| Resumen electrónico de EIR, Vol.XXIII, núm. 20 |
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Reportaje especial
‘Libremos’ a nuestras escuelas de los ‘conciliadores’ por Aaron Yule, miembro del LYM El Gobierno de Bush afirma que los congresistas que no ayudaron en la “guerra contra el terrorismo” aprobando su proyecto de ley para repudiar los acuerdos de Ginebra y la estipulación del hábeas corpus de la Constitución estadounidense, “concilian con los nazis”. Desde el 11–S la política del Gobierno de Bush ha sido el terror, no sólo en el exterior, en otros países, sino también entre sus propios ciudadanos. Se ha usado la propaganda más aterradora para mantener a la población estadounidense en un estado de miedo total a hablar contra la orientación del Gobierno de Bush. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos por atemorizar a la población mediante los órganos de difusión, eso no bastó para impedir que los jóvenes universitarios y otros se manifestaran contra la demencia del gobierno tras el 11–S. Fue el entusiasmo de los estudiantes en edad universitaria por acabar con la locura del Gobierno de Bush y generar un desarrollo económico, como lo planteaba Lyndon LaRouche, lo que probablemente le dio a John Kerry el margen de la victoria que lo hizo presidente (aunque, por la falta de agallas de los sesentiocheros, Kerry se desmoronó y les entregó los resultados a los orates derechistas que aún ocupan la Casa Blanca). Pero, ¿qué le pasó a mi generación después de la elección? ¿Simplemente se deprimió al saber que la locura imperaría en nuestro país por otros cuatro años? ¿O fue algo más? Muchos de mi generación que pelearon para que ganara decían que nunca pensaron meterse a la política; otros dejaron la escuela para hacer campaña por candidatos demócratas como LaRouche; y algunos organizaron grandes reuniones en sus universidades, como la de Boston, donde cientos de personas vieron a John Edwards debatir con el sociópata del “Viciopresidente”.
¿Dónde están esos jóvenes ahora? ¿Por qué no ayudaron a organizar el juicio de destitución de este gobierno en los últimos dos años? ¿Dejarán que el Gobierno de Bush se quede con el voto este noviembre? Bueno, para determinar esto tenemos que ver lo que ha estado pasando en nuestras universidades, para que sepamos por qué la gente ha adoptado la frase común en la Alemania nazi antes de Hitler: “Soy apolítico”, o la versión que en Boston se conoce como “No, gracias”. Desde fines del 2002, neoconservadores como Lynne Cheney, Dave Horowitz, Stanley Kurtz, Martin Kramer, David French y otros han montado una operación al estilo de la Gestapo nazi en las universidades de todo Estados Unidos. Dicen querer asegurarse de que no haya “idealistas políticos” que den espacio en las universidades para atacar la “guerra contra el terrorismo” y que, de este modo, destruyan nuestra seguridad. El primer intento importante por legislar al respecto se emprendió a principios del 2003, cuando llegó la fecha de renovar el Título VI de la ley de Educación Superior de 1965, que proporciona financiamiento a centros de estudio y programas universitarios en EU. La ley misma ha sido muy importante en el funcionamiento de nuestras escuelas, pero en septiembre se sometió el proyecto de ley HR 3077 (ley de Estudios Internacionales en la Educación Superior) ante la Subcomisión sobre Educación Exclusiva de la Comisión sobre Educación y Fuerza Laboral, para reformar el Título VI. La resolución la presentó el representante republicano Pete Hoekstra (por el segundo distrito de Michigan), aunque él no fue el autor de su contenido. Eso vino de un miembro destacado del Instituto Hoover, uno de los creadores del Campus Watch, Stanley Kurtz. En una audiencia de la subcomisión el 19 de junio de 2003, Kurtz habló de lo que creía era necesario cambiar del Título VI:
