por Gretchen Small
En Bolivia se llevaron a cabo elecciones para la Presidencia y el Congreso el 30 de junio, pero ahora, el único resultado seguro es que ningún candidato o partido ganó un mandato para gobernar. Ningún candidato presidencial recibió siquiera el 25% de los votos. Peor aún, Evo Morales, líder de los cocaleros, aliado de las narcoterroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y peón del aparato narcolegalizador internacional de George Soros, quedó en segundo lugar, con 21% de la votación.
El New York Times y otros órganos de prensa angloamericanos presentan a Morales como un auténtico líder "indio de piel cobriza", cuya votación en las elecciones, junto con el 6% que se llevó el otro candidato cocalero, Felipe Quispe, apuntan a un resurgimiento "indígena" en la región. Quispe es un lunático que aplaudió la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre, e hizo un llamado para se realicen más acciones parecidas. La mayoría de los bolivianos le temen, pero no el Financial Times de Londres, que explicó en su edición correspondiente al 2 y 3 de febrero de 2002, que Quispe "no puede ser soslayado como un extremista", sino que debe entendérsele como un dirigente que pretende "convertir a Bolivia en una nación indígena, y forjar un hermandad india por todos los Andes".
Puede que su piel sea más oscura que la de los banqueros que lo respaldan, pero esta operación en Bolivia es todo menos "indígena". En el número del 5 de junio de 1998 de EIR, denunciamos la existencia de un proyecto internacional del megaespeculador George Soros y de un puñado de activistas extranjeros de la narcolegalización, para reducir a Bolivia a una zona de guerra narcoterrorista. En su momento, señalamos que el instrumento de este proyecto extranjero contra Bolivia era Evo Morales. Esta operación fue la que ayudó a financiar sus diversas giras internacionales, convirtiendo a este pelafustán cocalero de poca monta en un vocero internacional.
Entre sus viajes se cuenta una visita al sur de Colombia en 1996, en la que se reunió con las FARC, la fuerza narcoterrorista más sofisticada y mejor entrenada de las Américas, misma que representa al cartel número uno de la cocaína. Ese mismo año, anunció sus intenciones de convertir al Chapare, entonces la principal región productora de coca de Bolivia, en un narcoestado independiente. Advirtió que, el Chapare sería una nueva versión del estado mexicano de Chiapas, en el corazón de Sudamérica.
En 2000, amenazó con convertir a toda Bolivia en una Colombia en miniatura. Por esas fechas empezaron a surgir informes de que miembros de las FARC estaban en Bolivia para entrenar a lo que Morales prefiere llamar un ejército cocalero.
Crecido por los resultados de las elecciones de junio, Morales ahora amenaza con desatar una insurrección popular, de no satisfacerse sus demandas. Estas incluyen la legalización del cultivo de la coca, y el derecho a comercializarla a nivel internacional.
Bolivia está en el centro del continente sudamericano. Con este triunfo de Morales, el proyecto de Soros para apoderarse del corazón de Sudamérica ha entrado a su fase definitiva. Sin un cambio en la política estadounidense hacia la región en su conjunto, Bolivia se encamina hacia la guerra civil y la desintegración.
De ahí que no es ninguna coincidencia que la misma semana que tuvo lugar el sorprendente éxito de Morales en las elecciones, el gobierno de Alejandro Toledo en Perú llegara a un acuerdo con los cocaleros peruanos para suspender los programas de erradicación de la coca en ese país. El anuncio lo hizo Hugo Cabieses Cubas, un funcionario de la agencia antinarcóticos del gobierno, Devida, quien dijo que los programas eran demasiado burocráticos.
Cabieses forma parte de la misma operación de Soros que dirige Morales. De hecho, Cabieses fue arrestado por las autoridades bolivianas, junto con otra docena de peruanos y bolivianos que fueron sorprendidos planeando acciones contra el gobierno boliviano, en una reunión del Consejo Andino de Productores de Hoja de Coca (CAPHC), en abril de 1995. En esa reunión también se arrestó al presidente del CAPHC, Evo Morales. - La traición de Estados Unidos -
Perú y Bolivia fueron alguna vez los dos principales productores de coca en el mundo, con la que se produce la cocaína. Ambos países son muy pobres, pero en los noventa sus gobiernos decidieron deshacerse del narcotráfico. Si EU no los hubiera traicionado, lo hubieran logrado.
Después de romperle el espinazo al aparato narcoterrorista en el país, el gobierno de Alberto Fujimori en Perú se lanzó contra el cultivo de la coca. Logró reducirlo en cuestión de pocos años, en un 70%; hasta que el Departamento de Estado de la Madeleine Albright se confabuló con Soros para tumbar a Fujimori en 2000.
