Sebastián Piñera, candidato presidencial chileno, con el también discípulo de Francisco Franco, el ex primer ministro español José María Aznar (Foto: www.sebastianpresidente.cl).
Rohatyn y los schmittlerianos pretenden retomar el poder en Chile
por Cynthia R. Rush
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| Sebastián Piñera, candidato presidencial chileno, con el también discípulo de Francisco Franco, el ex primer ministro español José María Aznar (Foto: www.sebastianpresidente.cl). |
Puede ser que el ex general Augusto Pinochet al fin sea sometido a juicio en el 2006 por las atrocidades nazis que cometió en Chile durante sus 17 años de dictadura, desde el sangriento golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende Gossens el 11 de septiembre de 1973, hasta que dejó el poder en 1990. Aunque sus abogados han logrado posponer el proceso en su contra hasta ahora, recientes fallos judiciales despojándolo de su inmunidad como ex jefe de Estado y ordenándole presentarse al cuartel de polícia para ficharlo, hacen pensar que el juicio podría ocurrir pronto.
Aunque es probable que Pinochet, de 90 años, sea juzgado primero por los asesinatos y las desapariciones de militantes izquierdistas en la operación Colombo de los 1970, y por las actividades ilícitas que le permitieron ocultar una fortuna inexplicada de 30 millones de dólares en bancos del exterior, el objetivo fundamental de los fiscales es procesarlo por el papel directo que desempeñó en el aparato fascista de asesinato y tortura de operación Cóndor.
Pinochet es culpable de esos delitos, y debe ser juzgado por ellos. Pero ahí no acaba la cosa. La responsabilidad máxima por la operación Cóndor recae en Henry Kissinger, quien como asesor de seguridad nacional y, luego, secretario de Estado de Richard Nixon fraguó el golpe de Pinochet, y en banqueros sinarquistas afines agrupados en torno a George Shultz, arquitecto en gran parte de las políticas criminales del Gobierno de George W. Bush hoy día, tales como Félix Rohatyn, de la Lazard Frères. Rohatyn, quien hoy busca imponer una economía schachtiana en EU (ver pág. 1), era miembro de la junta de la International Telephone and Telegraph Co. (ITT) —bien conocida por su colaboración con el régimen de Hitler— cuando esta empresa conspiraba con la CIA para derrocar a Allende, y exigía la estrangulación económica de Chile.
La coordinación que hubo entre las agencias de inteligencia y seguridad, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte de las dictaduras del Cono Sur de operación Cóndor, para detener, torturar y "desaparecer" a miles de opositores, permitió imponer las medidas económicas fascistas de la Universidad de Chicago, que convirtieron a Chile en el "milagro económico" schachtiano tan admirado por los financieros sinarquistas del mundo.
Son estas mismas redes sinarquistas que hoy respaldan la candidatura del millonario Sebastián Piñera a la Presidencia de Chile, contra la socialista Michelle Bachelet, la candidata oficialista, en las elecciones del 15 de enero.
El "humanismo cristiano" que Piñera dice representar, es el de su hermano José Piñera, quien, como ministro del Trabajo de Pinochet, privatizó el Seguro Social, desmanteló el movimiento sindical, y arrojó a millones de trabajadores chilenos a la pobreza con sus "reformas" fascistas de 1978 a 1981, las que eliminaron todo lo que oliera a bienestar general.
Entre las fuerzas que respaldan la candidatura de Sebastián Piñera está la Unión Democrática Independiente (UDI), fundada por el amigo íntimo de su hermano José Piñera, Jaime Guzmán, ultimado por los comunistas en 1991.
¿Quién fue Jaime Guzmán
Con Jaime Guzmán como su propio "jurista de la corona", no es de sorprender que la dictadura de Pinochet fuera un calco del régimen nazi de Hitler. Guzmán era un seguidor directo del jurista de la corona de Adolfo Hitler: Carl Schmitt. Guzmán recurrió a la doctrina legal hobbesiana de Schmitt para justificar el golpe y la destrucción del gobierno constitucional chileno. Los elementos convergentes que le dieron a la dictadura de Pinochet su carácter hitleriano son los mismos que hoy sustentan al aparato de los "hijos de Satanás" del vicepresidente estadounidense Dick Cheney.
Igual que Cheney, odian a la Constitución de Estados Unidos. El "Grupo Portada" de corporativistas católicos al que Guzmán perteneció a principios de los 70, proclamaba a viva voz que los derechos del hombre no son "inalienables en el Estado corporativista". Pueden restringirse en provecho del bien común. En tiempos de "emergencia o de excepción", sostenía Guzmán, los derechos humanos y civiles no son absolutos ni ilimitados.
