Bolivia: marcada para redibujar el mapa sudamericano

por Gretchen Small

Los arrogantes neoconservadores del American Enterprise Institute (AEI) se han dado a la tarea de anunciar con bombo y platillo la inminente extinción de Bolivia, nación ubicada en el corazón del continente sudamericano. Pero el plan es más que la desintegración de Bolivia: está preparándose el terreno para una guerra regional, en la cual toda Sudamérica podría terminar destruida.

Bajo el título de “The Last Days of Bolivia?” (¿Los últimos días de Bolivia?), la revista Latin American Outlook del AEI de junio del 2004 dice: “De continuar las tendencias actuales, podríamos presenciar la primera alteración a gran escala del mapa político de Sudamérica en más de 100 años”. El autor, Mark Falcoff, académico del AEI para asuntos de Iberoamérica, pronostica que Bolivia se desintegrará pronto, dividiéndose a lo largo de sus “quizás irreconciliables” diferencias raciales y geográficas en dos países, cada uno definido por su principal producto de exportación: la región del altiplano exportadora de coca, y las tierras bajas productoras de gas natural, éstas últimas a cargo del departamento de Santa Cruz. En la perspectiva perversa del AEI, la nación cocalera la dominarían principalmente indígenas, y las tierras bajas, gente de ascendencia más “europea”.

Ésta es la segunda edición de Outlook en seis meses que alega la inminente desaparición de Bolivia, una situación de la cual Falcoff dice que son responsables las élites suicidas de Bolivia.

Una nueva ‘guerra del Pacífico’

En esta ocasión, Falcoff fue más allá, al promover sus tesis en escandalosas entrevistas con nada más ni nada menos que la prensa chilena. Con esto, Falcoff introdujo el conflicto histórico entre Bolivia y Chile desde la guerra del Pacífico de 1879–1881. Chile se apoderó de la costa de Bolivia en el Pacífico en esa guerra, que comenzó cuando el primero, instigado por intereses británicos, invadió Perú y Bolivia apropiándose de territorios de sus dos vecinos. Aunque quedó rodeada de tierra, Bolivia nunca ha cejado en su exigencia de tener acceso al mar.

En las últimas 3 décadas, siempre que se ha reactivado este explosivo conflicto fronterizo regional, ese gringo loco, geopolítico y lacayo confeso de Henry Kissinger, Luigi Einaudi, ha estado oculto detrás de la operación. Einaudi pasó las dos décadas que estuvo en el Departamento de Estado estadounidense tratando de fomentar una nueva Guerra del Pacífico, y ahora, como subsecretario general de la Organización de Estados Americanos, viene dirigiendo varias negociaciones fronterizas en la región.

La operación de la AEI está diseñada para fomentar las condiciones de una guerra regional. Hoy, la guerra podría iniciarse por una disputa por recursos naturales o, como han estado sugiriendo algunos idiotas de los Estados Unidos, si entran tropas chilenas a Bolivia como parte de una fuerza de intervención regional montada so pretexto de “restablecer el orden en un Estado fallido”.

La coordinación de la operación no podría ser más explosiva. Como identificamos en nuestro artículo “Los amigos de Blas Piñar incendian los Andes” (ver Resumen ejecutivo de la 2^a quincena de agosto de 2004), el AEI atacó precisamente en el momento en que la operación fascista para desencadenar una guerra racial en Perú, Ecuador y Bolivia ha entrado en una fase abiertamente separatista, luego de los horrendos asesinatos de los alcaldes electos de Ilave en Perú, y de Ayo Ayo en Bolivia.

Fomentar posibles guerras fronterizas, además de guerras raciales, es una receta infalible para el genocidio. Alguien trata de desatar una guerra perpetua en la región, advirtió el precandidato presidencial demócrata estadounidense Lyndon LaRouche el 28 de junio, una guerra que, una vez empezada, no pueda detenerse.

