padilla, un ciudadano de los EU, al llegar de Pakistán, y que acababan de pasarlo a la custodia militar. Este acto sin precedentes y de dudosa legalidad (cuyas circunstancias son muy parecidas a la detención del también ciudadano estadounidense, Yasser Esam Hamdi), tuvo lugar a tan sólo dos semanas de la aparición de la declaración de LaRouche: "Comando Norte: el cruce del Rubicón" (Resumen ejecutivo de EIR vol. 19, núm.10, 1a quincena de junio de 2002).

En ella LaRouche planteaba: "La propuesta para la creación, probablemente ilegal, de un Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos ("USNORTHCOM", siglas en inglés), considerada en su actual marco de política estratégica, es a todas luces una propuesta para 'cruzar el Rubicón', un preparativo para imponer una dictadura militar cesarista sobre Norteamérica y el Caribe, en imitación de la acción de Julio César en el año 49 a.C. que desató la guerra civil entre las fuerzas militares romanas, y que llevó al establecimiento del imperio de César Augusto en el año 31 a.C. En el mundo actual, es un preparativo para que el Pentágono cruce el Potomac una mañana y ponga en el poder al procurador general de los EU y a sus secuaces, reduciendo al propio Presidente a una figura ceremonial, o incluso menor, en la configuración".

En la vispera de la conferencia del 10 de junio, Ashcroft logró que el presidente George W. Bush firmara una orden clasificando a Padilla de "combatiente enemigo", por su supuesta relación con al-Qáeda. Esto permitió pasar a Padilla, ex integrante de una pandilla callejera hispana de Nueva York, de la custodia del Departamento de Justicia a una instalación militar donde tal vez nunca se le someta a juicio. Una de las razones principales por las que se transfirió a Padilla es que no hay pruebas de los cargos de los que se le acusa. Una fuente en Washington de los servicios de inteligencia de los EU, le dijo dijo a EIR que, aunque el gobierno tiene "información" sobre Padilla, no tiene pruebas verdaderas.

Pero tan alarmante como estas maniobras para evadir la ley, igualmente así de peligrosas e indefendibles fueron las acciones que Ashcroft y sus aliados belicistas, el subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, y el director del FBI, Robert Mueller, llevaron a cabo al recurrir a la táctica nazi de la "gran mentira". Para provocar el mayor pánico posible, Ashcroft anunció el traspaso de Padilla a la custodia militar desde Moscú, donde dijo que la detención de este "importante" terrorista de al-Qáeda justificaba las preocupaciones de los EU por el "eje del mal", por los Estados que promueven el terrorismo, y por las armas de enorme poder destructivo. Ashcroft anunció que Padilla había llegado a los EU de Pakistán con el propósito de llevar a la práctica un plan de al-Qáeda para detonar una "bomba sucia" en Washington. Pero, pocas horas después de que Ashcroft dijera su "gran mentira", las mismas autoridades tuvieron que retractarse de esta virulenta propaganda.

Wolfowitz y los funcionarios del FBI no sólo tuvieron que admitir que "no había ningún complot" como tal al que el gobierno de los EU pudiera vincular a Padilla, sino que Padilla tampoco es una figura "importante" de al-Qáeda ni de ningún grupo terrorista. De hecho, los analistas de inteligencia admitieron que los dirigentes de al-Qaeda no emplearían a un americano de conversión reciente al islam como Padilla, para nada más importante que de mensajero u otro cargo de baja categoría.

La ruptura de la Constitución

Las acciones del Departamento de Justicia en el caso de Padilla, quien se dice que tomó el nombre de Abdula al-Mujair al convertirse al islam en los EU allá por 1993, van mucho más allá de lo que autoriza el decreto presidencial del 13 de octubre, mediante el cual se establecieron los tribunales militares para juzgar a los sospechosos de terrorismo capturados en Afganistán.

El decreto explícitamente excluye a los ciudadanos estadounidenses de la jurisdicción de esos tribunales militares, y establece procedimientos para que los sospechosos sean sometidos a juicio y tengan acceso a un abogado. El caso de Padilla contrasta con el de John Walker Lindh, el llamado "talibán americano", quien fue capturado en Afganistán cuando formaba parte de las fuerzas militares del movimiento Talibán o de al-Qáeda. Lindh será juzgado por un tribunal penal civil en Alexandria, Virginia, bajo cargos entablados por el Departamento de Justicia.

