Militares de EU demandan al secretario Rumsfeld por torturas

por Edward Spannaus

"Las políticas del señor Rumsfeld han manchado a nuestros militares... queremos limpiar esa mancha", dijo el general (r.) del Ejército de Estados Unidos James Cullen, uno de dos abogados militares que integran el equipo legal en una demanda que entablaron el 1 de marzo contra el secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la ONG de los derechos humanos Human Rights First, a nombre de cuatro ciudadanos de Afganistán y cuatro de Iraq, ex prisioneros que fueron torturados y abusados por soldados de EU al mando de Rumsfeld.

Cullen, ex presidente del Tribunal de Apelaciones Militares del Ejército de EU, y el contraalmirante (r.) John Hutson, ex auditor de guerra de la Armada, le dijeron a EIRNS que han recibido muchas muestras de apoyo. "Muchos del servicio activo y de la reserva me han llamado y agradecido en privado por hacer lo que ellos no pueden", dijo el general Cullen. El contraalmirante Hutson dijo que ha recibido correos electrónicos y llamadas telefónicas de aliento y apoyo de viejos colegas y de otras personas, entre ellas militares retirados y en activo que están consternados por lo que ha sucedido en el último par de años, y que quieren que EU abandone este camino.

De hecho, es ampliamente reconocido que oficiales de alta graduación como el ex jefe del Comando Central de EU, el general Joseph Hoar, y el general Anthony Zinni, quienes han atacado las políticas de Rumsfeld y del Gobierno de Bush, hablan por muchos otros oficiales que no pueden hacerlo con libertad porque siguen en el servicio activo.

En septiembre de 2004 ocho generales y almirantes retirados le enviaron una carta abierta al presidente Bush, instando a la creación de una comisión independiente para investigar el abuso y la tortura de prisioneros en Afganistán, Iraq y Guantánamo. Además del contraalmirante Hutson y del general Cullen, otro de los firmantes fue el general Hoar.

Luego, a principios de enero, doce oficiales retirados de alta graduación le mandaron una carta a la Comisión Judicial del Senado en la que externaron su preocupación por el nombramiento del asesor de la Casa Blanca Alberto Gonzales como procurador general de EU. Los generales Cullen y Hoar le pidieron al Senado que rechazara el nombramiento de Gonzales.

Una fuente de inteligencia bien conectada le dijo a EIRNS que había toda una generación de oficiales que siguió en las fuerzas armadas después del desastre de la guerra de Vietnam, para poner las cosas en orden de nuevo y asegurar que nunca más hubiera una debacle similar. Ahora éstos ven sus esfuerzos irse por el caño con el Gobierno de Bush y Cheney, y están dispuestos a hacer lo que puedan para detenerlo.

Sin embargo, todo ha pasado desapercibido para la prensa. Aunque Hutson sostuvo una conferencia de prensa el 1 de marzo, casi ninguna de la "gran prensa" mencionó siquiera la participación de los militares en la demanda.

Rumsfeld es responsable

En respuesta a preguntas de EIRNS, el general Cullen dijo:

"Las medidas del señor Rumsfeld han minado principios fundamentales que han sido la base de los valores y el adiestramiento militares. Sus medidas echan por la borda décadas de experiencia militar en el uso de técnicas apropiadas para la interrogación de detenidos...

"El señor Rumsfeld autorizó técnicas que han llevado directamente a actos que constituyen violaciones graves de las Convenciones de Ginebra. Las Convenciones de Ginebra han servido para proteger a nuestros soldados en guerras convencionales y de guerrillas. Fue justificado que invocáramos sus protecciones, aun cuando nuestros adversarios fueran guerrilleros o un gobierno disfuncional...

"El mando y la dirigencia conllevan responsabilidades diferentes. Si había alguna duda sobre el alcance de estas responsabilidades de mando, quedó resuelta por los tribunales después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no basta que un dirigente alegue: 'Yo no cometí el acto criminal', o 'yo no lo ordené personalmente'. El señor Rumsfeld echó a andar medidas que facilitaron los infortunados actos de los que leemos con pasmosa regularidad. Un dirigente tiene la responsabilidad clara de tomar medidas significativas para parar violaciones graves del derecho internacional que sucedan en las instalaciones y zonas bajo su control, en especial las violaciones graves engendradas por sus políticas. Unos cuantos pronunciamientos emitidos con el fin de controlar los daños no bastan.

"Después de la Segunda Guerra Mundial llamamos al general [japonés Tomoguchi] Yamachita a rendir cuentas por las graves violaciones del derecho internacional que cometieron sus fuerzas, aun cuando las circunstancias plantean alguna duda sobre qué tanto control y comunicación tenía con esas fuerzas. Los tribunales concluyeron que él no tomó medidas lo bastante fuertes para asegurarse de que sus fuerzas no cometieran infracciones graves del derecho internacional, y lo declararon culpable por esas fallas. Nuestro país alegó que debía aplicarse esta norma de responsabilidad de mando, y nadie puede argumentar de forma convincente que nosotros debemos eximirnos de la misma norma.

"Las conclusiones a las que llegó la Comisión Peers tras la masacre de Mi Lai reforzaron estas lecciones. Entre dichas lecciones estaba la cultura creada por las medidas decretadas por el entonces secretario de Defensa Robert McNamara para medir el éxito en la guerra: el 'síndrome del conteo de muertos', que evolucionó del acento puesto al 'éxito' cuantitativo, desempeñó una función significativa en las circunstancias que llevaron a lo de Mi Lai. El general Peers también destacó la deshumanización del enemigo como factor que afecta la comisión de crímenes de guerra.

"La deshumanización y humillación de detenidos al amparo de las políticas del señor Rumsfeld deben movernos a ampliar las advertencias que hizo el general Peers hace tres décadas. El señor Rumsfeld ha dejado claro que no pretende hacerse responsable por las pautas de inmoralidad surgidas a raíz de sus decisiones políticas".