Atentan contra los jubilados en México
Benjamín Castro Guzmán, dirigente del Movimiento de LaRouche en Monterrey, México.
El fantasma de Hjalmar Schacht, el banquero central de Adolfo Hitler, hizo acto de presencia en el Congreso de México de la mano de funcionarios del Gobierno de Vicente Fox. Siempre prontos a cumplir con los deseos de la banca internacional, el Gobierno de Fox y sus aliados en el opositor PRI presentaron dos proyectos de ley que, juntos, ejemplifican el meollo fascista de la política schachtiana: destruir la economía física del país y el nivel de vida de la fuerza laboral productiva mediante la austeridad fiscal, y apuntalar la burbuja especulativa a como dé lugar.
En la madrugada del jueves 4 de agosto, el Senado aprobó, por una votación de 82 contra 23, reformas a la ley del Seguro Social de México. La modificación de los artículos 227D y 286K de dicha ley ya la había aprobado días antes la Cámara de Diputados por un margen similar. La mayoría la conformaron los diputados y senadores del gobernante PAN, junto con algunos diputados y senadores del PRI, encabezados por el diputado y ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, el instrumento desechable del momento de la oligarquía financiera.
La nueva ley rompe el contrato colectivo establecido entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el sindicato que representa a sus trabajadores, y deja sin pensiones a los nuevos trabajadores contratados por el IMSS. So pretexto de que el presupuesto del IMSS ya no da para satisfacer los gastos corrientes de la atención médica de sus afiliados ni las pensiones de los trabajadores jubilados del IMSS —argumento con el que quieren dividir al sindicato de la población general—, la nueva legislación da un paso grande en la dirección de eliminar la pensiones por completo. Obligará a los pensionados a mendigar del Congreso federal cada año una partida especial para poder obtener sus pensiones. Hará de las pensiones un gasto “contingente”, que en realidad pronto desaparecerá bajo las presiones del FMI y de la banca internacional, para que haya austeridad fiscal total.
Compárese este proyecto de ley con otro, que los banqueros y el Gobierno de Fox también le presentaron en julio–agosto al Congreso mexicano. Se trata de la deuda del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) —la deuda incurrida con el rescate bancario de 1995—, que suma más de 100 mil millones de dólares. La banca “mexicana” —hoy controlada en 82% por bancos extranjeros— insiste que esa deuda, que de por sí es ilegítima en su mayor parte, deje de ser “contingente”, es decir, sujeta a los vaivenes de la aprobación presupuestaria anual del Congreso, y que pase a formar parte de la deuda pública.
Esta es la esencia de la política schachtiana. La prioridad es la burbuja financiera y el pago de la deuda. Las migajas que sobren, si es que las hay, se distribuirán entre una fuerza laboral cada vez más desesperada. La deuda es sacrosanta; la vida humana es “contingente”.
Hay fuerzas en México firmemente opuestas a esta ofensiva fascista de Fox. El sindicato del IMSS, algunos de sus aliados sindicales y varios grupos políticos habían convocado para el 31 de agosto a una movilización popular en contra de la ley que reforma el régimen del Seguro Social. Una de las voces más claras ha sido la del senador Manuel Bartlett del PRI, quien denunció que las reformas al IMSS acabarían con “la primera constitución social de este siglo, la Constitución [mexicana] de 1917”.
Pero nadie, aparte de los activistas del Movimiento de Juventudes Larouchistas en México, ha explicado la causa internacional de este asalto, ni que la solución al problema de la insolvencia del IMSS yace en la creación de millones de nuevos empleos. Esto requiere la aplicación del programa de cooperación binacional entre México y Estados Unidos para el desarrollo del Gran Desierto Americano, que propone el economista y ex precandidato presidencial demócrata estadounidense Lyndon LaRouche.