No alego que sólo deba asignarse material que alabe la política exterior estadounidense en los programas que patrocina el Título VI. Sin embargo, lo que sí alego es que nuestros centros del Título VI, del modo que están constituidos ahora, proporcionan una perspectiva radical y parcializada que casi invariablemente critica la política exterior estadounidense. Uno de los cambios que Kurtz propuso para parar la “discriminación política”, fue que el Congreso “cree una junta de supervisión a cargo del Título VI”[1] y que determine quién recibe su financiamiento. Dicha junta vino a conocerse en la resolución 3077 de Hoekstra como la Junta Consultiva de Educación Internacional. Cuando le preguntaron si Stanley Kurtz de algún modo lo había influenciado, Hoekstra dijo: Qué hacen el Acta y el FBI en las universidades Poco después de los ataques del 11–S, el Consejo Estadounidense de Miembros y Graduados (ACTA) de Lynne Cheney publicó un informe espeluznante titulado, “Defendamos la civilización: Cómo nuestras universidades le están fallando a Estados Unidos y qué podemos hacer al respecto”, en el que se queja de que el “ámbito universitario es el único sector de la sociedad estadounidense que está claramente dividido en su respuesta a los ataques contra EU”. Etiquetando a las universidades de “eslabón débil en la respuesta de EU” a los ataques terroristas del 11–S, el ACTA empezó a presionar para que se tomaran medidas enérgicas contra los críticos del gobierno en las universidades. Poco después David Horowiltz, presidente del Centro para el Estudio de la Cultura Popular y agente de John Train en la costa oeste de EU, le proporcionó los fondos a un graduado de la UCLA de 24 años de edad, Andrew Jones, para que fundara la Asociación de Graduados Bruin, un grupo derechista que ofrecía pagarle a los alumnos para que grabaran las clases de profesores izquierdistas. Jones publicó “Los 30 sucios”, una lista de profesores de la UCLA a los que se hizo blanco de ataque por sus opiniones de inclinación izquierdista. Cuando se supo de la trama del espionaje a sueldo, Horowitz despidió a Jones. Pero en febrero de 2006 Horowitz dio a conocer su libro The Professors: The 101 Most Dangerous Academics in America (Los Profesores: Los 101 académicos más peligrosos de Estados Unidos). El anuncio del libro lo decía todo: “Pronto en tu universidad más cercana: terroristas, racistas y comunistas; tú los conoces como Los Profesores. Los académicos radicales actuales no son la excepción; son la legión. Y lejos de ser inofensivos, escupen un antiamericanismo violento, predican el antisemitismo, y celebran el asesinato de soldados y civiles estadounidenses; todo mientras cobran dólares de los impuestos y colegiaturas para indoctrinar a nuestros hijos”. Para septiembre del 2005, la campaña de terror de Lynne Cheney y David Horowitz había creado las condiciones para que el FBI se metiera directamente a las universidades. El 15 de septiembre del 2005 el director del FBI, Robert S. Mueller III, anunció la creación de la Junta Consultiva de Seguridad Nacional en la Educación Superior, un grupo de directores universitarios que colaborará con el FBI para combatir el espionaje y la subversión en las universidades. La junta se creó para que el FBI tuviera una presencia directa en universidades que reciben miles de millones de dólares al año en subvenciones de empresas para la investigación y el desarrollo, y cuyo trabajo tiene implicaciones de seguridad nacional. Lejos de ser una entidad pasiva de consulta, la junta creará infraestructura para vigilar las actividades de los estudiantes y la facultad, con el pretexto de proteger secretos de seguridad nacional. Ya se ha establecido en varias universidades una cuasigestapo, la FSU (Fuerza de Seguridad Universitaria), para vigilar a alumnos y maestros que tengan que ver con las subvenciones a la investigación. —por Jeffrey Steinberg.
Sí creo que algunos de sus comentarios puedan tener alguna validez. No creo que estos estudios deban usarse para promover un punto de vista ideológico. Estoy a favor de que se eduque a los estudiantes en asuntos internacionales, no que se les meta en un aula para que los indoctrinen en una filosofía política. Pero, ¿acaso incluimos algo en el proyecto de ley que introduzca alguna clase de proceso de selección? Pídanle a quienes así lo crean que señalen donde está.[2] La resolución fue aprobada por la Comisión sobre Educación y luego por la Cámara de Representantes, de manera unánime, el 21 de octubre de 2003, con todo y la junta consultiva de Stanley Kurtz.
