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Washington (EIRNS)—Álvaro Uribe Vélez, el nuevo Presidente de Colombia, aprovechó el tremendo respaldo popular que lo llevó al poder, para declarar un "estado de conmoción interna" de 90 días. Se espera que con el decreto empiece la tan esperada guerra contra el narcoterrorismo prometida por Uribe. El gobierno no sólo tiene ahora mejores herramientas para hacer cumplir la ley, sino que Uribe también anunció que le impondrá un "impuesto de guerra" de 1,2% a los ciudadanos más pudientes del país (los que tienen activos líquidos de 65.000 dólares o más), para financiar la expansión de las capacidades de la Policía y las Fuerzas Militares, como prometió durante la campaña electoral.

De acuerdo con el ministro de Interior, Fernando Londoño Hoyos, el gobierno alista otras medidas de emergencia para acabar con lo que él llamó el "régimen de terror".

En el período entre la elección de Uribe en mayo pasado y su toma de posesión el 7 de agosto, las narcoterroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recrudecieron su ofensiva para hacer ingobernable al país. Todos los funcionarios elegidos del país, y muchos de los nombrados también, desde alcaldes y gobernadores hasta concejales, magistrados y fiscales, recibieron un ultimátum de las FARC: o renuncia o lo haremos un "blanco militar". Cientos de funcionarios huyeron con sus familias, dejando sin presencia institucional a unos 180 pueblos y ciudades del país. No se pagaron las planillas, los tribunales dejaron de funcionar, no se recogió la basura, se paralizó el transporte, y el terror y el caos cundieron. El presidente saliente Andrés Pastrana le hizo caso omiso a los llamados para que impusiera un estado de sitio.

Terrorismo el día del cambio de mando

Cuando el presidente Uribe tomó posesión el 7 de agosto, el país se encontraba virtualmente en un estado de ingobernabilidad. Uno de los primeros actos oficiales de Uribe fue pedirle a Kofi Annan, el secretario general de la ONU, que mediara un nuevo diálogo con las narcoterroristas FARC, a condición de que depusieran las armas. La respuesta de las FARC fue inmediata y mortal. A sólo minutos de haber empezado la ceremonia de toma de posesión, que por razones de seguridad tuvo que realizarse dentro del edificio del Congreso en vez de al aire libre como se acostumbra, los terroristas lanzaron varias granadas de mortero contra la Casa de Nariño y contra un barrio deprimido a unas seis cuadras del palacio presidencial, matando a más de una veintena de personas e hiriendo a 70, en su mayoría mujeres, niños y gente sin hogar. Además, se descubrió y frustró un plan de las FARC para estrellar un avión en la ceremonia de la toma de posesión.

El mismo día, hubo otros bombazos en Bogotá, y en las ciudades de Medellín y Cartagena. Decenas de personas más han muerto en los combates librados desde entonces por las Fuerzas Militares contra las FARC y los paramilitares derechistas.

Uribe ha sido rápido en cumplir con varias de sus promesas de campaña. Primero, se reunió con Antanas Mockus, el acalde de Bogotá, para organizar el despliegue de miles de agentes de policía adicionales en la capital. Los estudiantes tendrán que cumplir con su obligación diferida de prestar servicio militar. El Presidente también anunció su nuevo impuesto, con la intención de duplicar el tamaño de las Fuerzas Militares a la larga.

Red de defensa ciudadana

El nuevo mandatario también anunció la creación de una red ciudadana de defensa, que tendrá un millón de integrantes entre voluntarios y policías y soldados auxiliares, que ayudarán a extender las capacidades de las fuerzas de seguridad, que ahora no alcanzan a cubrir todo el territorio nacional y padecen de limitaciones presupuestales. Miles de ciudadanos, cansados de ser víctimas de las FARC y los ejércitos paramilitares, por no hablar de la complicidad de los últimos tres gobiernos indolentes, ahora se alistan para recibir entrenamiento en comunicaciones, apoyo logístico, y contrainteligencia. Entre los voluntarios hay desde taxistas y conductores de autobuses, hasta tenderos y amas de casa.

Otros serán entrenados directamente por las Fuerzas Militares y las agencias del orden, y portarán armas y recibirán un estipendio. El plan es que, a medida que se recaben los fondos, las Fuerzas Militares y la Policía absorban a estos ciudadanos plenamente en sus filas.

Todavía está por verse si Uribe continuará con estas medidas fuertes, o si claudicará a las presiones de la facción de "paz", tanto interna como del exterior, que le sirve de tapadera a los narcoterroristas. De lo que sí no hay duda, es que el período inmediato será sangriento. Pero, al menos con Uribe, finalmente se está dando la batalla.