California vuelve a la regulación eléctrica

por Marsha Freeman

El pasado 16 de enero, la Comisión de Servicios Públicos de California (CSP) en Estados Unidos decidió, por 5 votos contra 0, ponerle alto al desastroso "experimento" de desregulación del sector eléctrico en ese estado, que se instituyó en abril de 1994. Hace 9 años, esa comisión, en la que no fungía ninguno de sus actuales miembros, promulgó la orden de que se diera a los usuarios la "opción" de escoger entre diferentes proveedores eléctricos, dizque para reducir los precios mediante la libre competencia. Este voto por la "rerreglamentación" representa un cambio de paradigma económico,

La legislatura californiana, engañada por los comercializadores energéticos de la Enron de que la "competencia" en las tarifas eléctricas llevaría a reducciones de hasta 50%, les hizo caso, y en 1996 los legisladores votaron unánimemente por abrogar el acuerdo regulatorio entre el público y las empresas privadas de servicios públicos, establecido en 1912 por la Comisión Ferroviaria del estado. La disponibilidad fiable y regulada del flujo eléctrico le permitió a California alcanzar uno de los más altos índices de crecimiento económico en la nación. Esta decisión, en cambio, sometió a tan vital componente de su economía a los avatares de la "magia del mercado".

Los resultados son de todos conocidos. Entre 2000 y 2001, empresas y consumidores sufrieron 38 días de apagones e interrupciones del servicio. Los precios se fueron por las nubes, causando la bancarrota de la principal empresa de servicios públicos del Estado, la Pacific Gas & Electric. Un estudio dado a conocer el 15 de enero por el Instituto de Política Pública de California calcula que la crisis energética le costó al estado hasta 45.000 millones de dólares en alzas del costo de la electricidad, pérdidas de los negocios y retraso del crecimiento económico. La calificación crediticia de las empresas de servicios públicos cayó a la categoría de "chatarra" en las agencias de Wall Street, y ahora no consiguen capital para construir capacidad nueva. El estado mismo se ha endeudado por casi 10.000 millones de dólares, que simplemente se robaron los magos de la "nueva economía" que casi hicieron desaparecer las reservas energéticas de California.

Entre fines de 2000 y principios de 2001, con la crisis en su apogeo, la campaña de Lyndon LaRouche se movilizó nacionalmente en torno al llamado de éste a instituir de nuevo un régimen regulado en California y forzar a la bancarrota a Enron y los demás "piratas de la energía". Apoyados en esa movilización, en mayo de 2001 el gobernador Gray Davis, la legislatura estatal y la CSP empezaron a dar pasos para abrogar la desregulación del sector: cerraron el especulativo mercado spot de California; contrajeron acuerdos de largo plazo, a precio fijo, con los productores; y reafirmaron la responsabilidad del estado de proteger el bienestar de la ciudadanía. Pero cuando se trataba de reinstaurar la regulación del sector, le explicaban a los organizadores larouchistas que "no se puede volver a meter el dentífrico en el tubo". Pero eso es justamente lo que están haciendo ahora en California y otros estados.

'Costoso error de política pública'

En la reunión de la CSP del 16 de enero, el comisionado Carl Wood pintó la experiencia de California con la desregulación de la electricidad como "un desastre para los consumidores, para los abastecedores y para sus empleados". Había que ponerle fin a la desregulación en esa comisión, dijo Wood, porque "ninguna cantidad de ajustes del diseño de mercado puede corregir el problema. Éste es inherente a cualquier sistema de mercado para la generación eléctrica".

Este "error de política pública más costoso en la historia de California", dijo Wood, lo causó la anterior comisión y su "fe casi religiosa en las fuerzas del mercado, antes que un régimen regulado". El experimento le costó a los californianos 20.000 millones de dólares adicionales, tanto en 2000 como en 2001, en relación con los costos de 1999, reveló Wood, quien además reprendió a los legisladores, señalando que lo ocurrido "no sólo era previsible, sino previsto". Entre 1994, cuando se dieron los primeros pasos de la desregulación, y 1999, cuando lo nombraron para la CSP, Carl Wood fue secretario de la Coalición de Empleados de Servicios Públicos de California, que se formó para tratar de protegerse contra la arremetida de la "desregulación".

Tal como lo habían anticipado los sindicatos, explicó Wood en la reunión, "la desregulación le quitó a las empresas de servicios públicos y a sus clientes un valioso recurso: miles de los empleados de mayor experiencia". La fuerza de trabajo en el sector se redujo por un promedio de 35%, dijo, conforme las empresas se veían forzadas a vender su capacidad generadora a conglomerados energéticos de fuera del estado, interesadas tan sólo en un máximo de ganancias y no en la integridad de la red eléctrica. Con todo, "la fe ciega en el mercado causó una insólita degradación de la fiabilidad" del sistema, declaró Wood. Ello se debió en parte a una marcada reducción del personal de mantenimiento, que a su vez condujo a más cierres de plantas. También fue resultado de que los mercaderes de la energía decidían sólo hacer andar las plantas cuando pudiesen obtener el mejor precio por la electricidad, y no cuando se necesitaba.

Un estudio dado a conocer en septiembre de 2002 por la CSP documentó en detalle, hora por hora y central por central, que las cinco empresas generadoras más grandes del estado —Duke, Mirant, Dynergy, Reliant y AES-Williams— habían retenido electricidad para crear una escasez artificial y elevar los precios, causando 38 apagones e interrupciones del servicio entre noviembre de 2000 y mayo de 2001. El informe también detalla las nuevas medidas de California para vigilar a los centrales eléctricas y sancionar a las empresas que no produzcan la electricidad cuando se necesita, todo a fin de asegurar una mayor fiabilidad. También enumera las medidas que debe tomar en Washington la Comisión Federal de Regulación de Energía, que ha usurpado la facultad regulatoria de los estados mediante la formulación de reglas por decreto.

