Economía
Los recortes tienen furiosos
a los pensionados rusos
A principios de los 1990 los rusos salían a las calles a vender lo que pudieran para conseguir un poco de dinero; ahora están quitándoles hasta las prestaciones del gobierno.
El 17 de enero, luego de varios días de protestas de los pensionados por casi toda Rusia, el presidente Vladimir Putin trató de aplacar la furia que desataron los cortes que el Gobierno le impuso a sus prestaciones. Al abordar el desbarajuste creado por el cambio de las prestaciones en especie por pagos en efectivo, que entró en vigencia el 1 de enero, Putin criticó cómo viene aplicándose la nueva medida, y ofreció paliativos temporales, pero hasta ahora no ha repudiado la medida como tal.
La nueva ley elimina muchos subsidios del Estado al sector social, ateniéndose a lo exigido por las instituciones financieras internacionales por más de una década.
El gurú chileno de la privatización de pensiones José Piñera y el derechista Instituto Cato de Washington intervinieron para venderle el plan a Putin. Algunos economistas más cuerdos advirtieron que sustituir los beneficios en especie entre ellos el servicio médico y el transporte gratuitos para los pensionados, y subsidios de 50% para la vivienda, los servicios públicos y el teléfono de los jubilados y discapacitados con pagos en efectivo equivalentes a entre 25 y 40 dólares mensuales, representaría un choque para las 40 millones de personas (casi un tercio de la población rusa) que dependían de ellos.
Lo peor está por venir
Pero lo peor está por venir. Desde el 17 de enero un artículo de Nezavisimaya Gazeta ya predecía más olas de protestas a partir de febrero, cuando los pensionados y otros empezarían a recibir los cobros de servicios y rentas que reflejaban la eliminación de los subsidios. El aumento es del orden de entre 35 y 40% en la mayoría de las regiones. Nezavisimaya Gazeta, propiedad del magnate exiliado Boris Berezovsky, seguido predice los peores panoramas para Putin, pero en este caso el oficialista Rossiyskaya Gazeta concordó.
Dicho y hecho, las protestas continuaron, aunque para el 31 de enero, la mitad de las regiones de Rusia habían mitigado la eliminación del transporte gratuito para los pensionados, reinstaurando el transporte gratuito o distribuyendo pases de descuento. Nuevos estratos de la población comenzaron a protestar contra la reformas, pues también han afectado a otros ciudadanos aparte de los jubilados.
El 7 de febrero Novyye Izvestia informó de una reunión de sindicatos de policías que hubo el día anterior en Moscú, donde se quejaron de no haber recibido la compensación monetaria prometida a cambio de las prestaciones en especie. Victor Chugunov, subjefe de la policía de Moscú, dijo que 350 oficiales presentaron su renuncia.
El mismo periódico informó de una manifestación escenificada por los empleados civiles de la Flota Septentrional de Rusia, en la región de Leningrado (en los alrededores de San Petersburgo).
El 10 de febrero cientos de empleados civiles del Ministerio de Defensa protestaron frente al edificio principal de esa dependencia en Moscú, al tiempo que otros 500 protestaban frente a la sede del gobierno exigiendo un 20% de aumento salarial. El Nezavisimaya Gazeta, de Boris Berezovsky, destacó de manera especial que las protestas amenazaban con intensificarse, citando a un funcionario de la Federación de Sindicatos de Trabajadores y Empleados de las Fuerzas Armadas, quien afirmó que, de no satisfacerse las demandas de los 800.000 empleados civiles del Ministerio de Defensa, su organización está lista a emprender “protestas por toda Rusia” en marzo.
También hubo protestas el 10 de febrero por el aumento en el precio de la gasolina en Moscú, San Petersburgo, Vladivostok, Nijni Nóvgorod, Tsaritsin, Novosibirsk, Jabárovsk, Petrozavodsk, Kursk y Arcángel.
Otro que advirtió que los golpes más duros estaban por venir, fue el economista e integrante de la Duma (parlamento) Serguei Glaziev. En un discurso que dio el 19 de enero en la rama regional de Moscú de su movimiento Por una Vida Decente, Glaziev dijo: “Las consecuencias que los ciudadanos han experimentado en las dos primeras semanas de este año son sólo las primeras flores de la primavera”. Añadió que, desde ya, “la abolición del transporte gratuito, la avalancha de aumentos en el costo de los servicios y la vivienda, y la eliminación de prácticamente todo apoyo estatal a los niños, incluyendo los desayunos escolares gratuitos en la mayoría de las regiones, significa que la gente encara la alternativa de, o defender sus intereses como pueda, o renunciar al derecho a la vida”.
“Viene una desazón aun mayor”, dijo. “La reforma de salud llevará a un marcado aumento en el costo del servicio médico. Millones de personas con enfermedades crónicas no podrán adquirir medicamentos para vivir. Viene la aplicación del código de vivienda, lo que legalizará los desalojos de la gente de sus departamentos. Se avizora un impuesto inmobiliario que, aunado al alza de las tarifas, le asestará un golpe aun mayor al bolsillo de los ciudadanos. La comercialización de la educación y la salud están en ciernes”.
Glaziev instó a someter estas políticas a un referendo nacional. Dijo que la “libre competencia” es inapropiada para el sector social, “porque el sector social no ofrece sus bienes y servicios en razón de la ganancia inmediata, sino por el desarrollo de la nación y la sociedad, y del bienestar del pueblo”. También advirtió que algunos quieren explotar la crisis “para llevar al poder a un nuevo Pinochet ruso”.