Se supo que esta resolución sobre la junta consultiva se sometió a consideración del Senado, y muchos profesores y otros individuos bastante honorables enviaron cartas oponiéndose a la misma. David Brodsky, un escritor y asesor que tiene varios posgrados del Instituto de Tecnología de Massachusetts y de la Universidad de Yale, bautizó a la resolución 3077 como “la ley de Educación para el Imperio”.[3] Muchos otros académicos se sumaron con escritos sobre la violenta embestida de la nueva era McCarthy. Gracias a la oposición abrumadora a la resolución, el Senado la rechazó a fines del 2003. Se sometió a consideración del siguiente Congreso (el 109o) como la resolución 509, pero nunca pasó de la subcomisión. Nada de qué preocuparse. Las oportunidades para imponer un control estilo nazi cobran muchas formas. Como esta resolución cayó de la gracia de todos a consecuencia del frente político que nació con la iniciativa de LaRouche para salvar el Seguro Social en el 2005, David French (de la Fundación por los Derechos del Individuo y la Educación o FIRE), David Horowitz (creador de Estudiantes a Favor de la Libertad Académica o SAF) y muchos otros neoconservadores se organizaron para establecer un comité de vigilancia a nivel estatal. En febrero del 2005 Pittsburghlive.com informó cuál era el objetivo de este grupo: La Carta de los Derechos Académicos es una declaración de independencia de la tiranía de opresores intelectuales en las universidades. David Horowitz, presidente del Centro para el Estudio de la Cultura Popular, es su padre fundador. Le declaran la guerra a la Constitución Esta Carta de los Derechos Académicos, que es una verdadera declaración de guerra contra la Constitución, se estableció primero en lugares como la Universidad Estatal de Pensilvania, donde Vicky Cangelosi, una miembro de los SAF, peleó por incluirla como una ley en la universidad, en la esperanza de que a la larga deviniera en ley estatal. Así, se creó un movimiento de apoyo en las universidades de toda Pensilvania para forzar a los legisladores estatales a adoptar esta medida policíaca estilo Gestapo.[5] Este apoyo fue principalmente creación de los SAF y de Horowitz, quienes lograron reclutar al congresista Gib Armstrong para que introdujera una propuesta en la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes el 30 de junio de 2005. La resolución es la HR 177, también conocida como la “resolución sobre la libertad académica de los estudiantes”. La HR 177 faculta a la Comisión Selecta sobre Libertad Académica Estudiantil de la Cámara de Representantes de Pensilvania, para supervisar, tomar testimonio y legislar para la pandilla de Horowitz. Al día siguiente Horowitz comentó: Ahora es fundamental que el pleno de la Asamblea de Pensilvania apruebe este proyecto de ley. Apenas la semana pasada la Junta Estadounidense de Educación, junto con otras 27 organizaciones de educación superior, emitió una declaración en apoyo de principios clave de esta ley, entre ellos la idea de que “ni los estudiantes ni la facultad deben quedar en desventaja ni ser evaluados en razón de sus opiniones políticas”, y la de que los estudiantes y los miembros de la facultad cuya libertad académica se haya trasgredido deben poder recibir un desagravio mediante procedimientos oficiales y bien publicitados de reivindicación en la universidad. La resolución de Libertad Académica Estudiantil apoyaría la puesta en práctica de estos principios en las universidades de Pensilvania. Con el apoyo pleno de los republicanos, el 5 de julio del 2005 la Cámara de Representantes de Pensilvania aprobó la HR 177 por 108 votos contra 90. El periodista Bill Toland comentó en un artículo: Uno de los motores que impulsan el movimiento son los Estudiantes a Favor de la Libertad Académica, un grupo con sede en Washington que fundó el activista David Horowitz. En una entrevista con The Christian Science Monitor, él dijo que los últimos seis meses han sido un “parteaguas en el movimiento por la libertad académica”, y que espera que, a la larga, el movimiento para vigilar las inclinaciones de los maestros pase gradualmente a las escuelas públicas de educación primaria y secundaria.[6] El propio Horowitz dijo: Este triunfo no habría sido posible sin el coraje político y la tenacidad del representante Gib Armstrong, un ex infante de marina que fue el patrocinador principal y el motor que impulsó la ley, ni sin el presidente de la Cámara de Representantes de Pensilvania, John Perzel, un dirigente político astuto y perspicaz que gestionó la aprobación de la ley en un mar legislativo turbulento. . . Como ha escrito Stanley Fish, él mismo un académico liberal: “Los maestros deben enseñar sus materias. No deben enseñar ni paz ni guerra ni libertad ni diversidad ni uniformidad ni nacionalismo ni antinacionalismo ni ningún otro programa que pueda enseñar propiamente un líder político o un locutor”.