Después de que Hugo Bánzer asumió la Presidencia de Bolivia en 1997, su gobierno lanzó la Operación Dignidad, un esfuerzo sistemático para eliminar el narcotráfico antes de concluir su mandato, en 2002. El papel de Bolivia en el narcotráfico ya no se limitaba a la producción de hoja de coca, sino que, para entonces, había penetrado cada aspecto de la vida nacional. Los laboratorios de cocaína proliferaban y el consumo de estupefacientes se disparaba. En el plan del gobierno se advirtió que, o se destruía de inmediato el narcotráfico en Bolivia, y de una vez por todas, o la sociedad boliviana tendría que vivir con él para siempre. Los esfuerzos a medias no producirán resultados positivos, dijo el gobierno, sino, más bien, dividirán a la sociedad boliviana, y una ruptura tal puede llevar a consecuencias fatales para la Bolivia del siglo 21.
El gobierno calculaba que al menos 80.000 personas estaban directamente involucradas en el narcotráfico. Para liberar al país de esta lacra, el gobierno sabía que tenía que crear desarrollo económico en las áreas en las que la producción de coca habría de erradicarse: se necesitaban proyectos para proveer de energía, agua, servicios sanitarios y de salud, educación, carreteras, sistemas hidráulicos y ayuda técnica para la agroindustria. Bolivia necesitaría ayuda económica internacional, y un papel activo del gobierno en el fomento de la industria, la protección a la producción y la regulación de la economía.
El presidente Bánzer murió de cáncer pulmonar antes de terminar su mandato, en 2001, y fue sucedido por su vicepresidente, Jorge Quiroga. No obstante, el gobierno tuvo éxito en la erradicación de la producción ilegal de coca en general, como se había propuesto. Pero no recibieron ningún apoyo económico, y en vez de adoptar una política proteccionista, el Banco Mundial envió un equipo de fanáticos "librecambistas" que trajeron consigo grandiosas estadísticas macroeconómicas, y poco menos que nada para la población. Se detuvo el narcotráfico, pero no se fomentó ningún tipo de nueva producción para reemplazarlo, al tiempo que la depresión económica mundial azotaba con toda su furia. Muy pocos —si es que alguno— de los proyectos esbozados por Operación Dignidad vieron siquiera la luz del día. Miles de familias se quedaron sin comida para sus hijos y se convirtieron en carne de cañón para la política de la furia del hombre de Soros, Morales.
Ahora, se vislumbra una nueva fuerza narcoterrorista de masas en el corazón de Sudamérica, en una situación en la que no hay un solo gobierno en el continente que pueda decir que tenga asegurado el poder.
Sin embargo, la crisis de Bolivia no es única, sino más bien representa el prototipo de la ingobernabilidad que se ha creado en todo el continente por 20 años en los que no se les ha permitido mandar a los gobiernos, excepto en tanto siguieran los dictados del Fondo Monetario Internacional. El saqueo de los recursos nacionales a través de la privatización, el libre comercio y la manipulación de las monedas; la drástica disminución generalizada de los sueldos y salarios en favor de una "mejora en la competitividad"; el cierre de los servicios de salud, saneamiento, educación y otros servicios públicos, por ser dizque necesario para "reducir al Estado inflado"; y todas las otras estafas en pos del "neoliberalismo", han llevado a cada país al borde de la desintegración.
El alcance de la crisis es abrumador. Las protestas nacionales que empezaron el 15 de julio amenazan con tumbar al gobierno en Paraguay. Uruguay va derechito a una quiebra de las mismas proporciones que la que azota a Argentina desde diciembre de 2001. Seis meses más tarde, la crisis argentina ha alcanzado el umbral de la desintegración territorial; algunos gobernadores argentinos hablan ahora de establecer naciones independientes, con la falsa ilusión de que así podrían llegar a un "mejor arreglo" con las fuerzas internacionales. La gente racional de Brasil y Chile sabe que no están lejos de sufrir explosiones similares.
Las condiciones en la región andina están fuera de cauce. Un millón de personas marcharon en Venezuela, otra vez, el 11 de julio, demandando la salida inmediata del presidente Hugo Chávez. Las fuerzas jacobinas de Chávez no tienen ninguna intención de renunciar al poder; antes bien, se preparan para la guerra civil. Las protestas populares han empezado de nuevo a cerrar la industria petrolera de Ecuador, y los dirigentes del movimiento indigenista radical en esa nación prometen que elegirán a un "Morales" ecuatoriano en las próximas elecciones.
