¿Quién gobernará a México, los banqueros o el pueblo?

En México se enfrentan hoy dos proyectos de nación diametralmente opuestos, cada uno con un presidente elegido. Por un lado está el que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que declara su legitimidad fundado en la ley natural, el derecho de toda la población a un gobierno dedicado a proteger la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por el otro, el que encabeza Felipe Calderón, “elegido” con un fraude urdido por la banca sinarquista internacional que busca saquear a México hasta el tuétano.

¿Cuál prevalecerá? Este problema que enfrenta México es un microcosmos del dilema que encara el planeta entero.

Una vez que un tembloroso Tribunal Federal Electoral declaró ganador de la elección presidencial a Calderón el 5 de septiembre, los intereses financieros internacionales declararon cerrada la etapa electoral y empezaron a dar órdenes públicas para que Calderón se alistara a imponer reformas de austeridad en cuanto tome posesión el 1 primero de diciembre.

Pero el que pueda o no hacerlo está por verse. El 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, se reunieron en el Zócalo de la capital mexicana más de un millón de delegados de todo el país a la Convención Nacional Democrática, y proclamaron a López Obrador como el “Presidente legítimo” de México, le dieron el poder para integrar un gabinete, y decidieron que tome posesión el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana de 1910, en ese mismo lugar.

La convención aprobó además planes para varios días de movilización nacional: el 27 de septiembre, aniversario de la nacionalización de la electricidad de 1960, una movilización contra la privatización de la energía y por la reducción de su costo; una movilización contra la privatización de la educación pública, del 2 al 12 de octubre; y el 1 de diciembre manifestaciones contra la toma de posesión del “usurpador” Calderón. Luego, el 21 de marzo de 2007, en el natalicio de Benito Juárez, la convención volverá a reunirse en el Zócalo para discutir las siguientes pasos a dar.

Los delegados se comprometieron a mantener el movimiento de resistencia civil pacífico bajo el liderato de López Obrador, hasta que se logre que México regrese a una política de desarrollo y progreso.

Así, apenas empieza una gran lucha de poder sobre los principios que determinarán el futuro de México, la cual no se limita a sus fronteras. Los movimientos de resistencia pacífica que al pasado encabezaron Martin Luther King y Mahatma Gandi, mismos que López Obrador usa como modelo para sus seguidores, demostraron el poder para cambiar la historia. Y si bien la batalla en México la siguen muy de cerca las naciones de Iberoamérica, es su vecino del norte, Estados Unidos, que se está sumiendo solo en el abismo económico y donde más de 10 millones de mexicanos viven de hecho en el exilio económico, el que probablemente resienta más el impacto estratégico.

En medio de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional a mediados de septiembre, el secretario general de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, el tecnócrata mexicano José Ángel Gurría declaró que el próximo Presidente de México debe imponer reformas económicas en los primeros seis meses de su gobierno y que, de todas, “la reforma fiscal es la número uno, la número dos y la número tres”.

Los banqueros han estado gritando a los cuatro vientos durante 12 años que la clave para una reforma fiscal en México es “ampliar la base impositiva”, es decir, la imposición de un impuesto al valor agregado a los alimentos y las medicinas, para que las masas hambrientas de México cumplan su parte en el pago de la deuda.

La demanda no es otra cosa que una orden de matar. Casi una quinta parte de la población actual no tiene para satisfacer sus necesidades de alimentación básicas, y aun así la última reforma fiscal exigida por los banqueros contemplaba la imposición de un IVA de 8% a los alimentos y medicinas, y aumento a otras necesidades básicas (transporte público, educación, libros, prestaciones sociales, etc.), y un impuesto de 25% al salario (sean pensiones, beneficios de retiro, tiempo extra, el aguinaldo, préstamos, etc.), mientras que reduce el impuesto a las empresas, de 34 a 30%, y el impuesto al ingreso de los más ricos, de 30 a 25%; un programa retrógrado propio del régimen del Bush y Cheney de George Shultz.


¿Quién gobernará a México, un Felipe Calderón (der.) de los banqueros o un Andrés Manuel López Obrador (izq.) comprometido con la felicidad del pueblo? (Fotos: página oficial de Andrés Manuel López Obrador; www.felipe-calderon.org).