Al parecer, el traspaso súbito de Padilla vino a raíz de una audiencia judicial que estaba programada, en la que el Departamento de Justicia obligadamente tendría que decir si levantaba o no cargos penales contra él. Dado que, según todos los indicios, el gobierno no tiene virtualmente ninguna prueba contra Padilla —al menos ninguna prueba que pueda o quiera presentar ante un tribunal federal—, el Departamento de Justicia recurrió al presidente Bush la noche del 9 de junio y le sacó la firma para el documento que declaró a Padilla "combatiente enemigo" y ordenó su traspaso a la custodia militar.

El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, dijo claramente que el gobierno no tiene el menor interés en llevar a juicio a Padilla —ni ante una comisión militar ni en ninguna otra parte—, sino sólo en detenerlo incomunicado, e interrogarlo.

Esto ya se ha hecho con los extranjeros detenidos luego del 11 de septiembre; no sólo los cientos de hombres capturados en Afganistán, muchos de los cuales no eran parte de Talibán ni combatientes de al-Qáeda y que ahora están presos en la base militar de Guantánamo, sino centenares de personas más que fueron arrestadas en los mismos EU y que han estado en la cárcel por meses, sin acceso a un abogado, y en algunos casos sin que siquiera sus familias sepan su paradero. Un ciudadano sirio, que trabajaba de taxista en Boston, fue detenido incomunicado por ocho meses en Nueva York antes de ser llevado ante un magistrado federal. Lo que hace tan extraordinaria la situación de Padilla y de Hamdi, es que el Departamento de Justicia, con un plumazo del Presidente, les ha quitado todos los derechos constitucionales a ciudadanos estadounidenses.

Lo que Ashcroft, Wolfowitz y demás han hecho con Padilla y Hamdi es tan atroz que puede resultarles contraproducente. En su editorial principal del 12 de junio, el New York Times acusó a Ashcroft de "suspender la Constitución de los EU". Dijo que, "hasta ahora, el gobierno no ha presentado ninguna prueba de que hubiera un complot de bomba sucia radioactiva, o de que el Sr. al-Mujair haya formado parte de algún complot. Lo que tenemos es la afirmación del presidente Bush... de que 'este Padilla es un tipo malo'.

"La posición del gobierno es inaceptable" —dice el Times—, pues el gobierno dice que puede revocar los derechos constitucionales con tan sólo tildar a alguien de "combatiente enemigo". Además, esto muestra que "el gobierno está preparado para despojarle esos derechos a los ciudadanos de EU tan rápido como a los extranjeros".

"El verdadero problema con el planteamiento del gobierno ha sido evidente desde el 11 de septiembre: El gobierno de Bush tiene muy poca fe en el sistema de justicia penal", concluye el editorial. "El gobierno tiene que mantenerse alerta en la lucha contra el terrorismo, pero la guerra puede librarse sin suspender la Constitución".

Proyección mundial del estado policíaco

Otras publicaciones internacionales importantes también han externado preocupaciones similares. El 11 de junio, el Independent de Londres publicó un artículo titulado, "Fuentes de seguridad británicas expresan dudas respecto a las afirmaciones de los EU sobre la 'bomba sucia' ". Según el artículo, funcionarios de seguridad de Gran Bretaña y de Europa están "muy escépticos en cuanto a las afirmaciones de EU", de que Padilla "estaba preparándose para lanzar un ataque radioactivo... No hay ninguna prueba que muestre que tuvo acceso al material radioactivo que necesitaba para construir la bomba, o siquiera que haya decidido cuándo o dónde hacer el ataque".

El periódico israelí Ha'aretz dijo que "a un mes de su detención, el FBI tiene dificultades para mostrar las pruebas que indiquen que Padilla pertenece a una organización hostil, al grado de que fue necesario emplear el truco de trasladarlo a un tribunal militar en calidad de 'combatiente enemigo'. Ni siquiera espías condenados a muerte, como Julius y Ethel Rosenberg, recibieron un trato semejante".

Las medidas para establecer un estado policíaco en los EU, como explicó LaRouche en "El cruce del Rubicón", no constituyen un fin en sí, sino que forman parte de la opción política de pesadilla de cambiar a los EU de una república en un imperio fascista al modelo del Imperio Romano.

