¡El presidente Bush está loco!

Al sacar a colación el asunto de enjuiciar al presidente estadounidense George W. Bush y a su vicepresidente Dick Cheney, lo que Lyndon LaRouche ha puesto sobre el tapete es una cuestión muy delicada. No debemos confundir el razonamiento de LaRouche con el de los que piden un enjuiciamiento porque no están de acuerdo con la guerra del Presidente o con sus políticas económicas. Sí, son reclamos legítimos, pero no llegan al nivel de contravenir la Constitución. Lo último que Estados Unidos y el mundo necesitan ahora es una repetición de la cacería de brujas partidista que vimos con el injurioso encausamiento del presidente Bill Clinton.

Por ello, seamos claros en cuanto al fundamento necesario para enjuiciar a este Presidente y a su Vicepresidente. LaRouche no aborda el problema desde la perspectiva de la ira o de la ideología, sino sobre la base de un principio contitucional.

La primera vez que LaRouche pidió que se dieran pasos para enjuiciar a Cheney, fue a mediados del 2003. En ese momento era por demás claro que Cheney le había ocasionado un grave daño a la nación, a su pueblo y a su Constitución, al perpetrar un fraude contra Estados Unidos. En términos específicos, Cheney le mintió al Presidente, lo engañó, y prácticamente puso palabras en su boca a fin de empujarlo a emprender una guerra que, de por sí, violaba toda norma jurídica internacional establecida por el tribunal de Núremberg al término de la Segunda Guerra Mundial; a saber, que la guerra de Iraq era una guerra de agresión injustificada, de la misma clase que la que Hitler emprendió contra sus vecinos.

Las consecuencias devastadoras de los dos años que siguieron —para Iraq, la región y, más en definitiva, para el pueblo estadounidense— no han ayudado en nada a mitigar este daño. Al contrario, las pruebas de que Cheney desempeñó una función decisiva en perpetrar el fraude contra el Presidente, y contra la población, han quedado confirmadas en repetidas ocasiones.

Al principio, la idea de LaRouche era que bastaría con deshacerse de Cheney enjuiciándolo —u obligándolo a renunciar, en caso de que decidiera evitarse la molestia de pasar por un jucio— para poner la situación del Gobierno estadounidense bajo control, de modo que miembros responsables de la institución presidencial se hicieran cargo y guiaran a la nación en la dirección correcta.

Pero la montaña de pruebas que viene acumulándose sobre la literal demencia del presidente Bush, ha llevado a LaRouche a concluir que a él también hay que botarlo, ya sea enjuiciándolo o forzándolo a renunciar.

Un ejemplo decisivo de que el Presidente no está en condiciones de gobernar, es su reiterada afirmación de que los bonos del Tesoro estadounidense, que conforman el patrimonio del Seguro Social, no son más que "pagarés sin valor". Lo que viene demostrando Bush es que está mentalmente incapacitado para cumplir el juramento que hizo al asumir el cargo y que, por consiguiente, tenemos que remplazarlo.