El hecho es que la nueva ley, dictada por los banqueros de Wall Street, forma parte de una ofensiva continental y mundial de éstos para apuntalar su impagable burbuja financiera. Como admite un artículo del Los Angeles Times sobre la nueva ley mexicana, “la reforma de los programas de pensiones de los gobiernos ha cobrado nueva urgencia en Latinoamérica, donde las economías débiles y la pobre recabación de impuestos han creado cargas financieras insostenibles”. Cita a Olivia S. Mitchell, “especialista” en pensiones de la Warton School de la Universidad de Pensilvania, quien dice que “reformar los programas de pensiones del gobierno es una necesidad imperiosa en gran parte de Latinoamérica. . . El sector privado ya tomó la amarga medicina. Pedirle al sector público que comparta más de la carga, no sólo es razonable, sino inevitable”.
En México, el presidente Fox, envalentonado por su primer —y quizá su único como gobernante— triunfo en el Congreso, exigió de inmediato ir más allá, a la reforma fiscal, la energética y otras. “Son muchos pasos que hay que dar”, dijo Fox. Y amenazó: “Que se sepan muy bien los nombres de los diputados y senadores que se opusieron” a la la ley del IMSS. La pretención inquisitorial de Fox es señalar a figuras tales como el senador Manuel Bartlett o la senadora Laura Alicia Garza o el senador Carlos Rojas —todos ellos del PRI—, quienes se opusieron a la nueva ley.
La ofensiva del gobierno contra el sistema de pensiones apenas empieza. Roberto Calleja, vocero del IMSS, dijo el 8 de agosto que la reforma a la ley no servirá de nada si no hay también una “modificación al contrato colectivo de trabajo”, para que los trabajadores y el sindicato cedan algunas de las prestaciones que ahora tienen. Según Calleja, las reformas ya realizadas “no son suficientes”.
Además, Eduardo Sojo, asesor de Fox, anunció que el Gobierno trataría también de reformar los sistemas de pensiones de la empresa Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las universidades públicas, y los gobiernos federales, estatales y municipales.
La causa principal de la insolvencia del IMSS es el desplome de la misma economía física mexicana. Ricardo García Sáenz, actualmente diputado por el oposicionista PRD y quien dirigió el IMSS en el Gobierno de Miguel de la Madrid (1982–1988), refutó los argumentos maltusianos esgrimidos por Borrego y compañía en un artículo publicado en La Jornada el 10 de agosto, en el que explicó que el IMSS está en quiebra por “la caída del valor real de los salarios a la cuarta parte de 1892. . . y por la falta de generación de empleos”. O sea, son cada vez menos los trabajadores que aportan al IMSS, y es menos lo que aportan también a causa del desplome de la economía, en especial desde el crac de 1995. Además, el gobierno le debe al IMSS unos 50 mil millones de pesos (más de 4,5 mil millones de dólares), deuda que no paga para acelerar su quiebra y garantizar su privatización.
Estrechez de miras
En la opinión de muchos analistas y observadores de la política de México, la nueva ley fue cocinada en un “pacto” entre el presidente Fox y Roberto Madrazo, uno de los dirigentes del PRI, quien quería demostrarle a Wall Street y sus aliados que el PRI sí tiene la capacidad de llevar adelante e imponer las reformas que éstos reclaman de México.
El sindicato del IMSS y su dirigente, Roberto Vega Galina, decidieron romper las negociaciones con la directiva del IMSS y con el Gobierno el 9 de agosto. También anunciaron el emplazamiento a huelga para el 16 de octubre, alegando violaciones contra el contrato colectivo de trabajo y cuestiones salariales. El sindicato convocó para el 1 de septiembre a una “falta colectiva” o paro nacional, y anunció que realizaría una “marcha nacional” el 31 de agosto. Un problema importante es la estrechez de miras de los dirigentes del sindicato del IMSS. En ningún momento Vega Galina ni sus colaboradores han querido ir más allá del ámbito estrictamente sindical, e incluso han llegado a proponer su propia versión de austeridad y sacrificio para los trabajadores, ofreciendo más tiempo de trabajo y aportaciones de 10% del salario para sostener el fondo de pensiones.