Sin embargo, el presidente Vicente Fox no pudo obligar a un Congreso dividido en lo político a que impusiera semejante programa genocida en los seis años de su mandato. A un impopular Fox casi puede considerársele un héroe comparado con el patético Calderón, a quien ahora los banqueros le ordenan que imponga el mismo programa en sólo seis meses. Carente ante todo de talento político, a Calderón apenas si se le ha visto en público desde que fuera declarado de manera oficial Presidente. Como lo señalan ya en los medios varios columnistas, Calderón permanece recluido en su oficina, temeroso de salir a la calle, donde se topa con los seguidores de López Obrador que lo tachan de “usurpador”.

“Yo acepto el cargo de Presidente de México”, dijo López Obrador ante el millón de delegados a la Convención Nacional Democrática reunida en el Zócalo capitalino el 16 de septiembre, porque ya no podemos seguir aceptando que nuestros gobiernos sean dirigidos por un comité en favor de los banqueros, las grandes empresas y los especuladores que anteponen sus intereses privados por encima del interés público. Los gobiernos de México han sido dirigidos por criminales de cuello blanco desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988–1994), denunció. Vean los 120 mil millones de dólares del rescate bancario conocido como FOBAPROA, el peor ejemplo de saqueo desde los días de la Colonia en México. Bajo el FOBAPROA, iniciado en 1995, el Estado asumió las deudas malas de los bancos privados, emitió bonos públicos con una tasa de interés a los bancos a cambio de esa deuda mala, y luego, una vez limpios, entrega los bancos a intereses extranjeros. Hasta la fecha, los bancos de México, 90% propiedad de extranjeros, obtienen su ganancia casi en su totalidad de esos bonos del gobierno, sin prestar un centavo a la economía mexicana.

Estos intereses financieros no escatimaron nada para detenernos, porque nos temen, afirmó López Obrador, interrumpido por la consigna “Es un honor estar con Obrador”. Y preguntó: “¿Creen acaso” que Calderón traerá la tranquilidad y la normalidad política a México, y “que ahora sí nada les impedirá quedarse con el gas, la industria eléctrica y el petróleo? Se equivocan, no pasarán”.

“Hemos decidido emprender la construcción de una nueva república. . . [que] tendrá como objetivo superior promover el bienestar, la felicidad y la cultura de todos los mexicanos”, dijo, y en la “que se eleve a rango constitucional el estado de bienestar”.

El movimiento invocó el Artículo 39 de la Constitución mexicana, que establece el derecho del pueblo a cambiar su gobierno, si así lo desea, como el fundamento constitucional para sus acciones. Ese principio se ha conservado en todas las Constituciones de México, pero la formulación que más le gusta a López Obrador es la que expresa el Artículo 4 de la primer Constitución, la de 1814, según dijo en un discurso que dio el 11 de septiembre en el Zócalo: “Como el gobierno no se instituye por honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino para la protección y seguridad de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad; éstos, los ciudadanos, el pueblo, tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera.

“Y eso es lo que vamos a hacer nosotros”, afirmó López Obrador, “cuando la felicidad del pueblo lo requiera. Saben que se abandonó la palabra, el concepto, el término felicidad en el discurso político, y nosotros tenemos que rescatar la palabra felicidad, porque al final de cuentas todo lo que hacemos es para procurar la felicidad de nuestro pueblo, ésa es la esencia de todo lo que hacemos”.

Si bien López Obrador no explicó más, muchos en México conocen el hecho de que el acento de la Constitución de Apatzingán en la “felicidad” de la población, refleja de manera directa la influencia de las ideas rectoras de la Declaración de Independencia y Constitución de Estados Unidos. Fue el desarrollo de este concepto de “felicidad” de Godofredo Leibniz —en una polémica abierta contra el aristotélico británico John Locke y su defensa de la “propiedad”— el que guió a los Padres Fundadores estadounidenses. Esta histórica continuidad y comunidad de intereses entre las nacientes repúblicas estadounidense y mexicana fue el eje de un folleto que publicó el Movimiento de Juventudes Larouchistas en México (LYM), como una “Propuesta conceptual para la Convención Nacional Democrática” (ver pág. 12).

Esta y futuras “propuestas conceptuales” del LYM puede que demuestren el elemento que decida la batalla en México, en cuanto a quién gobernará el país: los banqueros o el pueblo, o sea, el bienestar general de la población. Esto es porque el movimiento de resistencia civil de López Obrador hasta ahora ha movilizado un grupo limitado pero valioso de jóvenes, por varios motivos históricos y culturales. No obstante, si el movimiento ha de triunfar, no sólo tendrá que reclutar a la juventud mexicana a la causa, sino también convertir a los jóvenes en el corazón del movimiento, porque solamente ellos representan y hablan por el futuro del país.