La insistente tozudez del presidente George W. Bush hijo, de que los bonos del Gobierno estadounidense no son más que meros “pagarés” es, de por sí, un ejemplo típico e inequívoco de suma pertinencia de la incapacidad del Presidente para seguir desempeñando su cargo, en especial ante la embestida de las actuales condiciones monetario–financieras mundiales. Por desgracia, la solución a ese problema real que enfrenta el Congreso no es tan simple como dicha premisa para la destitución del Presidente pudiera suponer. Considera, por ejemplo, el temblor que sacudiría a los miembros del Senado y a otros al pensar que la renuncia de un presidente Bush indispuesto pudiera llevar al vicepresidente Dick Cheney a la presidencia.

En relación con esta presidencia de George W. Bush, el psiquiatra Jerrold M. Post es reconocido por su trabajo sobre el tema del reto constitucional que pudiera representar la presente condición mental de un presidente.^[1] La edición actualizada del libro con la opinión profesional eminentemente pertinente del psiquiatra Justin A. Frank sobre la materia, aborda ahora de nuevo algunas de las pruebas decisivas a considerar al evaluar la condición mental del propio presidente George W. Bush.^[2] El estudio previo del doctor Post de los antecedentes más amplios de problemas aparentemente parecidos, apuntaba de forma categórica a las implicaciones de la vigesimoquinta enmienda de 1967 a la Constitución. Por desgracia, la obra de Post, aunque más bien de reconocida autoridad entre la profesión, no está a la altura de la clase especial de desafío que el estado mental del Presidente en funciones le plantea en realidad al derecho constitucional, en las presentes circunstancias especiales en el mundo que encaran el Congreso y otros hoy.^[3]

El estudio en extremo útil de Justin Frank del caso de este Presidente de turno, es de suma importancia por derecho propio, pero no pretende abordar la cuestión más decisiva y amplia que enfrenta en realidad el Congreso estadounidense en el caso de Bush y Cheney. El asunto esencial no es el del propio Bush, ni siquiera el del dúo de Bush y Cheney; lo decisivo es cómo surgió esta amenaza cualitativamente recrudecida a la existencia de nuestra república en un período de cerca de 40 años a la fecha. ¿Cómo llegamos a esta peligrosa situación en la que la calidad del funcionamiento cada vez más anormal de un presidente Bush, quien ciertamente no es ningún Pericles, podría sustituirse así como así con el aspirante a Trasímaco moderno del vicepresidente Dick Cheney? ¿Por qué medios se arruinó Atenas con la guerra del Peloponeso? ¿Cómo estamos repitiendo hoy, en un sentido significativo, esa clase de necedad, como en Iraq, por ejemplo?

El problema de estadismo que plantea hoy el caso del dúo de Bush y Cheney no cuadra del todo con los supuestos mecanicistas tácitos de esa vigesimoquinta enmienda, ni con lo que algunos pudieran confundir con el antecedente obvio de la remoción del Gobierno de Nixon y Agnew. Aunque el propio presidente Bush representa una suerte de personalidad defectuosa ruin y hasta de un sadismo perverso, su culpabilidad es equiparable a la de una criatura lamentablemente necia, como un caso de conducta habituada defectuosa en lo intelectual y lo moral. Hoy es obvio que simplemente nunca debió haber asumido ese cargo. Sin embargo, tenemos que enfrentar el hecho de que el caso de este presidente va de la mano, casi de manera inextricable, con los delitos y faltas graves del sociópata predilecto de Lynne Cheney, el vicepresidente Dick Cheney. Cuando reflexionamos sobre la historia de décadas, en el transcurso de la cual se llevó a ese par a los cargos de presidente y vicepresidente, y tomamos en consideración el marco de las últimas décadas de deriva hacia la actual crisis de desintegración del sistema monetario–financiero mundial que arremete, la vigesimoquinta enmienda por sí sola no puede tratarse como si pudiera elevarse con elegancia a la altura de los problemas pertinentes de la ocasión presente, y de las que nos embisten.

Sin embargo, como mostraré en la conclusión de este memorando, nuestra Constitución en su conjunto sí brinda, al menos de forma implícita, remedios alternativos para los casos tanto del presidente Bush como del vicepresidente Cheney como tales, una elección de soluciones que en apariencia podría dejar intacta de modo superficial la intención de la Constitución; como empezar por destituir a Cheney de su cargo. Pero, en este caso, eso sólo es parte del problema. El reto de fondo más complicado es definir las implicaciones más amplias y profundas de los problemas que representan Bush y Cheney, en tanto amenaza inmediata para toda la civilización en el marco de la creciente crisis existencial que mundial de hoy. Por ende, las definiciones de la incapacidad personal de un presidente individual, de la clase que proyecta la opinión de suyo antihistórica del libro del doctor Post, no corresponden a la realidad más oscura de la situación que enfrentamos ahora. El enfoque del doctor Post, de aplicarse, devendría en un mero rasgo que complicaría nuestra tragedia nacional, no un remedio a lo que aflige a nuestra presidencia.

Debe cerrársele el paso a la conveniencia, sea “textual” u otra, en tanto premisa para introducir una pretendida solución de corte inflexible a esta crisis constitucional. Como muestro en el transcurso de las páginas siguientes, si hemos de evitar ese peligro que implica para nuestra nación y su posteridad el binomio de Bush y Cheney, ha de aplicarse la intención unificadora subyacente de principio científico de toda la Constitución de los Estados Unidos de América al total de la actual amenaza existencial a la nación, en vez de sólo procurar la destitución de algunos de los elementos de reconocida importancia de la presidencia actual que al presente están defectuosos.

1.	El defecto sistémico de la psicología moderna