Privatizan a México de forma clandestina
Presidente Vicente Fox de México y George W. Bush
La escandalosa privatización clandestina del sector energético nacional de México, como la ha denunciado esta publicación desde diciembre de 2001 (ver "Los pidiregas, el caballo de troya de la privatización energética en México", en Resumen ejecutivo vol. XVIII, núms. 17–18), empezó a sufrir un "jaque jurídico" el pasado 25 de junio, cuando el senador Manuel Bartlett (del Partido Revolucionario Institucional, PRI, de oposición) presentó ante el auditor superior de la federación y ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, una denuncia formal en la que solicita la investigación y auditoría de 225 permisos para generar electricidad otorgados por los Gobiernos del ex presidente Ernesto Zedillo y del mandatario actual, Vicente Fox.
Bartlett afirma en su denuncia que, en franca violación a las leyes vigentes, una serie de empresas privadas han cometido diversas irregularidades como parte de una "privatización clandestina ilegal" del sector energético nacional. Aunque la denuncia no aborda todos los aspectos violatorios de la Constitución mexicana que implica este procesos, sí constituye un importante primer paso en el intento por detener la privatización clandestina y fraudulenta del sector energético, que los voceros de Wall Street han proclamado a los cuatro vientos como su principal prioridad en México.
Bartlett precisó que un grupo de empresas productoras de energía eléctrica están vendiendo electricidad a terceros, en franca violación a las leyes y reglamentos establecidos para la generación, uso y venta de la misma. Todo ello ocurre como parte de la estrategia de gobierno del presidente Fox, que fomenta la quiebra financiera de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que promueve esta privatización clandestina.
"Las presiones vienen de los grandes centros financieros, los que han hecho un gran negocio y tienen a toda América Latina pagando su factura eléctrica", afirma Bartlett en su explosiva denuncia. "Son 17 las empresas transnacionales que ya producen 19% de lo que produce la CFE, y que gozan de beneficios y subsidios ilegales", en razón de lo cual se "deberán fincar responsabilidades administrativas, políticas y penales a los funcionarios públicos y particulares involucrados" en este comercio ilegal. La denuncia menciona a empresas "piratizadoras" como Enron, Tractebel, American Electric Power, Bechtel, Integren, Azteca III, Abengoa, Telvent, entre otras.
Lo que Bartlett dice es absolutamente cierto. Más aún, la escandalosa privatización energética ilegal tiene serias implicaciones financieras contrarias al interés nacional. Es sólo parte de toda una estructura de saqueo impuesta en contra de México para garantizar el pago puntual de su deuda, y para que los bancos y empresas transnacionales le arrebaten sus últimos activos nacionales.
El saqueo de la deuda externa
El jueves 12 de junio, mientras el Gobierno mexicano y las máximas autoridades del mundo financiero internacional celebraban con bombos y platillos el pago adelantado de México de la última parte de los denominados "bonos Brady", por 1.200 millones de dólares, la demencia se extendía a los voceros de las quebradas empresas de corretaje, como la JP Morgan de Wall Street, que declaró que con esto México ingresaba al "primer mundo por la sana administración de su deuda". Por su parte, Merril Lynch dijo que se trataba de "¡un tremendo acontecimiento para la economía!", y que "ahora sólo faltan las reformas estructurales".
En marzo de 1989, Nicholas Brady, secretario del Tesoro estadounidense, presentó un plan para garantizar que México no dejara de pagar puntualmente al menos los intereses de su deuda externa, y evitar así un "efecto dominó" internacional de moratorias. El Plan Brady propuso prolongar la agonía de "la gallina de los huevos de oro" para que no se muriera antes de tiempo. De esto resultaron los bonos Brady. Según el acuerdo, los bancos acreedores le dieron a México la posibilidad de hacer una reestructuración final de su deuda a cambio de la emisión de bonos nuevos, ya sea con un descuento de 35%, o con una tasa preferencial de 6,25%. A esto le añadieron la "concesión" de que los mismos bancos le otorgarían a México un nuevo crédito por el 25% del monto reestructurado, por supuesto, a tasas de mercado. ¡Un negociazo bancario! A ese tipo de bonos nuevos los llamaron "bonos Brady", y se dijo que era una "solución definitiva" al problema de la deuda externa mexicana. Muchos se atrevieron a decir que ya pronto desaparecería el fantasma del pago de la deuda externa.
