Desatan al fantasma del separatismo en los Andes

por Gretchen Small

Desde mediados del 2004 está publicación advirtió que el nido de neoconservadores cheneyófilos del American Enterprise Institute (AEI) en Washington, D.C., estaba preparándose para partir a Bolivia, a fin de propagar la anarquía, la guerra y el caos por toda Sudamérica. ¿Qué mejor manera de reducir la población de la región, eliminar los Estados nacionales que defienden sus intereses, y después apoderarse de sus recursos?

Esa operación contra Sudamérica con eje en el AEI ya recibió “luz verde”, y arrancó con el “cabildo abierto” realizado el 28 de enero en Santa Cruz, Bolivia, para exigir la autonomía del departamento de Santa Cruz. “¡Éste es el primer día de la autonomía nacional! ¡Autonomía ya!”, rugió Rubén Costas, jefe del Comité Cívico pro Santa Cruz que organizó el cabildo, en el que participaron más de 150.000 personas. La multitud saludaba, no a la bandera nacional de Bolivia, sino a la de Santa Cruz, al tiempo que coreaba: “¡Autonomía! ¡Autonomía!”

La maniobra de Santa Cruz representa un punto de inflexión en las Américas. En las condiciones actuales de crisis internacional acelerada, las décadas de políticas diseñadas para destruir al Estado nacional han alcanzado uno de sus objetivos: poner en tela de juicio la existencia misma de las naciones. La crisis que vive Bolivia es una demostración viva de lo que advirtió el estadista norteamericano Lyndon LaRouche, al efecto de que ninguna nación durará mucho bajo este sistema internacional. A menos que un concierto de naciones, encabezadas por unos Estados Unidos que restauren los principios bajo los cuales fueron fundados, actúe pronto para cambiar un sistema que ha aplastado la soberanía, no habrá nada que detenga el caos ahora desatado en los Andes.

El fantasma del separatismo no sólo está desatado en Bolivia, sino entre sus vecinos. Ya hay movimientos separatistas en Ecuador y en Perú. Los oligarcas neoconservadores que dominan la élite empresarial y política de Guayaquil, la segunda ciudad y el principal puerto de Ecuador, organizaron una marcha el 26 de enero, en la que el alcalde Jaime Nebot le dijo a las decenas de miles de manifestantes —algunos de los cuales portaban carteles pidiendo un “Guayaquil independiente”—, que la paciencia de Guayaquil se había acabado, al tiempo que exigió la autonomía de la ciudad.

Y también, al tiempo que los oligarcas de Santa Cruz tenían su cabildo, 10.000 indios quechuas y aymaras marcharon en Puno, Perú, pidiendo autonomía. En el anuncio de la formación del “Movimiento por la Autonomía Regional Quechua–Aymara” (MARQA), sus dirigentes se jactaron de haber enviado a dos representantes a Santa Cruz como observadores del cabildo. El MARQA insiste que la economía de su pretendida región autónoma, que corre a lo largo del altiplano de Perú, ¡tiene que basarse en el establecimiento de una zona de libre comercio libre de aranceles! Algo muy acorde con los “usos y costumbres de los indígenas”.

¿Quién desató al fantasma del separatismo?

En junio del 2004 la revista Latin American Outlook del AEI publicó el artículo “The Last Days of Bolivia?” (¿Los últimos días de Bolivia?), en el cual el autor Mark Falcoff concluye que, “de continuar las tendencias actuales, podríamos presenciar la primera alteración a gran escala del mapa político de Sudamérica en más de 100 años”. Falcoff pronostica que Bolivia se desintegrará pronto, dividiéndose a lo largo de sus “quizás irreconciliables” diferencias raciales y geográficas en dos países, cada uno definido por su principal producto de exportación: la región del altiplano exportadora de coca, y las tierras bajas productoras de gas natural, éstas últimas a cargo del departamento de Santa Cruz. En la perspectiva perversa del AEI, la nación cocalera la dominarían principalmente indígenas, y las tierras bajas, gente de ascendencia más “europea”. Luego Falcoff, en una entrevista con la prensa chilena, le dio el “pitazo” a los bolivianos de que el AEI en Washington apoyaba la separación, diciendo que estaba seguro de que Chile, e implícitamente los EU, reconocerían a la “República de Santa Cruz”.

Ésta es la segunda edición de Outlook en seis meses que alega la inminente desaparición de Bolivia. Sin embargo, no es la primera vez que financistas extranjeros pretenden eliminarla en tanto nación. En julio de 1990 el presidente de Citibank, John Reed, declaró desde Brasil, que “Perú y Bolivia desaparecerán”.

En enero de 1992 la prensa boliviana dio a conocer la advertencia del director general de Resumen ejecutivo, Dennis Small, quien visitó Bolivia en busca de apoyo para la liberación de Lyndon LaRouche (a quien Bush padre tenía preso en los EU en ese entonces), de que la amenaza de Reed reflejaba la intención de los financieros del FMI de destruir a los Estados nacionales, y que por eso LaRouche encabezaba la batalla por remplazar ese sistema quebrado. “El tiempo dirá si Small dice la verdad o no”, afirmó un comentarista de televisión de Bolivia.