'El problema fundamental es el mercado mismo'

Después de que la CSP promulgó sus primeras medidas de desregulación el 20 de abril de 1994, la Coalición de Empleados de Servicios Públicos de California, encabezada por Wood, presentó comentarios a la sesión del 8 de junio de esa comisión. En la reunión del 16 de enero de 2003, el ahora comisionado Wood sintetizó la oposición de su coalición a las medidas liberalizadoras de años atrás. Aun sin prever la manipulación extrema del mercado con ardides como el plan "Death Star" (Estrella de la Muerte), descubierto en el escándalo de Enron, la coalición advertió que la orden de desregulación "no toma en cuenta otros rasgos, universalmente aceptados, de los mercados competitivos". Uno de ellos es el "desequilibrio" que causa la "oferta y la demanda" en una industria en que se requiere hasta una década para poner en pie la capacidad para suplir la demanda.

"Aunque las reglas de mercado mal diseñadas o el ejercicio del poder del mercado pueden haber exacerbado el impacto de una oferta limitada", dijo Wood en la reunión, "el problema fundamental es inherente al mercado mismo. La generación eléctrica, sujeta tan sólo a las fuerzas del mercado, exhibirá ciclos de abundancia y escasez".

Si la demanda excede la oferta, la única forma de construir nueva oferta es si suben los precios, como incentivo al "mercado". Se perdería fiabilidad mientras se corrige el "desequilibrio" y tomaría años subsanarlo. Si hubiese un "sobreabasto", la capacidad ociosa de las centrales y el despido de empleados pondría en peligro el futuro de la red. Según Wood, no sólo la coalición sindical, sino muchos economistas, pronosticaron lo que ha experimentado California en los últimos 3 años, pero la Comisión "desatendió ciegamente" tales advertencias, "en pro de una creencia ingenua y simplista en la `competencia' ".

La historia del sector eléctrico en los 1920 demostró que el "mercado" sólo serviría de vehículo para la especulación y el saqueo de la infraestructura financiera y física de una industria no regulada; por eso se eliminó con las reformas de los 1930, bajo el presidente Franklin Roosevelt.

California todavía libra la batalla por recuperar los casi 9.000 millones de dólares saqueados a sus ciudadanos por los conglomerados energéticos; por renegociar contratos de largo plazo que le fijan a la electricidad un precio muy superior al corriente; por meter presos a los responsables de la crisis; y por forzar a los reguladores federales a imponer reglamentos como lo suyos. Y California no está sola en este cambio de paradigma. Muchos estados han puesto a la desregulación en compás de espera, y otros han decidido ni siquiera intentarla. Ahora algunos estados hablan de revertir la desregulación; es decir, de "meter el dentífrico otra vez al tubo".

Movilización contra la desregulación

A la luz de la debacle en California, los estados de Arkansas, Nuevo México, Oklahoma y Virginia del Oeste, que adoptaron leyes de desregulación, están dándole largas a su aplicación. Dieciocho estados han decidido no considerar en absoluto leyes parecidas, y otros 8 aún estudian el tema.

El Orlando Sentinel del 12 de enero ostentaba el encabezado: "Se esfuma la desregulación en Florida; las empresas de energía pasan a otras cosas". Christopher Boyd, autor del artículo, revela que, no obstante el esfuerzo del gobernador Jeb Bush, "un año después de venido a menos el movimiento por reforjar el mercado eléctrico de la Florida", aquellos que "desean comerciar con kilovatios como si fuesen tajadas de jamón, reconocen que no se prevé que suceda pronto".

Otros estados que ya habían empezado a deslizarse por esa pendiente, ahora piensan en cómo devolverse. A fines de 2002 la Comisión Corporativa Estatal de Virginia (CCE) publicó un informe sobre la competencia en el sector, donde señala que el seguir adelante con los siguientes pasos de la desregulación equivaldría a entregar la poca autoridad que aún tiene el estado a la Comisión Federal de Regulación de Energía (CFRE), que se quedó impávida mientras California se fue a la quiebra en 2001. La CCE dice que "la competencia en el mercado al detalle no ha sido exitosa en muchas partes de la nación". En California, resultó en un "grave perjuicio para la economía. En últimas, California abandonó esa decisión de mercado y ha regresado a un régimen más tradicional".

A la CCE le preocupa la actual tendencia de la CFRE a conglomerar los sistemas de transmisión eléctrica y los mercados mayoristas en Organizaciones Regionales de Transmisión que la CFRE "regularía". La CCE advierte que las "investigaciones centradas en las crisis de California y el Medio Oeste y en el colapso de Enron han puesto a descubierto abusos, comercio indebido y prácticas de información engañosa por parte de varias empresas de energía". La comisión recomienda que las empresas eléctricas de Virginia no participen en estas organizaciones.

Pero no todos han atendido las recomendaciones de LaRouche de reanudar el régimen regulatorio. El representante estatal demócrata Terry Baker declaró que el estado ya ha invertido millones de dólares en la desregulación, y que no se puede "convertir un encurtido otra vez en pepino", acuñando una nueva frase para decir lo mismo. Pero LaRouche ya demostró que sí puede meterse el dentífrico otra vez en el tubo, y la desregulación puede echarse a la basura.