Pero, tal como Resumen ejecutivo denunciara en aquel entonces, más rápido que pronto el nuevo crédito retornó a los banqueros en la forma de intereses más altos que el propio capital. Y la deuda no disminuyó, sino que aumentó. El monto inicial de los bonos Brady fue de 35.000 millones de dólares. Pero ocurrió que entre 1990 y 2002 México pagó, sólo de intereses de la deuda pública externa, mas de 82.000 millones de dólares; 10,7 veces más que la "reducción" ofrecida por el Plan Brady, de 7.000 millones de dólares, y casi tres veces el monto del capital inicial. Si a esto le agregamos el hecho de que los Gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox pagaron por adelantado parte de esos intereses, más parte del capital, pues los banqueros festejaron esto como un "tremendo acontecimiento", que quieren usar de ejemplo para países como Brasil y Argentina.
Con dichos bonos Brady, Salinas de Gortari alimentó la fantasía de que la deuda externa se reduciría, pero él inició su sexenio con 81.000 millones de dólares de deuda, que se redujeron en 7.000 millones por el efecto Brady, pero terminó el sexenio con una deuda externa de 86.000 millones de dólares; eso sin contar los 30.000 millones de dólares de "deuda interna internacionalizada" de los "Tesobonos" (bonos de deuda interna convertibles a dólares en forma obligatoria e inmediata), que para diciembre de 1994 llevaron a México de nuevo a la insolvencia y la bancarrota.
Con esto, Salinas inauguró la figura y los mecanismos de "deuda interna internacionalizada" que Zedillo elevó al orden ilegal de los "pasivos contingentes"
Los pasivos contingentes
Los planes trazados de saqueo contra México eran cada vez más insuficientes para satisfacer los requerimientos del pago de la deuda externa. El incumplimiento en el pago inmediato de los Tesobonos en diciembre de 1994 llevó a la oligarquía a exigir más exportaciones para satisfacer la liquidez internacional de México. De aquí siguió la instrumentación acelerada del Tratado de Libre Comercio (TLC) por medio del "nuevo modelo exportador" de Zedillo, cuyo eje central fue el reciclaje fascista de la mano de obra barata de las maquilas y la destrucción de la producción nacional de bienes y servicios. Así, se supeditó la economía mexicana a una nueva dependencia de los vaivenes de la economía estadounidense.
Como parte de este modelo cada vez más francamente fascista, vino la aplicación del llamado "déficit cero", o la "argentinización" de México, la eliminación de "nueva emisión de crédito productivo", y las nuevas condiciones bancarias internacionales para otorgar crédito externo, que fueron: primero, que los nuevos créditos internacionales serían, en lo esencial, sólo para pagar deudas, y la forma de adquirirlos sería por medio de la emisión de "bonos soberanos"; y, segundo, que tendrían que encontrarse nuevas formas de "deuda interna internacionalizada" para dar la apariencia de que la deuda externa disminuía, a la vez que conseguía arrebatársele a México sus últimos activos nacionales, mediante las figuras ilegales creadas por Zedillo de los denominados "pasivos contingentes". Bajo esta tramposa rúbrica se establecieron mecanismos para:
1. Privatizar el sistema de pensiones y darle liquidez al quebrado sistema bancario nacional, que luego iría a parar al extranjero. En la actualidad, esos compromisos suman 36.000 millones de dólares que el Gobierno tiene que transferir a manos privadas. Sólo falta que el sector privado empiece a prestar dinero para pagar pensiones a "tasas de interés competitivas", es decir, altas.
2. Regalarle miles de millones de pesos a los banqueros para que siguieran funcionando, saneando los bancos a precio de oro y vendiéndolos a la banca internacional a precios de chatarra. La diferencia de precios constituye en la actualidad más de 70.000 millones de dólares en la forma de "cartera vencida", que el Gobierno asumió y por la cual además paga intereses.
3. Privatizar los sectores estratégicos de la nación, como lo son el de la energía, el del agua, el de la infraestructura en general, y el de los servicios públicos como la salud y la educación. Este proceso de privatización inició mediante la instrumentación de los denominados "pidiregas energéticos", que funcionan como "préstamos de inversión". En la actualidad, estos suman mas de 110.000 millones de dólares y, en la medida que se entregan obras, se generan pagos de intereses. En el 2002 se pagaron mas de 4.500 millones de dólares sólo en intereses. El pago de la deuda está programada a un plazo de 30 años, y los pasivos siguen aumentando año tras año.