Que Paul Wolfowitz apareciese en calidad de vocero del Pentágono en la conferencia de prensa con el Departamento de Justicia, en lugar de que lo hiciera algún funcionario de la oficina del asesor jurídico del Departamento de Defensa o del fuero militar, es otro motivo de preocupación. La prominencia de Wolfowitz señala que los utopistas estadounidenses que fomentan el Comando Norte y las medidas del estado policiaco denunciadas por LaRouche, quieren emplear el fraudulento caso de la "bomba sucia" de Padilla, como pretexto para ampliar la guerra al terrorismo a Iraq, Irán y otros países.

Wolfowitz es el maníaco utópista que a partir de 1991 ha elaborado en repetidas ocasiones toda suerte de tramas y planes de guerra, para asesinar al presidente Saddam Hussein y desencadenar una guerra general contra Iraq. Al igual que su colaborador de décadas, Richard Perle, quien ahora dirige la Junta de Política de Defensa, Wolfowitz cree que los EU deben librar guerras unilateralmente contra todo país que los neoconservadores derechistas y los fascistas likudistas israelíes pongan en su "lista de enemigos".

Perle también cree que otro ataque terrorista a los EU —como con un maletín bomba nuclear— sería un paso necesario para darle a su facción de "guerra perpetua" la palanca para sobreponerse a la renuencia que hay en el gobierno de Bush a los planes dementes de Wolfowitz y de Perle. Es decir, para abandonar la "coalición" de la guerra al terrorismo e iniciar operaciones militares generales de manera unilateral contra el islam, en un "choque de civilizaciones" mundial.

Reprimenda a Ashcroft

El programa de Wolfowitz es bien conocido, y tiene oposición nundial, en gran medida gracias a la influencia internacional y a las actividades de Lyndon LaRouche, cuyo comité de campaña presidencial para el 2004 distribuyó un informe especial de primera en febrero pasado, que lleva el título de "Zbigniew Brzezinski y el 11 de septiembre". LaRouche demuele en ese informe la "gran mentira" que constituye el meollo de la desestabilización mundial actual, y del peligro de que se establezca un estado policíaco en los EU. Se trata de la afirmación, de la que jamás se ha presentado ninguna prueba, de que Osama bin Laden y al-Qáeda realizaron el acto de guerra irregular del 11 de septiembre. LaRoche denunció que la tragedia del 11 de septiembre fue un "trabajo interno" para desencadenar la guerra del choque de las civilizaciones.

Muchos informes han corroborado que el procurador general Ashcroft recibió una reprimenda de la Casa Blanca por su protagonismo en el caso Padilla. Según los informes, luego de que se tomó la decisión de pasar a Padilla a la custodia militar, le tocaba anunciarlo a dos subalternos: el subsecretario Wolfowitz y el subprocurador general Larry Thompson. En vez de eso Ashcroft, quien se encontraba en Moscú, saltó al escenario con un relato exagerado e incendiario de lo de Padilla, diciendo que "hemos interrumpido y desarticulado un complot terrorista para atacar a los EU con el estallido de una 'bomba sucia' nuclear, misma que —dijo Ashcroft— podría causar muchos muertos y heridos".

A causa de la irritación de la Casa Blanca por la conducta de Ashcroft —que de paso provocó una caída de 80 punto en la bolsa de valores—, Wolfowitz apareció en la televisión al otro día para suavizar un poco la descripción del complot: "No creo que haya habido un complot más allá de conversacioes irresponsables y de que su venida a este país evidentemente fue para planear otras acciones". Agregó que "no es como si éste fuera un plan que estuviera a punto de llevarse a cabo".

Sin embargo, a pesar de admitir que todo el complot de Padilla no era más que "conversaciones irresponsables", Wolfowitz defendió arrogantemente que a cualquier ciudadano de EU que se califique de "combatiente enemigo" por representar una amenaza en la guerra contra el terrorismo, se le conculquen sus derechos constitucionales. Ante esto, ya no hay lugar a dudas de que hay que botar a Ashcroft, a Wolfowitz y a la pandilla que promueve los planes para el establecimiento de un estado policiaco, si es que se quiere defender la Constitución de los Estados Unidos.