Un potencial motor económico

El AEI, que aglutina a varios neoconservadores belicistas, como Samuel Huntington, Richard Perle, Michael Ledeen y la esposa de Dick Cheney, Lynne Cheney, es bien conocido en la región como uno de los principales grupos de asesores de donde salió la doctrina imperial de Cheney de la guerra preventiva.
Mientras aún retumbaba en la región el pronóstico de Falcoff, Bolivia fue atacada por otro flanco. El 8 de junio el “Comité Sobre los Estados Débiles y la Seguridad Nacional de los EU”, del Centro para el Desarrollo Global de Washington, D.C., publicó su informe final. El comité, que es una mezcla de los 30 ideólogos más importantes del Proyecto Democracia, ganapanes de diversas fundaciones y agentes de los financieros (George Soros estaba bien representado, y el director gerente de JP Morgan, Daniel Zelikow, participó en persona), hizo recomendaciones sobre “los premios y castigos” necesarios para lidiar con los “Estados débiles y fallidos” que proliferan en el mundo en vías de desarrollo, lo cual, según ellos, representa la mayor amenaza a las grandes potencias en el siglo 21. También señalaron a Bolivia como ejemplo de cómo un Estado fallido y débil pone en peligro a toda una región.

La amenaza contra Bolivia no es nueva. En 1990, en una entrevista con la revista Veja de Brasil, John Reed, entonces presidente de Citibank, señaló el derrumbe de la Unión Soviética como un ejemplo de cómo “han desaparecido países de la faz de la Tierra”, y sentenció que “Perú y Bolivia desaparecerán”.

Bolivia tiene todo el potencial de convertirse en un gran motor industrial y agrícola. Situada en el centro de Sudamérica —limita con cinco países: Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú—, los más de 1 millón de kilómetros cuadrados de su territorio la hacen dos veces más grande que España. Es rica en recursos naturales, desde los minerales concentrados en grandes cantidades en su región montañosa (estaño, zinc, plomo, hierro, plata y otros, como el antimonio, del cual Bolivia ha sido tradicionalmente el segundo productor a nivel mundial), hasta los enormes depósitos de gas natural en sus tierras bajas.

Se estima que en la actualidad Bolivia tiene reservas de gas natural de 54 billones de pies cúbicos, las más grandes de Sudamérica después de Venezuela. También tiene un gran potencial agrícola, como lo muestran sus plantaciones de soya en el oriente del país. Otra región, el Valle Yungas, que tiene algunas de las tierras mas fértiles del país, nunca se ha desarrollado por la falta de infraestructura.

El principal problema de Bolivia es que en su mayor parte está despoblada y carece de la infraestructura mínima requerida para sostener y desarrollar a su población actual, de poco más de 8 millones de personas. En el 2001 sólo 64% del país estaba electrificado, y en las zonas rurales, sólo 25%. Hasta 1994 sólo 4% de las carreteras del país estaban asfaltadas, y no existe una red nacional ferroviaria. Si se invierte en la tecnología adecuada, en infraestructura y educación, como parte de un proyecto regional mayor para desarrollar el interior de Sudamérica, Bolivia despegará.

Para los estadounidenses de antaño, nada sería recibido con mayor beneplácito que ver este proyecto en marcha. Después de todo, los planes de cooperar en la industrialización de Sudamérica eran uno de los grandes proyectos en los que estuvo trabajando el equipo de Franklin Delano Roosevelt, antes de que sus adversarios, los financieros sinarquistas, tomaran control de la política estadounidense tras su muerte.

Para los oligarcas y sus financistas, las materias primas de Bolivia y sus vecinos existen solamente para ser saqueadas a su gusto. Hoy, en la medida que su sistema financiero global se desintegra, estos intereses están decididos a usar esta crisis para apoderarse de las materias primas del mundo en su propio beneficio, y para eliminar, no sólo a naciones específicas, sino el concepto mismo de Estado nacional soberano.

A estos intereses no les importan para nada Bolivia o Perú per se, ni tampoco su cuento del “éxito” de Chile, en ese sentido. Su modo de “pensar”, por así decir, es simple: por su falta de desarrollo, Bolivia es vulnerable. Haz pedazos a Bolivia, y puedes destrozar a sus vecinos también, incluyendo a Chile.