[7] Otro organizador clave en esto fue David French, quien testificó ante la Comisión Selecta sobre Libertad Académica Estudiantil de Pensilvania el 19 de septiembre del 2005. La idea de no discriminar en lo político salió a relucir durante el interrogatorio de la comisión, cuando French defendió el derecho del Ku Klux Klan a organizar en las universidades: Representante [estatal] Grucella: ¿Podría la [Universidad] Estatal de Pensilvania o cualquier otra institución estatal prohibir al Ku Klux Klan? ¿Y los nazis? ¿Ellos también podrían organizar en las universidades? ¿Defendería David French el derecho de los “terroristas” a organizar en las universidades? Lo más probable es que French y compañía defenderían a los nazis, pero cuando se trata de quiénes ellos consideran “terroristas”, la cosa cambia por completo. Un ejemplo de la mala leche de Campus Watch fue cuando hace unos años metieron a la cárcel a un profesor palestino inocente, Sami al–Arian, acusado de ser lo que Campus Watch y sus amigos llamaron un “profesor terrorista”. Otro caso es el de Juan Cole, profesor de Estudios sobre el Medio Oriente, quien había críticado de manera muy abierta la política del Gobierno de Bush. Campus Watch ha equiparado a Cole con Lyndon LaRouche, a quien calumnia diciendo que es el “líder de una secta racista antisemita”. Al momento Campus Watch ha hecho de Juan Cole el centro de sus ataques y, junto con otras organizaciones buckleyistas tales como Frontpage.com (propiedad de Horowitz) y el Foro sobre el Oriente Medio (propiedad de los creadores de Campus Watch), ha emprendido una campaña de difamación en sus diferentes periódicos “independientes” y sitios de internet para desacreditar a Cole, impidiéndole así que se convierta en profesor de Yale.[9]
French y otros siguieron testificando en audiencias todo este año, y la Comisión Selecta sobre Libertad Académica de la Cámara de Representantes de Pensilvania publicará un informe en noviembre. El propio Horowitz testificó ante dicha comisión el 10 de enero de 2006, junto con Anne Neal, presidenta del Consejo Estadounidense de Miembros y Graduados o ACTA; Logan Fisher, vicepresidente tanto de Republicanos de la Universidad Temple como de la filial de los SAF en esa institución; y otros derechistas fanáticos. Un día antes del testimonio en la Universidad Temple, Horowitz comentó: La Universidad Temple ha establecido una política de libertad académica [formulada por los SAF] que le prohíbe a los profesores usar sus aulas como estrado político. Pero la administración actual de Temple no la hace valer y, en consecuencia, se pisotean con holgura los derechos académicos de sus estudiantes. Temple ha exigido cursos como el Programa de Redacción para Alumnos de Primer Año, que están diseñados para indoctrinar a los estudiantes en corrientes políticas y sociales izquierdistas que imparten instructores —más que nada estudiantes graduados— cuya única experiencia profesional es en el inglés. La mayoría de los apartados de estos “cursos de redacción”, por ejemplo, están dedicados de forma explícita a instruir a los estudiantes en la “teoría del género”, al usar libros de texto que son casi totalmente parciales. Que maestros no calificados pretendan imponer una ortodoxia en nombre de la educación, es una forma de fraude al consumidor que se práctica contra los estudiantes de Temple y los contribuyentes de Pensilvania.[10] Horowitz, French, Anne Neal y todos sus compinches fascistas siguen operando hoy en universidades de todo EU, al organizar medidas nazis de Estado policíaco estilo Gestapo. Sus tácticas son en lo principal campañas enormes de difamación, tales como la emprendida contra Juan Cole, o hacer que el Departamento de Seguridad Interior persiga a gente como Sami al–Arian. Otro caso es la embestida violenta, “a la Gestapo”, contra su adversario más temido, LaRouche y su movimiento de juventudes. Por ejemplo, el periódico dizque “independiente” de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), el Bruin Standard (propiedad de la Red Universitaria buckleyista), ha publicado los libelos cada vez más procaces de su director, Garin Hovannisian (presidente del SAF en la UCLA), que acusa al Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) de ser una “secta” que quiere “lavarle el cerebro” a los estudiantes.