4. Otros rescates, como el "carretero" y el de apoyo a deudores que no sean bancos, sino grandes corporaciones.
Resumen ejecutivo ha denunciado sistemáticamente este truco fascista de presentar una aparente disminución de la deuda externa para ocultar los fraudulentos mecanismos de saqueo y de crecimiento de la "deuda interna internacionalizada", tanto desde la época en que se emitieron los Tesobonos, como ahora con el caso de los "pidiregas". En agosto del 2002 Marivilia Carrasco, presidenta del MSIA de México y colaboradora de esta revista, presentó un estudio en el seminario internacional "México–Brasil–Argentina: La Hora de la Integración; marcha hacia un Nuevo Bretton Woods", celebrado en Guadalajara, México, donde demuestra que para el 2002, por encima de la deuda externa oficial de 161.000 millones de dólares, hubo una deuda externa adicional de facto de 109.000 millones de dólares, con lo que la deuda total real ascendió a 271.000 millones de dólares (ver gráfica 1).
Uno de los componentes sustanciales de esa deuda externa de facto son los pidiregas, que Zedillo creó y dejó por un monto de 45.000 millones de dólares. En el período 2000–2002 Fox elevó esa cifra a 101.000 millones de dólares, y pretende duplicar este monto para el año 2003. Por eso es que le urge relizar las mentadas "reformas estructurales".
Tal como advertimos tras la explosión de la bomba de la deuda mexicana en 1994, la oligarquía rentista financiera buscó, por diferentes medios, apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo crudo y gas natural, y de la producción y distribución eléctrica futuras de Méxicom, y para ello se estaban introduciendo reformas que violan el espíritu de la Constitución mexicana. Estas reformas, que fueron aprobadas entre diciembre de 1995 y agosto de 1996, establecen la creación de una nueva figura legal de inversión privada denominada "Proyecto de Impacto Diferido en el Registro del Gasto", o pidiregas, que permite el total financiamiento privado extranjero de proyectos de energía, comunicaciones, transporte e incluso infraestructura de agua y salud. Los pidiregas tienen la "ventaja" de que esa obligación del Gobierno, muy a menudo con extranjeros, no se considera como parte de la deuda pública, ¡dizque por aquello del impacto "diferido"!
A pesar que la constitución mexicana establece claramente que todos estos sectores y otros son estratégicos, y que no pueden estar bajo el control total o mayoritario de intereses privados, y menos de intereses extranjeros, el régimen de Zedillo hizo caso omiso del asunto y Fox se encargó de acelerar el procesos de desnacionalización de los activos nacionales, llevando a la economía del país a un punto de práctica extinción de la empresa nacional y del desarrollo del mercado interno. Este fue el verdadero "cambio" foxista.
Hasta Slim. . .
Carlos Slim, dueño de la empresa Teléfonos de México
Y ahora hasta los porfiados empresarios mexicanos, que estúpidamente desatendieron las advertencias de Lyndon LaRouche, actual precandidato presidencial en los EU, sobre la crisis sistémica de la economía y las finanzas mundiales, han reconocido que el cambio señalado nunca llegó, y le retiraron su apoyo político al foxismo. Empresarios como Dionisio Garza Moreno, vocero del Grupo Monterrey, Lorenzo Servitje del Grupo Bimbo, y otros, se manifestaron en contra de la política económica actual.
Pero Carlos Slim, dueño de la empresa Teléfonos de México, fue más lejos y cuestionó directamente el modelo económico vigente. Slim dijo el 24 de junio que se necesitan "modelos de desarrollo y no de ajuste económico como los recetados por el FMI. . . Se maneja el déficit fiscal como el instrumento, no sólo de presupuesto, sino como una especie de obsesión". En ese sentido, dijo, "nadie puede tomar decisiones sobre una base de ingresos y egresos". Luego diría que, "en el caso de México, como no solamente está el gasto de inversión del Gobierno en el déficit, sino también el de PEMEX (Petroleos Mexicanos—ndr.) y la CFE, entonces se empieza a maquillar cifras y empiezan a inventar instrumentos para hablar de que no hay déficit, cuando sí hay, y son los pidiregas".
Cabe precisar que Slim peca del mismo defecto de quienes critica, cuando afirma que la "realidad es que la recesión de Estados Unidos está llegando a su fin", y propone un mini programa al estilo keynesiano.