Para alargar su estancia en el poder un poco más, tras las enormes protestas contra la privatización que recorrieron el país, el 12 de julio, el presidente de Perú, Alejandro Toledo, sacrificó a los dos personajes que Wall Street demandó que estuvieran en su gobierno, el ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski y el primer ministro Roberto Dagnino. Toledo admitió que estaba "reiniciando" su gobierno, con la esperanza de que al poner nuevos perros a hacer los mismos trucos, la gente muerda otra vez el anzuelo.
El presidente electo de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, único presidente que llegó al poder por mayoría en las elecciones, cuando recibió el 50% de la votación en mayo pasado, tal vez no tenga muchos gobiernos municipales y locales con los cuales trabajar para cuando asuma el cargo el 7 de agosto próximo. Los alcaldes, los jueces, los fiscales, etc., están renunciando en tropel, después de que las FARC emitieran un ultimátum exigiendo que todos los funcionarios locales del país renuncien, o serán asesinados.
Esta es la situación en la que el nuevo Presidente de Bolivia asumirá el cargo el 6 de agosto. Quién será, aún está por verse. Puesto que ningún candidato alcanzó el 50% de la votación, le toca al Congreso de Bolivia elegir al Presidente de entre los dos candidatos principales. El problema es que el candidato puntero, con menos del 22,5% de la votación, es el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), un millonario aristócrata de la minería y líder del Diálogo Interamericano de los banqueros angloamericanos, quien no sólo impuso las políticas del FMI cuando fue Presidente la última vez, sino que pregona que tales políticas son buenas, y que entre más brutales, mejor.
Temiendo que una alianza con el odiado Sánchez de Lozada sería su muerte, los principales partidos políticos, aparte del MAS de Morales, rehusaron en un principio a darle su apoyo a un posible gobierno de Sánchez de Lozada. Tampoco, hasta ahora, ninguno de los partidos más importantes ha sido tan suicida como para contemplar la idea de llevar a Morales al poder. Ante el creciente pánico que hay por el vacío de poder que se avecina, la Iglesia católica, los empresarios, el presidente saliente, Jorge Quiroga, y la siempre hiperactiva embajada estadounidense en La Paz, pusieron toda la carne en el asador con los partidos cuyos candidatos quedaron en tercer y cuarto lugar en la elección, incluyendo el NFR de Manfred Reyes Villa, quien sólo obtuvo 721 votos menos que Morales, y el MIR de Jaime Paz Zamora, quien recibió 16% de los votos, presionándolos para que formen un gobierno de "convergencia nacional" con Sánchez de Lozada.
Pero sin un cambio radical en la política económica del país e internacional, puede decirse sin temor a equivocarse que ningún gobierno boliviano confeccionado en torno a semejante "contrato político" será capaz de sobrevivir las embestidas de las tormentas financieras y sociales que se están tragando al mundo. Ya ha habido demasiada destrucción de la nación, provocando demasiado rabia, como para que cualquier gobierno sea capaz de imponer ninguna política, económica o antidrogas, a menos que ese gobierno luche por aglutinar a la población en torno a la misión de reconstruir el país. Eso requerirá, también, organizar con sus vecinos iberoamericanos su participación conjunta en la reorganización del sistema económico mundial. Sin la oferta de alguna esperanza verdadera para sus pobres, sin importar el color de su piel, Bolivia no sobrevivirá.
El arrogante embajador de EU en Bolivia, Manuel Rocha, sólo demostró que las políticas arrogantes de "valentón" tan apreciadas por el gobierno de Bush hoy día, sólo pueden traer consecuencias contraproducentes. Cinco días antes de la elección, cuando Morales estaba obteniendo, máximo, un 10% en las encuestas, Rocha decidió dar un discurso, en el que dijo que quería recordarle al electorado boliviano que, si elegían a aquellos que quieren que Bolivia se convierta de nuevo en un exportador de cocaína, pondrían en peligro la ayuda estadounidense. Lejos de intimidar a los votantes, a la amenaza de Rocha se le adjudica el ascenso de Morales en la votación, en especial entre los universitarios antiestadounidenses.
La amenaza de Rocha le vino como anillo al dedo a la estrategia de campaña de Morales. Él había buscado presentarse como un líder "nacionalista" durante la campaña, yendo por todo el país con el cuento de que era el candidato que "sacaría a los gringos", incluso de las minas que habían sido propiedad del Estado y que se vendieron a extranjeros en los ochenta. Tras el discurso de Rocha, un burlón Morales dijo con sarcasmo que éste fungía como su jefe de campaña.