Es necesario atender al enfoque de transformación de transferencia tecnológica propuesto por Lyndon LaRouche

La década de los 1990 fue una período de creciente pobreza y genocidio para gran parte de la población mundial, revela el "Informe sobre desarrollo humano 2003" del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Si bien dicho informe es una mezcolanza de todo, algunas de sus conclusiones no sólo son horripilantes, sino que también demuestran la veracidad de los pronósticos de Lyndon LaRouche y EIR de la última década; es decir, que sin un desarrollo económico basado en la construcción de infraestructura a escala mundial y en una reforma monetaria con centro en un Nuevo Bretton Woods, la población morirá.

He aquí algunas de las conclusiones del informe para las naciones en vías de desarrollo, comparadas con 1990:

— 55 son más pobres ahora;

— 34 tienen un promedio de vida menor;

— 21 tienen más población que padece hambre;

— 14 tienen más niños que mueren antes de los 5 años;

— 12 han visto disminuir la inscripción infantil a nivel primaria;

— 2.400 millones de personas en el mundo no tienen servicios sanitarios adecuados;

— 1.200 millones viven con menos de un dólar al día;

— 1.000 millones no tienen acceso a mejores fuentes de agua;

— 10,7 millones de niños de 5 años o menos murieron en el 2000 de enfermedades prevenibles.

Los axiomas del ambientismo, libre comercio, igualdad de género y bajo desarrollo tecnológico posindustrial que dominan muchas partes de este informe de la ONU, proponen "soluciones" mortales que perpetuarán, más que detener, este ciclo de mortandad. Por ejemplo, "el crecimiento es más probable que beneficie a la población pobre si hace uso... de mano de obra intensiva... más que de capital intensivo". O el llamado para eliminar los aranceles y subsidios. Señala que son necesarias las inversiones de infraestructura en "caminos y sistemas de almacenamiento" agrícola, pero se queda corto comparado con el enfoque de transformación de transferencia tecnológica propuesto por Lyndon LaRouche.


La economía israelí se cae a pedazos: el Gobierno de Sharon peligra

La pelea lanzada por dos madres contra los recortes presupuestales y las reformas económicas del ministro de Finanzas israelí Benjamin "Bibi" Netanyahu, desencadenó un proceso que podría derribar al Gobierno del primer ministro Ariel Sharon a principios del próximo año. Esta fue la evaluación de Ephraim Zhilony, director del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la federación sindical Histadrut de Israel.

Zhilony le dijo a EIR que "cuando el ministro de Finanzas Netanyahu vió las posibles consecuencias explosivas de la lucha de estas dos madres, canceló su viaje a Washington. Le aconsejaron que el peligro político de los efectos de esa pelea es más importante que cualquier beneficio que pudiera obtener de reunirse con senadores estadounidenses en Washington".

Zhilony explicó que el apaciguamiento del conflicto entre Palestina e Israel, como consecuencia del proceso de paz planteado por el Gobierno de Bush, sacó a relucir a la arena política la crisis económica y social. "La pelea que estas dos mujeres han iniciado crece a diario. Para la semana entrante podríamos tener mil personas apostadas frente a las oficinas del Primer Ministro y del Ministro de Finanzas.

Zhilony dijo que los más afectados por los recortes presupuestales son las poblados en desarrollo y la base política del Likud. Al Likud le fue muy mal en las elecciones recientes para la alcaldía de Jerusalén y Haifa, y ahora se espera que pierda las elecciones municipales a principios de noviembre. "Si eso pasa, entonces Sharon podría verse en aprietos", dijo. Activistas del Likud simpatizantes políticos de Netanyahu están muy preocupados por las consecuencias políticas negativas de sus reformas económicas sobre la base de apoyo del partido.


Proponen 18 nuevos proyectos de infraestructura para la Unión Europea

El 30 de junio el "Grupo de Alto Nivel" encargado de la Red de Transporte Transeuropeo, conocida como TEN-T, dio a conocer su informe sobre las nuevas prioridades para mejorar la infraestructura de transporte, en vista de la ampliación de la Unión Europea (UE), pues hay más cuellos de botella que nunca en el tráfico de la UE por el gran bloqueo en las inversiones. El "grupo de alto nivel" consiste en las delegaciones de los ministerios de transporte de los 15 miembros de la UE, y de los 12 países que pronto serán parte de la misma (Bulgaria, República Checa, Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia), además del vicepresidente del Banco de Inversiones Europeo (BIE), Ewald Nowotny. El grupo está dirigido por Karel van Miert, el ex comisionado de la Comisión Europea a cargo del transporte, y opera bajo la sección de Transporte y Energía de la Comisión. Después de 10 reuniones entre diciembre del 2002 y junio del 2003, el grupo seleccionó 18 de entre casi 100 proyectos de transporte transfronterizos, que son extraordinariamente importantes para impulsar el crecimiento económico en Europa Occidental y Oriental y que, por tanto, deben recibir un financiamiento mucho mayor de la UE y el BIE, además del de los Gobiernos nacionales. El informe, al que seguido se llama "Informe Van Miert", corre a la par de los esfuerzos hechos por el Gobierno italiano. Mientras que el "Plan Tremonti" es mucho más ambicioso en términos de los volúmenes de la inversión total y de nuevos esquemas de financiamiento, el "Informe Van Miert" representa el consenso mínimo de los Gobierno europeos en reiniciar los programas de infraestructura transeuropeos.