Guzmán esgrimió el argumento de Schmitt a favor de un poder ejecutivo sin freno para encarar la amenaza marxista que supuestamente representaba Allende —igual a como Cheney hoy defiende el derecho del Presidente de EU a torturar prisioneros y pasar por alto la Constitución—, y demandó que la junta empleará "dureza y energía" para barrer a sus oponentes. "Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto", le dijo a Pinochet en un memorando poco después del 11 de septiembre de 1973. "Transformar la dictadura en una 'dicta-blanda' sería un error de consecuencias imprevisibles", advirtió.
A principios de los 1970, Guzmán pertenecía al grupo paramilitar Patria y Libertad, al que luego perteneció Michael Townley, quien asesinó al ex canciller Orlando Letelier en 1976.
Dos días después del golpe de 1973, Jaime Guzmán, de 27 años, entró a formar parte de la junta militar chilena como asesor jurídico y rápidamente se hizo indispensable, escribiéndole sus discursos a Pinochet e interviniendo en la toma de decisiones políticas y económicas. Se le designó para participar en la comisión Ortúzar, encargada de redactar una nueva Constitución para darle legitimidad jurídica al régimen de Pinochet. Cuando la comisión produjo su proyecto de Constitución unos seis años después, Guzmán fue reconocido como su principal arquitecto.
El académico canadiense Renato Cristo, quien ha escrito abundantemente sobre Guzmán, señala en su ensayo — "The Metaphysics of Constituent Power: Schmitt and the Genesis of Chile's 1980 Constitution" (La metafísica del poder constituyente: Schmitt y la génesis de la Constitución de Chile de 1980)—, que "referirse a él [Guzmán] como el Kronjurist de Pinochet no le haría justicia al papel que desempeñó. En lo que toca a asuntos constitucionales, Guzmán era la corona".
¿Cómo la obtuvo?
Guzmán no era ningún neófito en cuanto al fascismo. Nació en 1946 de una familia católica devota de clase media, y fue un estudiante precoz, que en su adolescencia estudió con esmero los escritos del principal ideólogo de la dictadura de Francisco Franco en España, José Antonio Primo de Rivera, así como los del propio Franco y de Gonzalo Fernández de la Mora, jurista español seguidor de Schmitt. El cura Osvaldo Lira, quien había vivido en España en los 1940 y defendía firmemente las políticas corporativistas de Franco, también tuvo una influencia profunda en Guzmán.
Pero fue en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, un semillero de la doctrina legal "schmittleriana", donde abrazó con firmeza a Carl Schmitt, y ahondó su compromiso con el libre cambio y el liberalismo económico, a pesar de que chocaban con la doctrina social de la Iglesia que él supuestamente defendía. Al mismo tiempo que él estudiaba derecho, la Universidad de Chicago establecía la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile como centro de reclutamiento y capacitación de los numerosos economistas librecambistas que después servirían a la junta militar. En 1978 y 1981 Guzmán se reunió con el economista Friedrich von Hayek, de la Universidad de Chicago, cuyas teorías económicas fascistas entremezcló con su filosofía religiosa.
Además de estudiar los escritos de Schmitt en sus estudios de derecho, Guzmán se familiarizó con los apóstoles españoles de Schimtt, Luis Sánchez Agesta, Alvaro d'Ors y Gonzalo Fernández de Mora. Estos juristas empleaban el concepto de "poder constituyente" de Schmitt para justificar el golpe de Franco de 1936 y la subsecuente destrucción de la Constitución española de 1931. Luego de declarar "muerta" la Constitución de Chile de 1925, poco después del golpe de 1973, Guzmán incorporó la misma noción de "poder constituyente originario" a la Declaración de Principios que la junta emitió el 11 de marzo de 1974. El documento, que él escribió, fijó la pauta para la Constitución de 1980. Lo que en realidad quería decir "poder constituyente", era que toda norma jurídica u orden institucional existente antes del golpe dejaba de existir. Aduciendo circunstancias "excepcionales", el régimen de Pinochet podía hacer lo que le vienera en gana e imponer sus decisiones con violencia, tortura y asesinato. Guzmán nunca tuvo ningún empacho en negarle a las víctimas de la junta acceso a los tribunales para defender sus derechos civiles. Decía que sólo el presidente debía decidir su destino.
El principio determinante de "poder constituyente" lo describió el Grupo Portada en un editorial de 1970 haciendo eco del lenguaje del Leviathan de Thomas Hobbes. El presidente está por encima de los partidos, las clases e intereses, y está investido de poderes amplios que le permiten ser un árbitro imparcial de los conflictos sociales. Un artículo de 1972 destaca que el gobernante sólo es responsable ante Dios. La legitimidad, por tanto, se basa en que la comunidad le transfiere toda la soberanía al soberano. La separación de poderes es un impedimento a la libertad. No puede permitirse que nada interfiera con el funcionamiento del ejecutivo. ¿No te suena a lo que alega Cheney ahora?
Como señalaría un grupo de analistas de la Universidad Católica en un estudio posterior de la filosofía de Portada, el pensamiento del grupo es "absolutamente opuesto al presentado en 'El Federalista', documento inspirador de la democracia de los Estados Unidos".