La trampa para Bolivia

Junto con su vecino Perú, a Bolivia la eligieron los intereses financieros que dirigen el narcotráfico internacional a fines de los 1960, para transformarla en la principal productora de coca, el principal ingrediente del cual se fabrica la cocaína. La guerra del narcotráfico contra el país arreció a fines de 1980, cuando la empresa minera estatal fue casi cerrada —una operación dirigida por Jeffrey Sachs de Harvard—, dejando a miles de mineros sin otro medio de sustento que el cultivo de coca.

Luego, durante el primer Gobierno (1993–1997) del representante de la empresa Rio Tinto Zinc, el zar millonario de la minería Gonzalo Sánchez de Lozada, el control mayoritario de las empresas estatales de Bolivia fue vendido por una bicoca a multinacionales extranjeras. Estas multinacionales de inmediato eliminaron muchos de los ya de por sí pocos empleos decentes disponibles en la nación. (La operación fue descarada: el principal comprador de las concesiones mineras estatales fue una empresa formada por una sociedad entre Rio Tinto Zinc y la familia Sánchez de Lozada).

En la presidencia de Sánchez de Lozada se cocinó la idea de que el principal enfoque económico de Bolivia (aparte de exportar coca) debía ser convertirse en una plataforma para la exportación de gas natural; no como parte de un esfuerzo de desarrollo regional que beneficiaría la economía nacional de Bolivia, sino como un programa para las multinacionales extranjeras, que ven el gas sólo como otra manera de hacer dinero. La inversión en el mercado nacional se descartó de forma explícita, por considerársele muy pequeña para que valiera la pena.

Algunos lunáticos sugirieron incluso que Bolivia debía convertirse en “exportadora” de electricidad, ¡cuando que su propio pueblo vive en la oscuridad!

Con los años, el plan de la plataforma de exportación cobró forma en un proyecto que han promovido como la salvación de la economía boliviana. El proyecto de gas natural funcionaría de la siguiente manera: Bolivia enviaría el gas a un puerto peruano o chileno, donde lo licuarían en una planta que se construiría para tal efecto. Así, el gas de Bolivia, en la forma de gas natural licuado (GNL), sería embarcado desde Sudamérica hacia México, y de ahí a los EU.

Éste es un proyecto de saqueo de recursos naturales de lo más demente, en términos de la economía física, dadas las necesidades de desarrollo y la escasez manifiesta de energía en Sudamérica.

Hugo Bánzer, en su discurso de la ceremonia de toma de posesión como presidente en 1997, dirigiéndose directamente al presidente chileno Ricardo Lagos, dijo que este acuerdo significaba que Bolivia recibiría 400 millones de dólares por su materia prima, mientras que el país con el puerto, ya fuera Perú o Chile, recibiría 1.500 millones por licuar el gas. ¿Cómo puedo explicarle esto a mi pueblo?, le preguntó Bánzer.

Sin embargo, con Sánchez de Lozada de regreso en la presidencia en 2002, se cerró el lucrativo acuerdo con Chile y un consorcio de multinacionales encabezado por la British Petroleum y la española Repsol, bajo el cual Chile recibiría la concesión de GNL, en vez de Perú.

Hubo una oposición generalizada a la decisión de otorgar la concesión a Chile (excepto por las partes interesadas). Pero quien más destacó en su oposición al proyecto fue el aparato de los cocaleros controlado por los financieros e identificado en el artículo de “Los amigos de Blas Piñar”: Evo Morales, Felipe Quispe, etc.

Con muy pocos empleos y casi ninguna esperanza de que la situación mejorara, los cocaleros tomaron como bandera el despreciado acuerdo gasero de Chile y los EU en las huelgas y protestas generalizadas que finalmente obligaron al presidente Sánchez de Lozada a renunciar en octubre del 2003.

El vicepresidente Carlos Mesa, un ex reportero de televisión y analista político sin una base política propia, asumió la Presidencia en medio de una situación en extremo tensa, en la cual las fuerzas de los cocaleros acababan de demostrar su fuerza cada vez mayor. Con la presión del Gobierno de Bush y del FMI para que el Gobierno mantuviera la austeridad fiscal, Mesa tuvo muy poco que ofrecerle a la población, aparte de una actitud más comprensiva que la del aspirante a oligarca con acento inglés, Sánchez de Lozada.