Y el tiempo habló

Trece años de privatización, recortes y aumento del narcotráfico han llevado a Bolivia al borde de la desintegración. Su población está desempleada y hambrienta; los que han podido han abandonado el país con la esperanza de encontrar trabajo. Más de tres décadas de saqueo posindustrial han reducido al Estado a la condición de “intermediario entre las organizaciones no gubernamentales y las multinacionales”, como le comentó en privado a esta publicación un funcionario boliviano.

La élite de Santa Cruz jura y perjura que no son separatistas, y que sólo quieren una tajada mayor de la riqueza que producen “sus” recursos en “su” departamento. El Comité Cívico pro Santa Cruz ha movilizado a estudiantes, sindicalistas y dirigentes locales con el cuento de que es necesario hacerle “justicia económica” al departamento. Santa Cruz produce un 33% del producto interno bruto de Bolivia, incluidos los productos agrícolas e industriales, y la mayor parte del gas y el petróleo (sin embargo, nadie de Santa Cruz ha reclamado “su” parte de la inflada deuda externa del país).

Esta “revolución del pueblo” no tiene nada de espontánea. Al mando del Comité Cívico, al que usa como fachada, está la alianza de empresas petroleras, gaseras, mineras y de servicios públicos privatizadas, que cuentan con el apoyo particular del partido del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). En su primer período de gobierno (1993–1997), Sánchez de Lozada, un directivo de Rio Tinto Zinc que por décadas vivió fuera del país, ejecutó la privatización (en Bolivia llamada “capitalización”) de las empresas del sector estatal, en gran medida a favor de intereses extranjeros. Su segundo período terminó abruptamente en octubre del 2003, luego de sólo año y medio, cuando las protestas generalizadas lo forzaron a renunciar.

El núcleo del comité lo conforman librecambistas radicales de la variedad más lunática. Tomemos el caso de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO) de Santa Cruz. La Fundación Libertad, Democracia y Desarrollo (FULIDED) de la CAINCO, con sede en Santa Cruz, es un apéndice de la feudal Sociedad Mont Pelerin, cuyos ideólogos dirigen la operación “Pinochet II” del presidente George Bush para privatizar el Seguro Social en los EU.

La FULIDED es un engrane fundamental de la red internacional de centros ideológicos de la Sociedad Mont Pelerin que dirige la Fundación Atlas, con sede en los EU, que reunió a las “luminarias” internacionales de esta redes en Santa Cruz para darle cátedra a los dirigentes locales sobre cómo acabar con las molestas reglamentaciones del Estado que interfieren con la ganancia privada (la Sociedad Mont Pelerin, oponente del gobierno en general, está casada con la doctrina satánica de Bernard de Mandeville de que “los vicios privados acarrean virtudes públicas”). La operación de la CAINCO se entrelaza con el AEI en otro de los grupos de fachada de la Fundación Atlas: la Fundación Internacional para la Libertad (FIL). Ambas instituciones forman parte de la FIL; Falcoff del AEI está en su Consejo Académico, y Oscar Ortiz de la FULIDED es uno de sus directores asociados.

La ley de la selva

Como reflejo del pesimismo engendrado por décadas de deterioro en las condiciones de vida, la mayoría de los movimientos políticos del país están ahora organizados en torno a intereses particulares: el origen étnico, los cocaleros, la ganancia privada, los asuntos regionales, etc. Cada uno compite por una tajada mayor de un pastel que no existe, y la mayoría cuenta con recursos mayores que los del gobierno a cargo de defender el interés nacional.

Un aumento en el precio del combustible decretado por el gobierno a principios de enero —una condición impuesta por el FMI—, brindó el pretexto que los de Santa Cruz estaban buscando (esta pandilla ya había armado un Consejo Preautonómico para que preparara los estatutos de la autonomía, antes de que anunciaran siquiera el alza en los combustibles). El alza desencadenó manifestaciones por todo el país. Cabecillas radicales de estos dos grupos, que a las claras son enemigos acérrimos —los cocaleros y la oligarquía de Santa Cruz—, unieron fuerzas para exigir la salida del presidente Carlos Mesa, lo cual crearía caos y las condiciones neceasarias para un posible golpe militar.

Ante la perspectiva de una insurgencia que no tenía el poder de derrotar, Mesa habló el 28 de enero por televisión nacional, anunciando dos concesiones importantes para Santa Cruz: que había firmado un decreto convocando a la elección directa de los gobernadores de los departamentos (bajo la Constitución de Bolivia éstos son nombrados por el presidente); y que habrá un referendo nacional antes de la Asamblea Constituyente que ya está programada para redactar una nueva constitución que decida si debe concedérsele o no autonomía a los departamentos.

Las fuerzas jacobinas “populares”, las cuales también abogan por la autonomía de intereses particulares (de los indios, las provincias, etc.), se oponen violentamente a esto último. Pero creen que, de convocar a la Asamblea Constituyente antes de decidir lo de la autonomía, podrán controlar el poder. Así, una nueva ronda de huelgas nacionales y protestas ha arrancado contra el gobierno.