4 de diciembre de 2022 — Durante 36 días, entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre, fuerzas fascistas del departamento boliviano de Santa Cruz, convirtieron la capital departamental y sus alrededores, en un auténtico infierno para sus habitantes, en especial para sus sectores indígenas más pobres. Bajo la dirección del gobernador fascista Luis Fernando Camacho (una figura importante en la revolución de color de corte “Maidan” de noviembre de 2019, que derrocó al entonces Presidente Evo Morales) el Comité Cívico Pro-Santa Cruz lanzó una huelga cívica indefinida y violenta, que cerró toda la actividad económica en Santa Cruz de la Sierra, el departamento económicamente más poderoso y poblado, para demandar que el censo nacional planificado para 2024, se adelantara a 2023.

Terminada la huelga, Bolivia había sufrido más de $1.000 millones de dólares en pérdidas y grandes secciones de la ciudad de Santa Cruz habían sido destruidas.

Los líderes de la huelga alegaban que era absolutamente necesario fijar una fecha más temprana para el censo, para determinar cómo se distribuirían los recursos económicos del gobierno federal a Santa Cruz; con este pretexto, juraron continuar su acción hasta que el Presidente Luis Arce cediera a sus demandas. Advirtieron que cualquier ciudadano que no acatara la huelga, que efectivamente cerró la economía, los servicios públicos, transporte y recolección de residuos, sería castigado severamente. Pero el pretexto del censo era totalmente espurio. El 26 de noviembre, cuando terminó la huelga, los líderes de la huelga aceptaron establecer un censo para 2024, mientras cacareaban que habían obtenido una victoria y que habían logrado todos los objetivos de la huelga.

¿Los objetivos de la huelga? En un primer nivel, la intención de la huelga fue desestabilizar el gobierno del Presidente Arce, alegando lisa llanamente que sería posible otra “victoria como la de 2019” (el golpe estilo “Maidan” contra Morales), sacando a Arce del poder o haciendo el país ingobernable mediante huelgas cívicas similares y protestas en masa en todo el país. El aliado de Camacho, Rómulo Calvo, jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, se refiere a Arce como “el dictador”, y alega que llegó a la presidencia en octubre de 2020 por medio del fraude. En agosto de 2021, Calvo advirtió que “tenemos la propuesta de derrocar al dictador”, y que “nunca permitiremos que se olvide el fraude”. El gobernador Camacho, quien hizo una patética exhibición como candidato presidencial en la misma elección, no reconoció jamás la victoria de Arce.

La secesión, el plan de larga data de la casta dominante angloamericana para dividir Bolivia, que promueve la separación de Santa Cruz y tres departamentos del sudeste del país, era claramente el primer punto en la agenda de la huelga. En 2009, la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos (como se conoce en español al organismo National Endowment for Democracy), el Departamento de Estado, y la llamada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) entre otros, intentaron infructuosamente llevar a cabo un golpe separatista contra Morales, que habría hecho que Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, los cuatro departamentos de la “media luna” de Bolivia, llamado así por su geografía, se convirtieran en una nación aparte.

Estas tres agencias están aún empecinadas en balcanizar al país en torno a líneas étnicas. En la conferencia de prensa del 23 de noviembre, Camacho anunció que pronto nombraría a una “comisión de notables” cuya tarea será determinar “las guías políticas, económicas y sociales de la relación de Santa Cruz con el Estado Plurinacional”, es decir, con Bolivia. O sea, la secesión. La lucha por esta relación, dijo, “irá más allá del federalismo y las autonomías del pasado. Esta será la batalla de todas las batallas.”

El modelo ucraniano

Más allá de esto, la huelga fue parte un despliegue geopolítico mayor por parte de las mismas redes de inteligencia angloamericanas que controlan al gobierno de Ucrania dominado por nazis y a su abominable Batallón Azov. Estas redes están presentes en Bolivia desde hace tiempo, y están también activas en Brasil y México, así como en Argentina. Esto se vio en el intento de asesinato del 1º de septiembre contra la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuyo asesino potencial, Fernando Sabag Montiel, estaba tatuado con el mismo símbolo nazi del Sol Negro y las Cruces de Hierro que cubren los cuerpos de los miembros del Batallón Azov en Ucrania.

La elección de Inácio Lula Da Silva en octubre como Presidente de Brasil, puso de nervios a la casta dominante angloamericana, en especial a sus componentes de Londres y Wall Street, ya que genera el potencial de virar la dinámica en Iberoamérica hacia una cooperación regional mayor con China y Rusia, a través de la expansión del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La alianza de Brasil con México y Argentina, que se unirá dentro de poco a los BRICS, es la clave para forjar una correlación de fuerzas en la región, necesaria para establecer la nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que propone Helga Zepp-LaRouche, presidente del Instituto Schiller.