Otras revistas, como The Stranger en Seattle (dirigida por el Village Voice Media Group), han alentado el uso de la fuerza física para atacar al LYM. Estos periódicos están intensificando su campaña difamatoria contra LaRouche, para impedir que los estudiantes se involucren en la política y salgan a votar este noviembre para botar al Gobierno de Bush. Aunque estas pandillas no han conseguido la aprobación de las leyes, desde el 15 de septiembre de 2005 el FBI estableció una Junta Consultiva de Seguridad Nacional en la Educación Superior para supervisar las medidas de seguridad en las universidades. En un boletín de prensa, el FBI señaló el propósito de esta junta: La junta procurará establecer lazos de comunicación sobre las prioridades nacionales en cuanto a terrorismo, contrainteligencia y seguridad interior. Asimismo, ayudará en el desarrollo de investigaciones, programas de posgrado, cursos, internados, oportunidades para los graduados y de consulta para la facultad en relación con la seguridad nacional. Graham Spanier, rector de la Universidad Estatal de Pensilvania, presidirá la junta. Spanier afirmó: “La educación superior es uno de nuestros activos nacionales más grandes, y es vital que a quienes se les confía nuestra seguridad nacional entiendan mejor las valiosas contribuciones que hacen nuestras universidades a los descubrimientos en la investigación, la educación de jóvenes adultos, la colaboración internacional, los intercambios de profesores y estudiantes, y el desarrollo de la propiedad intelectual”.[11] Aunque el propósito de esta junta del FBI es ambiguo, se sabe que antes de su creación Spanier fundó el Centro Internacional para el Estudio del Terrorismo, a partir del Centro para la Ciencia Social y de la Conducta del Terrorismo y el Contraterrorismo, una división del Departamento de Seguridad Interna. Ha habido conferencias en las universidades para tratar la amenaza del terrorismo, una de ellas del 7 al 9 de octubre de 2006 en la Universidad Estatal de Pensilvania. Los integrantes actuales de la Junta Consultiva son: Graham Spanier, rector de la Universidad Estatal de Pensilvania; William Brody, rector de la Universidad Johns Hopkins; Albert Carnesale, rector de la Universidad de California en Los Ángeles; Jared Cohon, rector de la Universidad Carnegie Mellon; Marye Ann Fox, rectora de la Universidad de California en San Diego; Robert Gates, rector de la Universidad A&M de Texas; Gregory Geoffroy, rector de la Universidad Estatal de Iowa; Amy Gutmann, rectora de la Universidad de Pensilvania; David C. Hardesty, Jr., rector de la Universidad de Virginia Occidental; Susan Hockfield, rectora del Instituto Tecnológico de Massachusetts; Martin Jischke, rector de la Universidad Purdue; Bernard Machen, rector de la Universidad de Florida; James Moeser, rector de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill; C.D. Mote, director de la Escuela Park de la Universidad de Maryland; John Wiley, rector de la Universidad de Wisconsin en Madison; y Mark Emmert, rector de la Universidad de Washington. La investigación para este artículo estuvo a cargo del equipo del Cuarto de Guerra del LYM, integrado por John Stuart, Heather Detwiler, Antoine Stevens y Bill Roberts. La mayoría de la información está disponible en www.studentsfor academicfreedom.org/actions(boxattop)/Pensilvaniapage/ Pensilvaniaactions.htm. [1]Declaración de Stanley Kurtz ante la Subcomisión sobre Educación Exclusiva de la Comisión sobre Educación y Fuerza Laboral; Washington, D.C.: Cámara de Representantes; audiencia del 19 de junio del 2003. |
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