Buscando lograr el apoyo de los cocaleros —los cuales llevaron su oposición inicial al acuerdo gasero con Chile, a oponerse a cualquier exportación de gas desde Bolivia, que la industria de los hidrocarburos fuera totalmente renacionalizada, que 250.000 hogares recibieron gas natural gratuito, y que se creara una industria—, Mesa cayó en la trampa tendida a Bolivia. La antigua demanda de Bolivia de tener acceso al mar se mezcló con el tema de las exportaciones de gas, y el Gobierno de Mesa declaró que no exportaría a Chile “ni una molécula de gas”, hasta que los dos asuntos estuvieran arreglados.

Se necesita desarrollo regional, ¡ya!

Con esta imagen en mente, veamos otra vez la intervención del “experto” del AEI. Falcoff dijo que el Gobierno de Mesa estaba “suicidándose” al negarle gas natural a Chile, “amenazar con cancelar antiguos contratos con empresas energéticas internacionales”, y supuestamente prepararse para “sacar al país de la economía mundial”; el peor pecado que podría considerar un ideólogo del libre comercio como Falcoff. Incluso mencionó el hecho de que Mesa está tratando de “gobernar sin partidos políticos”, como si eso fuera un crimen nefasto.

Falcoff declaró que sólo si Bolivia acepta descentralizar el gobierno y los recursos, el país puede evitar la división. En otras palabras, sólo si el gobierno entrega el control del gas y otros recursos naturales a los departamentos, que son más fáciles de controlar para los buitres financieros extranjeros, puede permitírsele seguir teniendo un gobierno nacional.

Falcoff, un escandaloso promotor de Chile como el país modelo de Sudamérica desde hace tiempo, se fue luego con la prensa chilena, a la que prometió que, de crearse “la república de Santa Cruz, tendrá relaciones absolutamente normales con Chile”. ¡Como si hablara por el Gobierno chileno! Dijo que no sabía qué haría Argentina, pero Falcoff opinó que si Brasil reconocía a “esta nueva república”, Argentina no tendría más remedio que hacer lo mismo.

Animadas con las promesas de apoyo extranjero de intereses tan dizque poderosos como el AEI de Dick Cheney, entre 50.000 y 100.000 personas tomaron las calles de Santa Cruz el 22 de junio para exigir autonomía y el derecho a controlar la venta de “sus” recursos naturales, en oposición al gobierno nacional. Haciéndose eco de Falcoff, Rubén Costas, líder del Comité pro Santa Cruz, el cual organizó la manifestación, le dijo a la multitud: “No queremos ser parte del suicidio. Hemos sido pacientes, pero ya no más. Ahora decimos ‘¡basta!’ al centralismo y la corrupción”.

‘La fuerza multinacional’

Está haciéndose presión para declarar a Bolivia un “Estado fallido” que amenaza la seguridad nacional de sus vecinos, y, por tanto, se requiere la creación de una fuerza regional que intervenga en el Hemisferio Occidental, la cual fue propuesta por primera vez por el secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld en noviembre del 2002. El 25 de junio el ministro de Defensa argentino José Pampuró declaró que los países de la región, y en particular su vecino Chile, están preocupados por la inestabilidad y la “libanización” que están apoderándose de Bolivia, y porque la situación de ese país se discutirá en la siguiente reunión regional de ministros de Defensa. Después de que el Gobierno boliviano emitió una protesta formal al Gobierno argentino por estas declaraciones, el ministro de Defensa expresó una disculpa oficial, sin duda bajo presión de la Presidencia argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Más importante que la disculpa, es que el Ministerio de Defensa argentino emitió un comunicado declarando que la situación social de Bolivia no estaba en los planes del Ministerio de Defensa de otra nación, Argentina, ni la tratarían los ministerios de Defensa del Mercosur en las próximas reuniones.