A medida que el sistema financiero transatlántico se desmorona a su alrededor, Londres y Wall Street no puede permitir que esto ocurra. De ahí el despliegue en Brasil y México de tales piezas angloamericanas como Steve Bannon y sus aliados de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), cuya reunión del 18-19 de noviembre en Ciudad de México reunió a los mentados “conservadores cristianos” prominentes radicales del libre comercio de América del Norte y del Sur, incluyendo al fascista Camacho de Bolivia, para definir una campaña regional para “poner freno al comunismo”.

Eso significa que tanto Lula da Silva, como el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), son objetivos para la desestabilización porque amenazan la “democracia”: Lula, el “comunista”, está acusado de haber robado el voto de Jair Bolsonaro, en las elecciones presidenciales del 30 de octubre, a través del uso de máquina electrónicas de votación, y a AMLO se le culpa de fraude electoral planificado usando máquinas de votación electrónicas en las próximas elecciones de México.

Es improbable que las protestas de masas en las calles que están sucediendo en varios estados brasileños, denunciando el supuesto fraude electoral de Lula, impidan que Lula asuma el poder o que le derroquen una vez sea Presidente. Pero con la inestabilidad creada por estas acciones, combinadas con una significativa oposición en el Congreso brasileño y la interferencia extranjera como Bannon y la CPAC, se pretende hacer al país ingobernable y hundirlo en el caos, de tal manera que cualquier alternativa al sistema actual se considerará imposible. Algo similar está planeado contra AMLO en México.

El legado del fascismo boliviano

Dado que están tan directamente conectados a los sucesos en Brasil y al escenario ucraniano más ampliamente, activado en Iberoamérica, los detalles de la infraestructura fascista de Bolivia merecen un mayor examen. Está bien documentado que al menos el 40% de los mayores terratenientes de Santa Cruz son brasileños, en gran parte dedicados a la producción y exportación de soya, y están completamente integrados en las estructuras de liderazgo político y económico del departamento, dominado por sus élites de negocio librecambistas. De acuerdo con el artículo del 14 de noviembre de 2019 en Diálogos del Sur, son también financiadores generosos del Comité Cívico pro Santa Cruz, y estuvieron involucrados a fondo en el golpe de Estado contra Morales en 2019.

Fuentes en Brasil han contado a EIR que estos terratenientes (cuya influencia considerable en la política local de Santa Cruz incluye la idea xenófoba de que las raíces “europeas” del departamento y su pudiente estilo de vida “estadounidense”, justifican la secesión del resto de Bolivia) están ligados a las redes derechistas de Jair Bolsonaro del sur de Brasil, donde históricamente ha existido una importante presencia nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, el estado de Santa Catarina, hoy un bastión de apoyo de Bolsonaro, fue el hogar del mayor partido nazi fuera de Alemania.

Estas son las redes que ofrecieron asilo al autoproclamado “nacionalista cristiano” boliviano-croata, Branko Marinković cuando dejó el país en 2009, después de estar implicado en financiar un plan de asesinato contra Evo Morales. El multimillonario Marinković es un especulador financiero (la mayor parte de su riqueza está escondida en cuentas extraterritoriales en Panamá) cuya familia es sospechosa de haber sido colaboradores del grupo Ustašhe de Hitler, quienes abandonaron Croacia para huir a Bolivia después de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre no solo sirvió como jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, sino también como mentor de Luis Fernando Camacho, cuando este último sirvió como vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en 2022. Camacho “se ganó sus galones” en la organización paramilitar fascista de la UJC.

Durante sus diez años de exilio en Brasil, Marinković hizo una estrecha amistad con el entonces diputado federal Jair Bolsonaro. Retornó a Bolivia en enero de 2020, en medio de rumores de que podría presentarse para Presidente, pero finalmente aceptó el puesto de Ministro de Planificación en el gobierno ilegalmente instalado de Jeanine Añez.

La línea de ratas nazi

EIR ha sabido que los “bolsonaristas” derrotados en el sur de Brasil han estado por la zona marcando los hogares de los miembros del Partido de los Trabajadores (PT), el partido del Presidente electo Lula da Silva, con estrellas rojas, señalándoles para cometer violencia y posibles asesinatos contra ellos. Esta es la misma táctica que utiliza el Batallón Azov y la UJC, fundada en 1957 como una “banda armada del Comité Cívico pro Santa Cruz”, por Carlos Valverde Barbery (1928-2011), un líder de la Falange Socialista Boliviana, inspirada en la Falange fascista española de Francisco Franco.