Internacional

Rumsfeld ordena preparar un nuevo plan de batalla para atacar a Corea del Norte

La huelga de los sindicatos de trabajadores al servicio del estado en Brasil, que inició el 8 de julio, es la primera manifestación nacional contra el programa del FMI, al que se ciñó el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula de Silva desde que tomó posesión el 1 de enero. Los huelguistas quieren bloquear la aprobación del proyecto de ley sobre reformas a las pensiones que dictara el FMI, y que incluye recortes brutales a las pensiones estatales. A pesar del hecho de que la Central Única de Trabajadores del Partido del Trabajo —el partido en el poder— aceptó no participar, entre 40 y 50% de los empleados federales sí lo hicieron, cerrando algunas secretarías de Estado y afectando las operaciones de la Policía Federal y las aduanas. El hecho de que el gobierno haya cedido a hacer algunas concesiones en la reforma a las pensiones dictada por el FMI, no convenció a los trabajadores de levantar la huelga.

El 16 de julio miles de trabajadores protestaron en la capital, Brasilia, y los trabajadores aduanales, quienes suspendían labores sólo tres días a la semana, ahora dicen que quizás se vayan a la huelga general, si la versión final del proyecto de ley sobre pensiones enviado al Congreso no incluye los cambios que piden. Mientras tanto, los magistrados de cuatro de los 27 estados de Brasil anunciaron que están dispuestos a unirse a la huelga y sólo esperan la decisión que tome al respecto la Asociación de Magistrados en su próxima reunión.

La popularidad de Lula se ha visto afectada. En las más recientes encuestas hechas por la agencia Sensus/CNT, el 10,3% de los entrevistados le dieron a Lula una calificación negativa, de los cuales 5% consideró un desastre el Gobierno de Lula y otro 5% dijo que en lo personal Lula estaba haciendo un trabajo terrible. La tasa de popularidad del 51,6% de las encuestas de mayo pasado cayó a 46,3%. Reflejando un sentimiento de traición, Francisco Fausto, el hombre que Lula designó para que presidiera el Tribunal Superior del Trabajo, le dijo al diario Tribuna da Imprensa que la reforma a las pensiones de Lula, "como todo mundo sabe... la impuso el FMI y el Banco Mundial... y aquellos organismos internacionales que por tanto tiempo han controlado la economía de Brasil". El FMI y los fondos de pensiones privados serán los únicos beneficiarios de esta política, dijo Fausto, añadiendo que si Lula se hubiera atrevido a presentar públicamente esta política en su campaña electoral, entonces nadie hubiera votado por él.


Le propinan una paliza a Wall Street en México

En las elecciones del 6 de julio para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de México, el 59% de los ciudadanos registrados no votó, en lo que fue un rechazo al Gobierno de Vicente Fox y a los partidos políticos en general. De los que sí votaron, 70% lo hicieron en contra del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), con lo que la ciudadanía manifestó su repudio a la política de Wall Street y del Fondo Monetario Internacional que la ha arrojado a la peor de las miserias que haya sufrido desde la dictadura de Porfirio Díaz, a principios del siglo 20.

Cabe destacar lo significativo de la contundente derrota propinada al PAN y a sus controladores sinarquistas internacionales en el estratégico estado norteño de Nuevo León, cuya capital es Monterrey. Un elemento significativo de esa contienda fue la campaña de Benjamín Castro, un viejo amigo de Lyndon LaRouche, quien contendió por la gubernatura por el PAS, y logró poner las políticas de LaRouche en el centro de la campaña, desatando así una reacción histérica de los sinarquistas.

En la nueva composición de la Cámara de Diputados, el PAN, que tenía 205 curules, quedó con 155, una pérdida de 24%. El PRI obtuvo 223 diputaciones, 16 más que en la legislatura anterior, y el PRD ganó 44 diputaciones adicionales a las 52 que tenía, para llegar a 96. Los tres partidos políticos menores tendrán 26 diputados federales en total.

El periódico de los intereses financieros de Londres, el Financial Times, expresó su desencanto el 7 de julio: "Si las elecciones se ven como un referendo sobre los primeros tres años de gobierno de Fox, los resultados parecieran haber sido una derrota casi total". The New York Times, vocero de la oligarquía de Wall Street, reconoció, con más honestidad, que los resultados convirtieron a "Mr. Fox, de la estrella de la democracia latinoamérica, en un presidente sin poder".

Ahora, los círculos oligárquicos ya se preparan para las elecciones presidenciales mexicanas del 2005, en las que esperan acabar con el "viejo México". Uno de sus principales agentes es Jorge Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores de Fox, quien ha anunciado su intención de contender por la Presidencia, precisamente con la consigna de acabar con el "viejo México".

Castañeda es un gallinazi de cabo a rabo. De hecho, apoyó la guerra contra Iraq, y se quejó amargamente de que el presidente Fox no respaldara la aventura imperial estadounidense. A Castañeda también lo acaban de nombrar como parte del consejo para las Américas de Human Rights Watch, la organización no gubernamental favorita del megaespeculador internacional George Soros. Por supuesto, Castañeda comparte el cometido de Soros de legalizar las drogas.


El sistema bancario de Venezuela está a punto de venirse abajo