Valverde Barbery fue un colaborador de Klaus Barbie, el infame jefe de la Gestapo Nazi en Lyon, conocido en Francia como el “Carnicero de Lyon”, debido a sus atrocidades. Este fue llevado a Bolivia en 1950 a través de la “línea de ratas” del director de la CIA Allen Dulles, quien extrajo criminales nazis de Europa para llevarlos a Iberoamérica, dejando de lado sus horribles crímenes porque sus credenciales “anticomunistas” podrían servir mejor a los perversos objetivos de la inteligencia estadounidense en la región.

La CIA protegió a Barbie, conocido como Klaus Altmann, mientras que trabajó para los brutales dictadores bolivianos apoyados por Estados Unidos, Hugo Bánzer y Luis García Meza, utilizando las mismas técnicas de interrogatorio y tortura contra los opositores de esas dictaduras, que había perfeccionado en Francia y en el campo de concentración de Aushwitz. Valverde fue ministro de Salud en el gobierno de Bánzer.

Dada su colaboración con Valverde, y el hecho de que según trascendió, supervisó varias organizaciones paramilitares clandestinas, es probable que Barbie trabajara también con la UJC. De acuerdo a la profesora de la Universidad Towson, Nicole Fabricant, en su artículo, “The Roots of the Right-Wing Coup in Bolivia” (Las raíces del golpe derechista en Bolivia), entre las tácticas de la UJC figura el entrenamiento en armas y el empleo de literatura de brigadas de juventudes nazis para “inculcar a los miembros en el grupo”. Fotografías de los miembros de la UJC les muestran con sus brazos derechos extendidos, haciendo un saludo Sieg heil, vestidos en camisetas con su símbolo de la cruz verde.

De manera que las tácticas empleadas por el Comité Cívico y el grupo paramilitar UJC en la huelga cívica de 36 días, son coherentes con los orígenes nazis de su fundación. Al igual que el Centro para Contrarrestar la Desinformación (CCD) de Ucrania, los líderes del Comité Cívico de Santa Cruz publicaron listas negras de opositores a la huelga, señalándolos para su ejecución, declarándoles persona non grata y “traidores a Santa Cruz”.

El escuadrón racista de la UJC se desplegó durante la huelga con bombas incendiarias caseras, bates de beisbol, machetes, alambre de púas, y otras armas para golpear, fustigar y secuestrar a los miembros de las poblaciones indígenas más pobres (a quienes llamaron “indios de mierda”) que se opusieron a la huelga debido a la dificultades económicas que causó. Los hogares y pequeños negocios fueron reducidos a cenizas o saqueados. Hubo ataques particularmente viciosos contra los indios Ayoreo, incluyendo casos de arrastrar a las mujeres por el cabello.

CPAC y Bannon

En Brasil, los esfuerzos de desestabilización postelectoral se han centrado en protestas callejeras en varios estados para denunciar el supuesto fraude electoral cometido por Lula en las elecciones del 30 de octubre, y para exigir un golpe militar. Más recientemente, las protestas han adquirido un carácter cada vez más violento, adoptando tácticas similares a las utilizadas por la UJC en Bolivia, actuando sólo de noche y utilizando artefactos incendiarios caseros, bates, piedras, cócteles molotov y otras armas.

Se han producido acciones violentas en los estados de Rondonia, Pará, Paraná, Mato Grosso y Santa Catarina, entre otros, y las autoridades policiales y de los gobiernos estatales se disponen a aplicar la ley antiterrorista del gobierno, promulgada originalmente para atacar a la izquierda radical, para procesar a los manifestantes como terroristas.

Una denuncia electoral presentada por el Partido Liberal de Bolsonaro, en la que se pedía al Tribunal Supremo Electoral que invalidara todos los votos emitidos en más de la mitad de las máquinas de votación electrónica utilizadas el 30 de octubre, fue rechazada por el presidente del Tribunal, Alexandre de Moraes, quien dijo que la demanda se había hecho de "mala fe", no aportaba pruebas de fraude y solo pretendía promover "movimientos antidemocráticos y delictivos". Calificó la demanda como "ofensiva para el Estado democrático y de derecho", e impuso al Partido una multa de $4,3 millones de dólares.

Pero la reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) que tuvo lugar en Ciudad de México el 18 y 19 de noviembre proporcionó el apoyo internacional que Bolsonaro busca para reforzar su afirmación de que fue víctima de fraude electoral. En el abanico de oradores de extrema derecha figuraron Steve Bannon y su amigo Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente saliente Bolsonaro, quien fue una de las estrellas del evento. El boliviano Luis Fernando Camacho estaba programado para hablar a través de vídeo, junto con otros partidarios de su levantamiento fascista de Santa Cruz. Desde Argentina asistió Javier Milei, el candidato presidencial libertario neoliberal cercano a Bolsonaro y al corrupto ex presidente argentino Mauricio Macri. También asistieron el ex candidato presidencial chileno vinculado a Pinochet José Antonio Kast, derrotado por Gabriel Boric a principios de este año, y el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei.

Muchos de los oradores habían firmado la llamada Carta de Madrid (En defensa de la libertad y la democracia en la Iberosfera), emitida en octubre de 2020 por el partido español Vox, de tendencia sinarquista, en la que se advierte que "el avance del comunismo es una grave amenaza para la prosperidad y el desarrollo" de nuestros países.

En su discurso, Bannon se hizo eco del otro orador, Ted Cruz, senador republicano estadounidense por el estado fronterizo de Texas, al atacar al presidente mexicano López Obrador, cuyo gobierno ya es objeto de una desestabilización neoconservadora. Advirtió de manera bombástica que AMLO pretende emplear máquinas de voto electrónico en las próximas elecciones de México para cometer un fraude electoral al estilo brasileño, bramando que "la soberanía de México está en riesgo" debido al "populismo y nacionalismo" de AMLO. El acto fue coauspiciado por el Movimiento Viva México, una operación virulenta contra López Obrador, fundada por el ex actor de telenovelas convertido en fundamentalista religioso Eduardo Verástegui.

AMLO le da la vuelta a la tortilla

Pero el 27 de noviembre, AMLO le dio la vuelta a la tortilla a estos desestabilizadores extranjeros cuando movilizó a 1,2 millones de mexicanos para que marcharan con él a la gigantesca plaza central del Zócalo de Ciudad de México, donde presentó un informe sobre los primeros cuatro años de su gobierno. Esta gran concentración, muy festiva, atrajo a delegaciones de todo el país, cada una de las cuales portaba carteles que identificaban a sus regiones y coreaba consignas como "AMLO, no estás solo", "Es un honor estar con Obrador" y "México es mi partido".

Aunque se trata de una poderosa demostración de fuerza, el defecto de la marcha en pro de AMLO, al igual que ocurre con el gobierno argentino de Alberto Fernández y la administración entrante de Lula en Brasil, es la falta de una política de desarrollo económico eficaz que sustituya al actual saqueo de Wall Street y la City de Londres. Sin una perspectiva política tan clara, tales estallidos populares masivos suelen disiparse rápidamente. Teniendo esto en cuenta, el Instituto Schiller también estuvo presente y aprovechó la ocasión para distribuir 2.000 folletos junto a su enorme pancarta en la que se leía: "Ciudadanos del mundo, uníos. ¡Paremos la guerra nuclear! Por un nuevo orden económico mundial: Instituto Schiller".

La movilización masiva a favor de AMLO contrastó fuertemente con la "Marcha por la Democracia" de 60.000 personas celebrada el 13 de noviembre, organizada por la oposición de extrema derecha y celebrada en una zona acomodada de la ciudad para denunciar la "antidemocrática" reforma electoral de AMLO. En su discurso, de hora y media, el Presidente comenzó expresando su alegría por la presencia de tantos jóvenes en la marcha y repasó los esfuerzos de su gobierno, especialmente para "poner a los pobres primero" y acabar con el control de la oligarquía sobre el gobierno. También destacó que la política exterior de México es de

“no intervención, autodeterminación, cooperación para el desarrollo y solución pacífica de las controversias; actuamos con base en la idea de la fraternidad universal”.

AMLO también advirtió implícitamente a la oposición de derechas que se está montando en su contra, incluida la de fuera del país. México, dijo, es hoy un "santuario de la libertad" y del derecho a la libertad de expresión y a disentir. Apenas una semana antes, señaló, "las personalidades más famosas de la ultraderecha mundial celebraron aquí su cumbre", en referencia a la CPAC, "sin ningún obstáculo".

Por supuesto, añadió, "no queremos volver a aplicar el artículo 33 de la Constitución, y no queremos que nadie llame a nadie extranjero pernicioso". Lo que no dijo, pero que todo el mundo sabe, es que el artículo 33 establece que "los extranjeros no podrán participar en modo alguno en los asuntos políticos del país", y otorga al Presidente "la facultad de expulsar del territorio nacional a cualquier extranjero, de acuerdo con la ley y previa audiencia."

 

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